Por Santiago O´Donnell
El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti parece haber elegido una curiosa manera de pedirle al presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, el desplazamiento de su mano derecha. Lorenzetti denunció al Director General de la vocalía del presidente de ese tribunal, Silvio Robles, por “graves faltas éticas” en un expediente administrativo fechado 22 de noviembre que tomó estado público este sábado 2 de diciembre en distintos medios de comunicación.
La denuncia se basa en la filtración conocida como Lago Escondido, que transcribe conversaciones de WathsApp entre Robles y el entonces secretario de Seguridad del gobierno porteño, Marcelo D’Alessandro, las cuales sugieren un tráfico de influencias del funcionario de la Corte. Lorenzetti denunció que Robles mantuvo reuniones unilaterales con quienes tramitan casos en la Corte. “Habría transmitido información interna acerca del estado en el que están los expedientes, los votos que tiene cada uno de ellos y se habría comprometido a acelerar o demorar el procedimiento,” acusó Lorenzetti.
El juez supremo denunciante, agrega que a la gravedad de los hechos denunciados a partir de la filtración se suma a la falta de colaboración de Robles con las distintas investigaciones judiciales que se dispararon tras el escándalo causado por la publicación de los chats de D’Alessandro. «(Robles) se ha negado a presentar su teléfono para que sea peritado y a dar cualquier tipo de explicación. Y, además de negarse, ha reducido todo tipo de recursos para evitar ser investigado. Aunque pueda objetar la legalidad del requerimiento, un funcionario de la Corte Suprema debería haber ofrecido otras vías para definir su situación».
El presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti y su mano derecha, Silvio Robles.
Curiosamente, la denuncia de Lorenzetti no aparece en un comunicado de la Corte Suprema, ni en las redes sociales del juez o de su habitual vocera. Lorenzetti se expresó en un expediente administrativo de la Corte y por lo tanto reservado, al que el público en general y los medios solo podrían acceder a través de una respuesta positiva a un pedido de acceso a la información. Sin embargo ninguno de los medios que publicó la noticia nombra a su fuente ni da cuenta de haber hecho ningún pedido formal y escrito de esa información». Es más, uno de los primeros periodistas en publicar la denuncia de Lorenzetti confirmó a este cronista que no hizo falta ningún trámite formal para hacerse de una copia de la denuncia.
En otras palabras, la denuncia del miembro del máximo tribunal se habría filtrado desde adentro de la Corte Suprema. Claro, no sería la primera vez que se filtre información de esa Corte o de cualquier organismo poderoso, pero en este caso se trata de la filtración de una filtración.
Lorenzetti aclara en su denuncia a Robles que su acusación no está basada únicamente en la filtración de Lago Escondido, a la que tacha de “ilegal”. Pero a su vez marca una virtud que suelen tener las filtraciones: una vez que se conoce la información es posible corroborarla de manera independiente en un proceso administrativo o judicial. “Hay numerosos testigos, dentro y fuera de esta Corte que deberán ser citados a declarar en el período de prueba, una vez que se ordene la instrucción del sumario” señala el denunciante, para luego proponer una serie de medidas preliminares, incluyendo el traslado de Robles a otra función alejada del Alto Tribunal: “es necesario el desplazamiento de Robles, dado que el funcionario, invocando la representación de tres ministros de la Corte, puede intentar ejercer influencia sobre las declaraciones y el proceso en general”.
Llama la atención que desde la Corte Suprema se filtre información acerca de otra filtración que Lorenzetti considera “ilegal”, pero que a la vez fue crucial para exponer las presunciones que el propio juez denuncia en la nueva filtración. Por un lado es un avance en materia de acceso a la información que un juez de la Corte Suprema argentina se valga de una filtración de un chat cerrado para denunciar a otro funcionario judicial expuesto en presuntos delitos. Vale señalar que la Constitución nacional, a partir de la incorporación del pacto de Costa Rica en 1994, garantiza el acceso a la información de interés público. Esa protección constitucional debería tomar precedente sobre leyes locales y ordenanzas sobre delitos informáticos y protección de datos cuando se trata de presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos. Por eso es al menos cuestionable que el propio Lorenzetti trate de “ilegal” a la filtración de Lago Escondido. Sobre todo cuando la denuncia del propio magistrado se hizo pública a través de otra filtración, muy cerca de él, de un documento reservado de la Corte Suprema, filtración cuya legalidad Lorenzetti no ha cuestionado.
Estas aparentes contradicciones se van haciendo más frecuentes a medida que las filtraciones ganan cada vez más protagonismo en el mundo del periodismo bien entendido, que consiste en revelar los secretos del poder.
Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema.
En un fallo reciente la Corte Suprema de Brasil citó extractos de la filtración conocida como Moroleaks, nada menos que en su sentencia exculpatoria del presidente Lula. Se trata de chats de un grupo cerrado de Telegram integrado por el juez y los fiscales del caso Lava Jato por el que fue preso Lula. Los chats demostraron que el juez y los fiscales se habían confabulado para encarcelar al líder del Partido de los Trabajadores a pesar de una evidente falta de pruebas en su contra. Lo contradictorio en este caso es que los hackers que accedieron a los chats del juez y los fiscales brasileños fueron detenidos y están siendo juzgados por delitos informáticos. O sea, las personas que accedieron a la información que ayudó a liberar a Lula en quizás la causa judicial más importante de la historia moderna de Brasil, están siendo perseguidos por la justicia por haber accedido a dicha valiosísima información de evidente interés público.
En el caso de Lago Escondido pasó algo similar: el hacker fue detenido y procesado pero los presuntos autores de los delitos que los chats revelan quedaron impunes. Los ampara que uno de los jueces que aparecen en los chats, Sebastián Ramos, quedó a cargo de la causa que aglutina a todas las denuncias, y por ahora no parece muy interesado en hacerla avanzar.
Pero Lorenzetti pateó el tablero. Al menos en lo que respecta a principal asesor de su principal rival en la Corte Suprema. Queda pendiente la investigación de jueces y funcionarios que aparecen en los chats como involucrados en distintos casos de dádivas, encubrimientos, prevaricato, coimas y comportamientos incompatibles con la función pública. La conducta de Robles causó “un enorme daño a la credibilidad y la noción de imparcialidad de que una de las partes en un proceso judicial puede tener acceso a información privilegiada y a la elaboración de una sentencia. Nada similar ha ocurrido en toda la historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,” dice el supremo en su denuncia.
Si no se hubieran filtrado primero los chats de DÁlessandro y después la denuncia de Lorenzetti, nunca nos hubiéramos enterado.
