El exabogado militar australiano David McBride, conocido por filtrar documentos clasificados que revelaron presuntos crímenes de guerra cometidos por fuerzas especiales australianas en Afganistán, perdió su apelación para reducir su condena de cinco años y ocho meses de prisión. La decisión, emitida el 28 de mayo de 2025 por la Corte de Apelaciones del Territorio de la Capital Australiana, ha generado críticas de defensores de derechos humanos y renovado el debate sobre las leyes de protección a denunciantes en Australia. A continuación, se detalla el caso, sus implicaciones y las reacciones que ha suscitado.
Una filtración que sacudió a Australia
David McBride, de 61 años, sirvió como abogado militar en Afganistán en 2011 y 2013. Durante su servicio, se sintió alarmado por lo que percibía como una investigación excesiva y “vexatoria” de presuntos crímenes de guerra por parte de soldados australianos, lo que, según él, era una estrategia de relaciones públicas para encubrir fallos de liderazgo en la cadena de mando. Entre 2014 y 2016, McBride recopiló 235 documentos, 207 de los cuales eran clasificados como secretos, y los compartió con periodistas de la Australian Broadcasting Corporation (ABC).
Estos documentos fueron la base de The Afghan Files, una serie documental de la ABC publicada en 2017 que expuso acusaciones de asesinatos ilegales de civiles afganos por parte de tropas australianas entre 2005 y 2016. Aunque McBride inicialmente buscaba destacar la sobreinvestigación de soldados, las revelaciones derivaron en un escándalo nacional que llevó al establecimiento de la Investigación Brereton, la cual encontró evidencia creíble de 23 incidentes de posibles crímenes de guerra, incluyendo el asesinato de 39 afganos.
El proceso judicial: De la denuncia a la prisión
McBride enfrentó cargos por robo y divulgación de información clasificada, a los que se declaró culpable en noviembre de 2023 tras un juicio en el que se le negó la posibilidad de argumentar una defensa de interés público. En mayo de 2024, el juez David Mossop lo sentenció a cinco años y ocho meses de prisión, con un período de no libertad condicional de 27 meses, argumentando que, aunque los Afghan Files eran de interés público, McBride actuó por “vindicación personal” y su filtración ponía en riesgo la seguridad nacional.
La apelación de McBride, presentada en marzo de 2025, buscaba tanto reducir la severidad de la condena como cuestionar la negativa del juez a permitir una defensa basada en su deber de actuar en el interés público. Sus abogados argumentaron que McBride creía que su juramento como militar lo obligaba a priorizar el bienestar de Australia sobre las regulaciones de confidencialidad. Sin embargo, la jueza Belinda Baker, junto con otros magistrados, rechazó la apelación en una decisión que duró menos de un minuto, afirmando que McBride no demostró errores en el fallo original.
La decisión de la corte ha generado una ola de críticas. McBride, a través de sus abogados, expresó que los australianos estarían “indignados” por el fallo, reiterando que actuó por conciencia y lealtad al pueblo australiano. Organizaciones como el Centro de Derecho de Derechos Humanos han calificado la sentencia como un “día oscuro para la verdad y la justicia en Australia”, destacando que McBride sigue siendo la única persona encarcelada en relación con los crímenes de guerra en Afganistán, mientras que ningún soldado o comandante ha enfrentado cargos penales por los asesinatos documentados.
Kieran Pender, del Centro de Derecho de Derechos Humanos, señaló que el caso de McBride evidencia la necesidad urgente de reformar las leyes de protección a denunciantes en Australia, describiendo el sistema actual como “inherentemente corrupto” por priorizar el encubrimiento de crímenes sobre la protección de quienes los exponen. En redes sociales, usuarios y activistas han comparado a McBride con Julian Assange, destacando la persecución de denunciantes que revelan verdades incómodas.
Próximos pasos: Apelación al Tribunal Superior
A pesar de la derrota, McBride y su equipo legal no se rinden. Sus abogados anunciaron que llevarán el caso al Tribunal Superior de Australia, argumentando que solo esta instancia puede abordar adecuadamente las cuestiones de interés público y constitucionales en el centro del caso. “No puede ser un crimen exponer un crimen. No debería ser ilegal decir la verdad”, declararon en un comunicado, subrayando la importancia de establecer un precedente para futuros denunciantes.
El caso también ha puesto presión sobre el gobierno del primer ministro Anthony Albanese para reformar las leyes de protección a denunciantes, un tema que Pender describió como “asunto pendiente” para la administración. Mientras tanto, McBride permanece en la prisión Alexander Maconochie en Canberra, donde ha enfrentado amenazas de otros reclusos, pero mantiene su postura desafiante, afirmando que no se arrepiente de sus acciones.
Un precedente preocupante
El fallo contra McBride plantea preguntas críticas sobre la libertad de prensa y la protección de denunciantes en democracias. La ausencia de una defensa de interés público en su juicio y la severidad de su condena han sido vistas como un mensaje disuasorio para aquellos que consideren exponer irregularidades gubernamentales. Además, el hecho de que ningún perpetrador de los crímenes de guerra haya sido encarcelado resalta una aparente doble moral en el sistema judicial australiano.
El caso también coincide con otros desarrollos relacionados con crímenes de guerra en Afganistán. Por ejemplo, Ben Roberts-Smith, un veterano condecorado acusado de asesinar a cuatro civiles afganos, perdió recientemente una apelación en un caso de difamación, pero no enfrenta cargos penales. Esto refuerza la percepción de que el sistema protege a los perpetradores mientras castiga a quienes los denuncian.
Fuentes: Yahoo News Australia, ABC News, AP News, The Canberra Times y The Guardian.
