Por Beltrán Gambier
El periodismo de investigación está amenazado por lo que le ocurre a Julian Assange. No lo digo yo, lo dicen las plumas más reconocidas de la profesión. Me remito a esas opiniones.
Deseo hoy analizar la concreta coyuntura legal por la que atraviesa Assange desde que la entonces ministra Priti Patel decidiera, en 2022, conceder su extradición a los Estados Unidos de América.
Desde ese momento, los abogados de Assange resisten.
Se esperaba del tribunal interviniente (High Court of Justice, King’s Bench, Divisional Court) que decidiera sobre el pedido de los abogados de Assange para acceder a una instancia judicial superior de debate; lo que debía ocurrir si los argumentos planteados eran, a juicio del tribunal, convincentes. En vez de ello decidir, resolvió otra cosa que ha dejado algo perplejos a los observadores.
En efecto, luego de considerar convincentes a tres de los argumentos planteados (me remito a la documentación adjunta), decidió solicitar a los Estados Unidos unas garantías sobre tres puntos: juzgar a Assange como a un americano, compromiso de no aplicar la pena de muerte y garantizar la aplicación de la Primera Enmienda de la Constitución americana.
Dio para ello un breve plazo que ya está corriendo. De no cumplirse satisfactoriamente el requerimiento, el tribunal preanuncia que tramitará la instancia superior (audiencia prevista para el 20 de mayo de 2024), de resistencia a la extradición, que plantea Assange.
Pues bien, así las cosas, no sabemos cómo responderá el gobierno de USA al requerimiento. Pero lo preocupante es que, si la respuesta es «favorable», la extradición se concretaría. Y resalto el concepto de «favorable» porque lo que se pide podría resultar, en términos de concreción, muy opinable. No tanto lo concerniente a la pena de muerte o al compromiso de juzgarlo como a un americano. Me refiero a lo relativo a la Primera Enmienda. Me explico. De aplicarse estrictamente esa disposición (la Primera Enmienda), los cargos contra Assange, según la mirada de un sector de los observadores, deberían caer en su totalidad. Y no creo que sea esa la intención por la posición asumida por USA en este estadio en el que estamos. Por otro lado, el gobierno americano, ceñido al principio de separación de poderes, no puede invadir la esfera de los jueces adelantando unos criterios de punición que solo llegarán en el marco de un eventual juicio en ese país. Si podrían, en el marco de una decisión política histórica, renunciar a esos cargos.
Veremos qué pasa.
Publicado en beltrangambieryelicam.blogspot.com
