Más de 1.600 archivos de la última dictadura que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985 fueron publicados en internet de forma anónima, lo que llevó al Ministerio de Defensa a iniciar una investigación y a presentar una denuncia ante la Justicia, según reveló el Gobierno.
«Este material es una parte de los Archivos del Terror de Uruguay que se divulgan en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1973. Estos archivos fueron elaborados por las fuerzas policiales y militares a partir de la década de 1960 e incluyen el período de la dictadura cívico militar», afirma un comunicado de los responsables de la divulgación de los documentos, un total de 1.602, que fueron publicados en el sitio web Internet Archive.
El texto agrega que el espionaje «continuó luego de recuperada la democracia, contando con la complicidad política de los gobiernos, al menos hasta 2004».
«Estos archivos contienen la información que los servicios represivos decidieron elaborar y preservar, mientras que muchos otros documentos han desaparecido o aún no han sido encontrados», afirma la nota.
El presidente Luis Lacalle Pou dijo que el ministro de Defensa, Javier García, le había informado del inicio de una investigación.
La divulgación se da en medio del debate por la intención del Ejecutivo de abrir los archivos de la dictadura, iniciativa que trasladó al Congreso en un proyecto.
El texto propone la creación de una sección en el Archivo General de la Nación destinada a «reunir, organizar y conservar los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos».
Se trata de más de un centenar de documentos de los servicios de inteligencia, de la Justicia militar y de las Fuerzas Conjuntas (militares y policías) de la dictadura, que persiguió, encarceló y asesinó a opositores.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos estiman en unos 200 los desaparecidos, además de numerosos casos de detenciones arbitrarias y torturas.
La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y la asociación de expresos políticos Crysol se expresaron a favor de divulgar archivos, pero resaltaron la importancia de garantizar la privacidad e identidad de las víctimas.
«El ministro de Defensa me informó hace un ratito que inició una investigación. Lo que sí es sorpresivo es que el 18 de mayo el gobierno presentó un proyecto de ley para que se habiliten y se conozcan por toda la ciudadanía todos esos acontecimientos que de alguna manera están archivados. Lo que hablábamos recién con el ministro García es que aun antes de aprobarse el proyecto de ley, ya está generando resultados sorpresivos», remarcó Lacalle Pou.
El mandatario expresó su deseo de que “se pueda identificar, bajo la denuncia que ya hizo el ministro, de dónde surge esta información».
«Son miles de archivos y fojas, o sea que no es alguien que lo hace de un día para el otro», agregó Lacalle Pou.
El ministro García, por su parte, llamó la atención sobre el hecho de que cuando el Gobierno presentó un proyecto de ley sobre el tema, “aparecen partes a la luz”.
“El primer razonamiento es qué importante que fue hacer ese movimiento para que esto tuviera luz pública. Hubo una manipulación y no sabemos su origen, por lo que radicamos una denuncia en la Fiscalía de Corte para saber si esos documentos pueden favorecer las investigaciones», explicó García, según el sitio del diario El Observador.
El jefe de Defensa expresó que resulta clave que “se conozca la veracidad de los documentos” e insistió en “lo acertado por el gobierno” en su intención con el proyecto.
“Apenas anunciamos esta voluntad se puso peros, que podía ser perjudicial. Todo aquello que tenía oscuridad en pocas horas tuvo luz pública», señaló.
Según El Observador, desde el 18 de abril se publicaron 1.602 archivos, cada uno correspondiente a un rollo de microfilms con cientos de documentos diversos.
Entre la información abierta aparecen fichas de detenidos y de supuestos colaboradores, seguimientos a periodistas, sumarios a funcionarios públicos, persecuciones políticas a docentes y casos de corrupción.
En el comunicado, los divulgadores anónimos dijeron que excluyeron los archivos que reproducían interrogatorios bajo tortura.
