Por Guillermo Collini-
El periodista australiano y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, lleva cinco años detenido en Belmarsh, prisión británica de máxima seguridad, mientras la Justicia de ese país define si habilita o no su extradición a los Estados Unidos, donde podría tener una condena a 175 años de cárcel o incluso la pena de muerte.
El pasado 11 de abril, se cumplió el quinto año del calvario de Assange, cuyo único delito fue haber difundido documentos del Pentágono que revelaban el asesinato de civiles por parte de las fuerzas armadas estadounidenses y otros crímenes de guerra.
Esa tarea periodística lo llevó, primero, a solicitar asilo político en la embajada de Ecuador en Londres, donde pasó siete años confinado en una pequeña habitación, hasta que el expresidente Lenin Moreno le quitó el asilo y lo entregó a la policía británica.
Sobre el fundador de WikiLeaks pesan un total de 18 cargos, pero los que más se enmarcan como persecutorios de la libertad de prensa, son los que se basan en la Ley de Espionaje de los Estados Unidos, que se utilizaba en tiempos de guerra y que nada tiene que ver con un periodista en el legítimo ejercicio de su profesión. Por esto podría ser condenado a prisión de por vida o incluso a la pena de muerte.
En una entrevista con Filtra Leaks, Aitor Martínez, abogado defensor de Assange se manifestó sobre esta posibilidad: “Ahora mismo estamos discutiendo si se podría o no aplicar la pena de muerte a un periodista cuyo delito habría sido simplemente publicar información veraz proveniente de fuentes de información de interés público, que además acredita la comisión de crímenes de guerra. No es sólo un derecho del periodista publicar esa información, sino que es un deber porque así lo recogen los tratados internacionales que obligan a la persecución de esos delitos”.
Aitor Martínez, abogado defensor de Assange.
Assange, no sólo se enfrenta ante un sistema que lo acusa de crímenes que no cometió, intentando desacreditar su labor profesional y poniéndolo como ejemplo de lo que sucede cuando se busca la verdad sobre el poder, sino que también se encuentra sometido a un proceso plagado de irregularidades.
Sólo por mencionar algunas, Martínez señaló que, “Hay una afectación al principio de proporcionalidad. Dado que, un periodista está enfrentando una pena potencial de 175 años de cárcel, simplemente por publicar información veraz”.
También hizo referencia a que, “Cuando Julian Assange fue arrestado en 2019 en la embajada de Ecuador en Londres, simplemente pesaba contra él un cargo de intromisión en computadoras, cuya pena máxima es de cinco años, pero inmediatamente se activaron 17 cargos más, los cuales se encuentran bajo la Ley de Espionaje y ante los que no tuvo un tiempo razonable para preparar su defensa”.
Su abogado también alertó sobre el dictamen del relator contra la tortura de la ONU, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo, donde mencionaba que “Assange se encontraba sometido a una situación de tortura desde hacía más de una década y que sus condiciones de salud física y psicológica estaban marcadamente mermadas. Por lo tanto no podía enfrentar ningún proceso extradicional, menos un proceso penal, y desde luego no podría ser ingresado a una prisión de máxima seguridad porque podría incluso morir o cometer suicidio”.
Como si esto fuera poco, el periodista australiano fue espiado durante su estadía en la embajada de Ecuador, al igual que las conversaciones que tuvo con sus abogados defensores, y también se supo mediante una investigación periodística basada en fuentes de la propia CIA, que la administración Trump estaba barajando la posibilidad de asesinarlo.
Según nos contó Martínez: “Estas fuentes hablaron abiertamente de un conjunto de medidas muy amplio, todas por supuesto invasivas a los derechos de Julian Assange y de las personas asociadas a él, pero entre ellas destacaron que dentro de la CIA se dispuso también un plan para asesinarlo dentro de la embajada a través de diversas fórmulas, incluso el envenenamiento”.
Stella Moris, esposa de Assange, junto a sus hijos. Ella es una pieza fundamental en la campaña para la liberación de Julian.
La declaración de Amnistía Internacional
El 11 de abril, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, alertó sobre la posibilidad de su extradición de Assange y pidió por su liberación.:
“En caso de ser extraditado a Estados Unidos, Assange correrá el riesgo se sufrir graves abusos, entre ellos el de ser recluido en régimen de aislamiento prolongado, práctica que violaría la prohibición de la tortura y otros malos tratos. Las dudosas garantías diplomáticas ofrecidas por Estados Unidos en cuanto al trato que recibirá, no valen más que el papel en el que están escritas, entre otras razones porque no son jurídicamente vinculantes y están plagadas de lagunas jurídicas.”
“Se pretende actuar contra Assange por actividades qreue son fundamentales para todas las personas que ejercen el periodismo y la edición, que con frecuencia reciben información gubernamental confidencial de fuentes externas. Wikileaks publicó información sobre muertes de civiles y presuntos crímenes de guerra. La ciudadanía tiene derecho a saber si su gobierno infringe el derecho internacional. Las autoridades de Estados Unidos están preparando el terreno para sentar un precedente nefasto para la libertad de los medios de comunicación en el mundo si Assange es extraditado. Estados Unidos debe retirar todos los cargos contra Assange, lo que permitirá su liberación sin demora de la custodia estatal de Reino Unido.”
Con información de Amnistía Internacional.
