Entrevista exclusiva con Aitor Martínez, abogado de Julian Assange

Por Guillermo Collini-

Aitor Martínez es abogado y miembro del equipo de defensa de Julian Assange, encabezado por el exjuez español Baltazar Garzón. Horas antes de la última audiencia ante la Corte Suprema del Reino Unido por la extradición del periodista, el letrado habló con FL sobre las irregularidades del proceso judicial, el estado de salud del fundador de WikiLeaks, la causa por espionaje en los tiempos de su asilo en la embajada de Ecuador en Londres y de los planes de la CIA para asesinarlo.

-Desde el punto de vista estrictamente procesal ¿Cuáles consideras que son las principales anomalías o parcialidades que se pueden ver en este juicio de extradición?  

 –El caso está plagado de irregularidades desde su comienzo. Si tuviéramos que destacar sólo algunas, podríamos señalar que se trata de un proceso extradicional que no cuenta con el principio básico de doble incriminación. Es decir que, la labor periodística de recopilar información proveniente de fuentes anónimas y legítimas, publicarla cuando es de interés público y máxime cuando acredita la comisión de crímenes de guerra jamás puede ser tipificada como un delito. Esto no se cumple ni en la legislación británica, donde no existe un tipo penal para perseguir a un periodista por publicar información veraz, ni tampoco en la de Estados Unidos, donde la Primera Enmienda protege la libertad de prensa y existen reconocidos precedentes como el caso Watergate o los Papeles del Pentágono, donde los periodistas fueron protegidos en relación a la libertad de prensa, cuando publicaron información proveniente de sus fuentes.                                                       

En el caso de los papeles del Pentágono, la información también provenía de la seguridad nacional y acreditaba que a la ciudadanía norteamericana se le había engañado sobre la guerra de Vietnam.

De igual forma hay una afectación al principio de proporcionalidad. Dado que, un periodista está enfrentando una pena potencial de 175 años de cárcel, simplemente por publicar información veraz.         

Podríamos igualmente resaltar el hecho de que, cuando Julian Assange fue arrestado en 2019 en la embajada de Ecuador en Londres, simplemente pesaba contra él un cargo de intromisión en computadoras, cuya pena máxima es de cinco años, pero inmediatamente se activaron 17 cargos más, los cuales se encuentran bajo la Ley de Espionaje y ante los que no tuvo un tiempo razonable para preparar su defensa.                              

Podríamos invocar también, el hecho de que el relator de la ONU contra la Tortura que le visitó en la prisión de Belmarsh, junto a dos médicos especializados, dictaminó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que Assange se encontraba sometido a una situación de tortura desde hacía más de una década y que sus condiciones de salud física y psicológica estaban marcadamente mermadas. Por lo tanto no podía enfrentar ningún proceso extradicional, menos un proceso penal, y desde luego no podría ser ingresado a una prisión de máxima seguridad porque podría incluso morir o cometer suicidio.

También podríamos resaltar el hecho de que se está investigando en la Justicia española el rol que jugó la empresa que proveía seguridad a la Embajada de Ecuador en Londres y que, presuntamente, podría haber estado desarrollando diversas estrategias de espionaje dentro de la embajada para remitir esa información a la CIA en Estados Unidos. 

En una reciente publicación por parte de varios periodistas norteamericanos para Yahoo News, se acreditó con varias fuentes de la CIA como el ex jefe de contrainteligencia, William Evanina, que efectivamente la central de inteligencia tenía acceso a lo que sucedía dentro de la embajada. Por lo tanto las reuniones que Julian con sus abogados tampoco habían estado protegidas por la confidencialidad que merece la relación abogado-cliente.

-Teniendo en cuenta la situación de detención de Assange, ¿cuáles son los derechos y garantías que se están violando? ¿Cuál es hoy su estado de salud?

