“Un denunciante presentó un nuevo y explosivo tesoro de documentos, que rivaliza o supera a los Archivos de Twitter y Facebook en escala e importancia”, así presentó el periodista estadounidense Michael Shellenberger su más reciente investigación: los archivos de CTIL, escrito con otros dos colegas.
Matt Taibbi, periodista independiente y autor de Twitter Files; Michael Shellenberger, periodista independiente, autor y ecologista de Twitter Files; y la periodista Alex Gutentag, son los autores del extenso trabajo de investigación.
Descubrieron cómo el CTIL, inicialmente presentado como un grupo de voluntarios, estaba vinculado a agencias gubernamentales en Estados Unidos y el Reino Unido.
De acuerdo con un extenso reportaje, a pesar de que muchos medios y periodistas se esfuerzan por desacreditar los informes de que los gobiernos occidentales no forman parte del denominado “Complejo Industrial de Censura”, un denunciante mostró una serie de documentos que confirman la existencia de un grupo de “antidesinformación” llamado Liga de Inteligencia contra Ciberamenazas (CTIL, por sus siglas en inglés).
Las investigaciones confirmaron el papel de CTIL en la configuración de narrativas y la supresión de información, lo que impactó en eventos importantes como la elección de Donald Trump y el Brexit.
Los hallazgos destacan la amplia colaboración entre el gobierno, los medios y los sectores privados en el control del discurso y la información en línea.
De acuerdo con los documentos publicados, diversas agencias de los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido crearon un complejo plan de censura masivo en 2018 para desacreditar narrativas de opinión que molestaban al discurso oficial y así evitar movimientos políticos icónicos como la victoria de Donald Trump en 2016 o la aprobación del Brexit.
De acuerdo con Shellenberger, el denunciante describió las actividades de la CTIL que comenzó, en primera instancia, como un proyecto voluntario de científicos de datos y veteranos de defensa e inteligencia, pero después fue absorbido por proyectos oficiales de diversas agencias del Gobierno federal, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Los documentos de la CTIL ofrecen el eslabón perdido para responder a las preguntas clave no abordadas en los Archivos Twitter y los Archivos Facebook. Combinados, ofrecen una imagen completa del nacimiento del sector de la ‘antidesinformación’, o lo que hemos denominado el Complejo Industrial de Censura”, explicó Shellenberger en la red social X (Twitter).
CTIL Files #1: US And UK Military Contractors Created Sweeping Plan For Global Censorship In 2018, New Documents Show
Whistleblower makes trove of new documents available to Public and Racket, showing the birth of the Censorship Industrial Complex in reaction to Brexit and Trump… pic.twitter.com/upfhL2ES05
— Michael Shellenberger (@shellenberger) November 28, 2023
Los documentos revelados por el denunciante, cuya validez fue verificada por los periodistas mediante un exhaustivo proceso de intercambio de información, arrojan luz sobre un asunto hasta ahora no reportado: cómo se ideó la existencia del Complejo Industrial de Censura, que luego involucró a una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales, medios y propias agencias del Gobierno de Estados Unidos que participaron en un proceso masivo de censura contra comentaristas conservadores en redes sociales como Twitter (ahora X) y Facebook.
De acuerdo con el reportaje, en 2019, contratistas militares y de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido dirigidos por una exinvestigadora de defensa británica, Sara-Jayne «SJ» Terp, desarrollaron el marco de censura de la CTIL.
Dichos contratistas codirigieron CTIL, que se asoció con la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Información (CISA) del DHS en 2020, una de las agencias que más impulsó la censura en redes sociales contra comentaristas conservadores, según el trabajo de investigación.
Los documentos mostrados por el denunciante describen, entre otras situaciones, cómo se desarrollaron los programas de censura digital y el involucramiento de los sectores militares e inteligencias de Estados Unidos y Reino Unido.
También explican que este tipo de actividades de censura en el extranjero normalmente son realizadas por la CIA, el Departamento de Defensa y el NSA, sin embargo en Estados Unidos, contra los nativos, las mismas deben realizarse a través de socios privados porque el propio Gobierno no tiene la autoridad legal para completar estos esfuerzos por su cuenta.
“El marco CTIL y el modelo público-privado son las semillas de lo que tanto Estados Unidos como Reino Unido pondrían en marcha en 2020 y 2021, incluyendo el enmascaramiento de la censura dentro de las instituciones de ciberseguridad y las agendas de lucha contra la desinformación; un fuerte enfoque en detener las narrativas desfavorecidas, no solo los hechos erróneos; y presionar a las plataformas de medios sociales para que retiren información o tomen otras medidas para evitar que el contenido se vuelva viral”, se lee en el reportaje de los periodistas.
El trabajo explica que, por ejemplo, en 2020 la CTIL empezó a atacar las narrativas contra los confinamientos del COVID-19. Narrativas como “todos los trabajos son esenciales” o “abre América ahora” eran perseguidas por este grupo “antidesinformación” a través de un canal de denuncia de contenidos.
Asimismo, este mismo grupo investigó a usuarios particulares que publicadas etiquetas como #FreeCA y también creó documentos que incluían detalles como biografías en la red social X (antes Twitter).
“La estrategia de ‘desinformación’ de CTIL iba mucho más allá de la censura. Los documentos muestran que el grupo participó en operaciones ofensivas para influir en la opinión pública, discutiendo formas de promover ‘contramensajes’, cooptar hashtags, diluir mensajes desfavorables, crear cuentas de títeres e infiltrarse en grupos privados a los que sólo se puede acceder por invitación”, explican los investigadores, quienes anunciaron que, en los próximos días, iban a exponer los documentos entregados por el denunciante al mismo tiempo que protegen su identidad y también de los empleados que no sean de alto perfil.
Los periodistas independientes también prometieron que entregarían los documentos a los investigadores del Congreso.
