Por Scilla Alecci *
Desde la India hasta Alemania, Perú, el Reino Unido y más allá, dos años después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicara los Pandora Papers, las autoridades de todo el mundo continúan investigando, procesando y legislando contra los evasores de impuestos, el lavado de dinero y los profesionales de guante blanco que les prestan servicios.
La investigación de los Pandora Papers de 2021 fue la investigación más grande en la historia del periodismo. Liderado por el ICIJ, un equipo transfronterizo de más de 600 reporteros rastreó una filtración de 11,9 millones de documentos de 14 proveedores de servicios extraterritoriales que se especializaban en establecer empresas fantasma en paraísos fiscales y jurisdicciones secretas. Los archivos detallaban los negocios financieros y los activos ocultos de políticos, celebridades, empresarios y delincuentes en más de 100 países.
Sobre los hallazgos de Pandora Papers del ICIJ y sus socios de medios en 117 países
En Francia, la fiscalía financiera dijo a Le Monde que la agencia había solicitado asistencia internacional para continuar la investigación sobre el ex primer ministro checo Andrej Babis y su adquisición de una villa de lujo de 22 millones de dólares en Mougins, cerca de Cannes. El ICIJ y sus socios descubrieron que Babis, un multimillonario, había utilizado una red de empresas fantasma en jurisdicciones extraterritoriales para comprar en secreto la propiedad y no declaró la tenencia de la propiedad como exige legalmente a los políticos. Babis, que perdió las elecciones nacionales tras las revelaciones, negó haber actuado mal.
Las autoridades peruanas iniciaron una investigación sobre tres miembros del grupo religioso católico Sodalicio de Vida Cristiana, quienes son sospechosos de utilizar entidades offshore para lavar dinero y ocultar ganancias a las autoridades, según medios locales. Los documentos del tesoro de los Pandora Papers mostraron cómo el trío creó en secreto empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá para invertir en un negocio minero, informó Convoca, socio del ICIJ.
Las autoridades financieras indias han confiscado propiedades de lujo y otros activos multimillonarios pertenecientes a al menos cinco empresarios con empresas fantasma extraterritoriales identificadas en los datos filtrados, según información publicada en el sitio web de la Dirección de Ejecución de la India. Uno de ellos está acusado de sobornar a un juez, lavar el producto de delitos financieros y utilizar un fideicomiso y empresas de las Islas Vírgenes Británicas para ocultar activos por valor de más de 77 millones de dólares .
En Reino Unido, las autoridades fiscales han comenzado a revisar posibles casos de evasión fiscal descubiertos por el equipo internacional de periodistas. En junio, HM Revenue and Customs anunció que enviaría cartas a cientos de residentes del Reino Unido nombrados en los datos filtrados, advirtiéndoles que «confesaran» los detalles de sus propiedades en el extranjero, o se arriesgarían a duras sanciones.
«El trabajo de los periodistas de investigación o la cobertura mediática en general de posibles delitos financieros es a veces decisivo para el inicio de procedimientos preliminares», afirmó Anna Pingen, experta en derecho penal europeo e investigadora del Instituto Max Planck para el Estudio de la Delincuencia, la Seguridad y la Derecho en Friburgo, Alemania.
“Este ha sido el caso en varias filtraciones, como Offshore Leaks, Paradise Papers, Panama Papers, Pandora Papers”, dijo Pingen, refiriéndose a investigaciones anteriores del ICIJ.
Apuntar contra los «facilitadores»
Babis, el político y empresario checo, fue uno de los más de 330 funcionarios públicos cuyos acuerdos financieros extraterritoriales fueron descubiertos en los 2,94 terabytes de datos filtrados. Otros incluyeron 130 multimillonarios de 45 países, coleccionistas de arte , estrellas pop, criminales y empresarios y políticos rusos cercanos al presidente Vladimir Putin.