-Cuando Assange fue detenido en la embajada de Ecuador, debido a su delicado estado de salud, se solicitó que fuera ingresado en un centro hospitalario. Sin embargo las autoridades británicas dispusieron encerrarlo en una prisión de máxima seguridad.                                                                                  

Esto fue luego de haber residido en un minúsculo piso de la capital británica, sin acceso a la luz solar, al aire fresco y sometido a una absoluta incomunicación por la administración del presidente ecuatoriano Lenin Moreno.   

Este delicado estado de salud psicológica y física que ya tenía cuando fue detenido, se agravó radicalmente al someterlo al régimen penitenciario de máxima seguridad, que lo mantuvo todavía más aislado.                                                         

Al principio, el poco tiempo que se le permitía salir al patio junto con el resto de los reclusos generaba cierto revuelo por ser una persona marcadamente conocida, y una de las medidas que dispuso el centro penitenciario fue que saliera al patio cuando no se encontraban otros reclusos. 

Cuando llegó la pandemia de Covid, quedó aislado en una celda de esa prisión por aproximadamente 23 horas y media al día. Por lo que su capacidad de comunicación con el exterior ha estado muy restringida. 

Durante la primera vista de extradición, ante la jueza Vanessa Baraitser, Assange atendió esta detrás de un cristal sin tener la capacidad de interactuar con sus abogados. Una medida que ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.                                                                                                   

En relación a su estado de salud, al margen de los informes del relator de la ONU y de otros informes médicos también muy contundentes que se han presentado en el proceso, los que llevamos viendo a Julian durante más de una década porque formamos parte de su equipo de defensa, notamos un deterioro paulatino evidente, tanto desde el punto de vista físico como psicológico.

En una vista ante la High Court (Corte Suprema), Assange participó a través de videoconferencia desde Belmarsh y se encontraba en una habitación cuando repentinamente se desmayó, cayó fulminado encima de la mesa. Después nos enteramos de que había tenido un pequeño infarto cerebral. 

-En una de las audiencias, el tribunal le preguntó al representante del Ejecutivo Británico si había algo que impidiera una acusación de pena de muerte sobre Assange una vez en suelo estadounidense. ¿Esto es correcto?

-Lo que preguntó el tribunal al representante del Ejecutivo, fue que si una vez Julian Assange se encontrara en Estados Unidos podría recibir algún nuevo cargo (dentro de la Ley de Espionaje) y sí podría registrar la pena de muerte. Y la respuesta fue que eso podía suceder.

En el caso Assange se han superado muchas líneas rojas. Ahora mismo estamos discutiendo si se podría o no aplicar la pena de muerte a un periodista cuyo delito habría sido simplemente publicar información veraz proveniente de fuentes información de interés público, que además acredita la comisión de crímenes de guerra. No es sólo un derecho del periodista publicar esa información, sino que es un deber porque así lo recogen los tratados internacionales que obligan a la persecución de esos delitos.

-¿Tuvieron algún avance las causas contra la CIA y la empresa de seguridad española por el espionaje a Assange en la embajada?

-Existen dos causas, una penal en jurisdicción española contra la empresa que proveía seguridad a la Embajada y su dueño, por presuntamente haber puesto cámaras con micrófonos ocultos, introducido micrófonos en los extintores, fotografiar visados y sellos de las visitas y haber accedido a los dispositivos de las personas dentro de la embajada.

Esa causa cuenta con múltiples evidencias, pero hay dos jurisdicciones que no están cooperando. La primera es Estados Unidos, que todavía no ha respondido a las comisiones rogatorias que se le han remitido, para que identifique la titularidad de las direcciones IP que presuntamente accedían al servidor para recopilar esa información, o para que se permita interrogar a ciertas personas que se encuentran en Estados Unidos y estarían vinculadas con los hechos.    

También encontramos la negativa de la jurisdicción británica a colaborar, para permitir la toma de declaración en calidad de víctimas de los abogados actuales de Julian en el proceso de extradición en Reino Unido. Eso podría evidenciar que fueron espiados por Estados Unidos.    

