Por Guillermo Collini
El informático sueco y ciberactivista por los derechos digitales, está viviendo un proceso judicial plagado de irregularidades desde hace casi cinco años, donde también denuncia seguimientos por parte de policías encubiertos.
Ola Bini es un desarrollador, programador, diseñador de lenguajes de computación y experto en encriptación de información, que también brega por el derecho a la privacidad y la seguridad digital.
En abril de 2019 fue detenido en el aeropuerto de Ecuador, cuando se disponía a viajar a Japón, acusado de un supuesto ingreso sin autorización al sistema estatal de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que la Justicia aún no logró probar.
Por este motivo, el sueco estuvo 70 días con prisión preventiva en una cárcel de Quito hasta que, mediante un hábeas corpus, logró recuperar su libertad en tanto continuara el proceso. Mientras tanto, sigue pesando sobre él una prohibición de abandonar el país.
En 2023 si bien el tribunal dictaminó archivar la causa en su contra, la fiscalía decidió apelar y seguir adelante con el caso, que en abril cumplirá cinco años.
La detención del informático se dio horas después de que el ahora expresidente ecuatoriano, Lenin Moreno, le quitara el asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, (que le había otorgado su predecesor Rafael Correa), lo expulsara de la embajada ecuatoriana en Londres y fuera trasladado a una prisión británica, en la que aún se encuentra detenido.
El propio Moreno había acusado a Bini: “Es una persona a la que se le ha sorprendido haciendo hackeo de cuentas de Gobierno, de cuentas personales y hackeando teléfonos”, dijo.
Así como también su ministra del Interior, María Paula Romo, había asegurado que el informático era una pieza clave de Wikileaks, por su amistad con Assange, y lo culpó de estar “colaborando con los intentos de desestabilización en contra del Gobierno”.
Un proceso irregular desde el comienzo
Luego de la liberación de Ola Bini, en 2019, Amnistía Internacional aseguró haber registrado violaciones de derechos humanos e interferencia indebida del Gobierno, dadas las declaraciones del presidente Lenín Moreno y la ministra Romo, por acusar públicamente al ciberactivista sin pruebas que los respalden.
“El caso de Ola Bini muestra una grave contradicción en el sistema penal ecuatoriano. Con frecuencia, los ataques contra personas defensoras de derechos humanos permanecen impunes, mientras que las acusaciones infundadas contra ellas sí son investigadas inmediatamente”, dijo Fernanda Doz Costa, directora adjunta para las Américas del organismo.
Las palabras de Bini
En una entrevista recientemente realizada por la agencia EFE, el sueco se refirió a la situación con la Justicia ecuatoriana que vive desde 2019: “Es muy frustrante todo este proceso. Ha sido frustrante por mucho tiempo y todavía no veo el fin”(…) “Ya tienen opinión sobre mi caso. Entonces, no espero un juicio objetivo o sin conflicto de intereses, y eso es lo que te genera más incertidumbre: no saber cuándo va a terminar todo esto”, se lamentó..
En 2023 fue absuelto, pero la fiscalía apeló y es el mismo tribunal que en 2019 le negó la excarcelación el encargado de definir su futuro. “Los tres jueces que negaron mi apelación y me mantuvieron en prisión son los mismos que van a escuchar la apelación mañana. Uno está bajo investigación por la Fiscalía”, escribió en su cuenta de X, previamente a la audiencia del pasado 4 de marzo, que finalmente se suspendió por problemas técnicos y ante la falta de un traductor de sueco.
El seguimiento policial
En la misma entrevista, Bini denunció seguimiento encubierto policial: “No entiendo para qué me vigilan de esta manera. No entiendo si esto es algo que hacen con cualquier (procesado) después de cinco años de proceso judicial y después de que hayan declarado mi inocencia”, dijo.
Con información de Agencia EFE, CNN y Amnistía Internacional.