Detrás de cada cliente había un proveedor de servicios financieros que administraba el papeleo, mantenía los registros de la empresa actualizados y, en algunos casos, ejecutaba transferencias de acciones y otros acuerdos en nombre de sus clientes sin hacer demasiadas preguntas.
El mes pasado, un funcionario del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos dijo a una radio de Dakota del Sur que la agencia había identificado a oligarcas rusos sancionados que tenían activos en fideicomisos constituidos en el estado, un problema señalado en los Pandora Papers. El ICIJ reveló cómo el Estado estadounidense se ha convertido en un nuevo centro global de secreto financiero , que atrae a clientes internacionales que quieren proteger su riqueza de las autoridades. Las revelaciones llevaron a los legisladores estadounidenses a introducir una enmienda a la Ley de Secreto Bancario que obligaría a abogados, comerciantes de arte y empresas fiduciarias a investigar a clientes extranjeros que intentaran mover dinero a través del sistema financiero estadounidense. Posteriormente, el Senado bloqueó el proyecto de ley.
En Nueva York, la legislatura estatal aprobó recientemente la llamada Ley de Transparencia de LLC que , si el gobernador la promulga, requeriría que las compañías de responsabilidad limitada constituidas para hacer negocios en Nueva York revelen a sus propietarios. En un artículo de opinión en el Albany Times Union, Emily Gallagher, miembro de la asamblea detrás de la ley propuesta, la describió como “un golpe contra los señores de los barrios marginales, los traficantes de personas, los importadores de fentanilo, los evasores de impuestos, los terroristas, la corrupción política, los cleptócratas y los oligarcas rusos. »
Incluso en Suiza, donde una poderosa industria legal y de consultoría se ha resistido durante mucho tiempo a las reformas, el Consejo Federal está discutiendo actualmente la introducción de un nuevo proyecto de ley contra el lavado de dinero. Si se aprueba, la nueva ley impondría requisitos de debida diligencia a los abogados, contadores y consultores que crean y administran fideicomisos y empresas fantasma para sus clientes.
Los documentos de Pandora Papers analizados por el ICIJ mostraron cómo destacadas consultoras suizas, así como asesores individuales, contaban entre sus clientes a personas que luego fueron condenadas o sospechosas de delitos financieros , incluido un ciudadano italiano acusado de fraude fiscal, varias personas involucradas en el mayor escándalo de corrupción de Brasil y dos hermanos condenados en un caso de blanqueo de dinero. La ley propuesta responsabilizaría a los profesionales administrativos de informar los riesgos y reforzar la supervisión de las entidades legales.
Los llamados facilitadores también están bajo escrutinio por parte de los reguladores de la Unión Europea.
En una resolución de junio titulada “lecciones aprendidas de los Pandora Papers y otras revelaciones”, los parlamentarios de la UE instaron a los Estados miembros a examinar el papel de los intermediarios a la hora de facilitar la evasión de impuestos y sanciones. Los legisladores citaron informes del ICIJ que mostraban cómo “PwC, junto con otras importantes firmas contables, tuvo un papel central en ayudar a los oligarcas rusos con sus inversiones en Occidente a través de sus redes de compañías fantasmas offshore”.
Los mails confidenciales y los documentos corporativos incluidos en los Pandora Papers y analizados por el ICIJ mostraron cómo PwC trabajó para el magnate del acero ruso Alexei Mordashov durante casi dos décadas, ayudándolo a administrar decenas de entidades offshore. Algunas de esas empresas, revelaron los documentos, se utilizaron para realizar acuerdos con entidades vinculadas a Sergei Roldugin, un hombre que se cree que es un representante del presidente ruso Vladimir Putin. Mordashov, que no respondió a la solicitud de comentarios del ICIJ, está actualmente sancionado en la UE, Estados Unidos y otros países.
Sumándose al desafío de la aplicación de la ley, un nuevo informe de Europol encontró que, en Europa, más del 80% de las redes criminales activas explotan estructuras comerciales enteramente legales para apoyar y financiar sus actividades ilícitas.