Yo mismo iba a declarar como testigo durante la extradición, para responder a las preguntas de la defensa de Estados Unidos en relación a esta causa y, llamativamente, denegaron mi interrogatorio. Dijeron que no querían interrogar en nada que tuviera que ver con esa causa en España y con el presunto espionaje de la CIA.   

Hay una segunda causa civil en suelo norteamericano, que deriva de una demanda de abogados y periodistas americanos que visitaban a Julian en la Embajada. Presentaron esa acción contra la CIA y la empresa de seguridad, alegando que la inteligencia norteamericana en el extranjero no puede espiar a ciudadanos norteamericanos. La demanda fue admitida en un juzgado de Nueva York y, actualmente, las partes que demandaron a la CIA solicitarán eventualmente un proceso de discovery para que se les ponga a disposición las evidencias sobre esa operación.

-En cuanto a los presuntos planes de la CIA para asesinar a Assange en la embajada, ¿hay una causa abierta? ¿Se está utilizando como herramienta dentro del juicio de extradición?     

–La causa se investiga en España y hay varios testigos protegidos, ex trabajadores de la empresa de seguridad, que declararon que en algún momento se especuló con la posibilidad de envenenar a Julian o dejar la puerta abierta para que fuera secuestrado. 

También declararon en el proceso de extradición, aunque la Fiscalía británica en defensa de los intereses de EEUU negó el interrogatorio, porque no quería abordar en el proceso de extradición británico nada que tuviera que ver con la causa española. 

Estas declaraciones de alguna forma han sido refrendadas con la publicación realizada en Estados Unidos por parte de estos periodistas norteamericanos, entre ellos Mike Isikoff para Yahoo News, después de haber accedido a múltiples fuentes internas de la CIA como el ex jefe de contrainteligencia William Evanina, quien relató con lujo de detalles todas las medidas dispuestas contra WikiLeaks.

Ese artículo relata que cuando tomó posesión como director de la CIA, Mike Pompeo, en su primer discurso público en Washington, se centró en la organización WikiLeaks con aquella famosa frase: «WikiLeaks es un servicio de inteligencia hostil». 

Aquello que pareció en su momento una excentricidad del director de la CIA, estas fuentes declararon que tenía por finalidad describir a WikiLeaks como una agencia de inteligencia extranjera para que pasara a formar parte de la competencia de los órganos de contrainteligencia y no de la inteligencia. Esto porque las acciones de inteligencia en el exterior están sometidas al control de un comité legislativo de Estados Unidos. Sin embargo las medidas que dispone la contrainteligencia, al ser amenazas en su territorio, no necesitan de esos controles. 

Estas fuentes hablaron abiertamente de un conjunto de medidas muy amplio, todas por supuesto invasivas a los derechos de Julian Assange y de las personas asociadas a él, pero entre ellas destacaron que dentro de la CIA se dispuso también un plan para asesinarlo dentro de la embajada a través de diversas fórmulas, incluso el envenenamiento. 

Ese plan llegó a salir de la sede de la CIA y se presentó en la Casa Blanca, relataron estos periodistas. Fueron los abogados de la Casa Blanca los que pararon esa propuesta y evidentemente se alarmaron de que se hubiera podido proyectar la ejecución extrajudicial de un periodista en territorio europeo.

-¿Qué esperan ustedes como defensa en el caso de un fallo favorable y qué pasaría si se concediera la extradición?

–Si el fallo fuese favorable significaría que al menos uno, varios o todos los puntos de apelación propuestos se admiten, por lo que se tendría que celebrar una siguiente vista sobre el fondo de esos puntos. Pero consideramos que se deben admitir todos los puntos o al menos algunos y que continúe la extradición. 

Sin embargo, si se denegaran todos y ninguno se quisiera debatir, entonces se habría puesto fin a la extradición en el  Reino Unido. En ese caso indiscutiblemente se presentaría inmediatamente una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que iría acompañada también de una medida cautelar para que se le indique al Reino Unido que no puede proceder a la entrega hasta que ese tribunal no resuelva el fondo de esa demanda.