«La infiltración en el sistema legal es lo que hace que el crimen sea omnipresente y destructivo», dice el informe.
Como resultado, cada año las fuerzas del orden logran recuperar sólo una pequeña fracción, o alrededor del 2%, de los ingresos del delito, según la directora ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle, “una gota en el océano de los inmensos ingresos ilícitos (y libres de impuestos) obtenidas por redes criminales”, dijo en el informe.
El informe identificó “capas de estructuras corporativas repartidas en múltiples jurisdicciones”, incluidos paraísos fiscales extraterritoriales, como uno de los factores clave que ayudan a los delincuentes a ocultar sus fondos ilegales.
Reformas atrofiadas
En los últimos años, varias jurisdicciones secretas han comenzado un lento cambio hacia la transparencia, tras la presión política provocada por los Pandora Papers y otras investigaciones del ICIJ sobre el sistema financiero offshore. Sin embargo, en muchos casos las reformas siguen siendo parciales.
Las Islas Caimán son uno de los últimos territorios en considerar la implementación de un proyecto de ley de transparencia que pondría a disposición de las autoridades la información sobre propiedad corporativa. El mes pasado, el Ministro de Servicios Financieros, André Ebanks, dijo en una declaración que el proyecto de ley, si es aprobado por el Parlamento, mejorará la reputación de Caimán mientras el territorio busca cumplir con las reglas globales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
«Al mejorar la transparencia y garantizar el acceso a información precisa, las Islas Caimán consolidan su posición como un centro financiero global confiable de excelencia dedicado a combatir los delitos financieros», dijo Ebanks.
Sin embargo, la legislación propuesta, conocida como Proyecto de Ley de Transparencia sobre Beneficiarios Finales, actualmente no permite que el público acceda a la información. Según la declaración, tales condiciones pueden cambiar en el futuro después de que el gobierno de las Islas Caimán concluya su discusión con el Reino Unido sobre las posibles implicaciones del registro para la privacidad y los derechos de protección de datos.
Las preocupaciones se basan en una sentencia de 2022 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anuló un requisito de 2018 de que los estados miembros de la UE establecieran y publicaran bases de datos de propietarios de empresas, una decisión criticada por los defensores de la lucha contra la corrupción como una forma de hacer retroceder la transparencia corporativa.
Los Pandora Papers proporcionaron más pruebas de que las empresas fantasma constituidas en el territorio pueden utilizarse para transferir millones de dólares de origen poco claro sin mucha responsabilidad.
Los archivos muestran que, entre 2010 y 2015, las empresas de las Islas Caimán formaron parte de un vasto imperio extraterritorial vinculado a Suleiman Kerimov, un multimillonario ruso asociado con un grupo encubierto de rusos oligarcas que se cree que poseen la vasta riqueza de Putin. Un financista suizo acusado por las autoridades francesas de actuar como testaferro de Kerimov utilizó las entidades para transferencias multimillonarias que luego el banco BNY Mellon marcó como “sospechosas”, concluyó el ICIJ. Negaron haber actuado mal.
Tras la denuncia del ICIJ, en 2022, el gobierno estadounidense sancionó a Kerimov y al financista.
“No puede ser la norma” que individuos y corporaciones ricas puedan seguir utilizando el sistema financiero offshore para ocultar sus ganancias y riqueza, dijo Chiara Putaturo, experta en impuestos y desigualdad de Oxfam Internacional.
Los reguladores deben centrarse tanto en los usuarios finales como en los proveedores de servicios para que las medidas enérgicas contra las finanzas extraterritoriales sean efectivas, dijo Putaturo al ICIJ.
«Necesitamos normas que aborden todos los factores que permiten a las personas cometer delitos de cuello blanco, como regulaciones débiles, bajo cumplimiento de los impuestos corporativos y ética, así como la impunidad de los profesionales de cuello blanco turbios», dijo.
* Publicado en icij.org
