Dos semanas después de denunciar en Lomas de Zamora al jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires por armar causas y facilitar el espionaje interno durante el gobierno macrista, Enrique Ferrari, fiscal general de Lomas de Zamora, dobló la apuesta al presentar una nueva denuncia penal, esta vez en una fiscalía federal porteña. La ofensiva judicial de Ferrari se da en medio de una serie de revelaciones acerca de la estructura de inteligencia montada por el gobierno federal y la gobernación de la provincia de Buenos Aires presuntamente para espiar a opositores, empresarios, periodistas y aliados críticos de los gobiernos federal y provincial de Juntos por el Cambio.
“Hice una denuncia en Comodoro Py, ante el fiscal Jorge Di Lello, al enterarme de las irregularidades que denunció la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, porque yo veía gente de la AFI acá, que nunca supe bien si venían por una cuestión legal o no, entonces que investiguen,” declaró Ferrari en una entrevista exclusiva con Medio Extremo.
En su denuncia original el 22 de junio ante el Juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, Ferrari acusó a Conte Grand de dirigir desde las sombras a una fiscalía especial que el propio Ferrari había creado para perseguir delitos complejos, y que habría sido utilizada por Conte Grand para armar causas como la iniciada contra los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano por abusos sexuales e irregularidades en el manejo de fondos en el club Independiente. También lo acusa de ordenar detenciones supuestamente arbitrarias y políticamente motivadas como la del empresario Jorge Castillo, conocido como “el rey de La Salada”.
“Los fiscales Sebastián Scalera, Pablo Rossi y sus secretarios, a través de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora, habrían iniciado investigaciones con el objeto de inclinarlas a sus intereses políticos para perseguir a políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios, (doctrina de Lawfare), entre otros, en donde han participado funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones de manera cuanto menos irregular,” dice la denuncia.
El funcionario afirmó en el escrito que en la presunta maniobra «han participado funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones de manera cuanto menos irregular, en consonancia con lo denunciado por diferentes magistrados de Lomas de Zamora, tales los Dres. (Luis) Carzoglio y (Gabriel) Vitale.».
Ferrari no es un personaje menor. Es uno de los 20 fiscales generales que hay en la provincia, y acaso uno de los más relevantes, ya que su jurisdicción abarca el territorio de los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús y Lomas de Zamora, un área que duplica en tamaño a la capital federal, con más de dos millones y medio de habitantes e incluye el estratégico aeropuerto internacional de Ezeiza. Ferrari había sido fiscal en San Isidro y luego juez de garantias de Lomas. En 2013, fue designado Fiscal General del departamento. En varias publicaciones del anuncio en ese entonces, lo describen como miembro de la ONG Justicia Legítima y que fue impulsado por Julián Álvarez, ex secretario de Justicia de la Nación.
Conte Grand, el jefe directo de Ferrari, es miembro numerario de la orden religiosa conservadora Opus Dei cercano a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Ocupó la procuración general porteña desde que el ex presidente ocupara la jefatura de gobierno y cuando Vidal ganó la gobernación de Buenos Aires en 2015 se lo llevó como secretario legal y técnico, cargo que ocupó hasta la jubilación de María del Carmen Falbo como precuradora general de la provincia en 2016, cuando Conte Grand se convirtió en su reemplazante.
Según el fiscal general de Lomas, sus problemas empezaron en 2019, cuando descubrió a través de Max Perkins, Coordinador a cargo de la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración General, que Sebastián Scalera, su fiscal general adjunto en Lomas de Zamora, era un protegido de Conte Grand y recibía órdenes directas del procurador general que ejecutaba a espaldas de su inmediato superior, o sea el propio Ferrari.
Ante este panorama, Ferrari disolvió esa unidad judicial y distribuyó las causas en trámite “entre los fiscales naturales que les hubiera correspondido llevar adelante tales pesquisas y transparentar el trabajo cotidiano del centenar de trabajadores judiciales que con esfuerzo y perseverancia llevan adelante la Administración de justicia”, según se desprende de la denuncia.
Entonces Scalera y otra fiscal adjunta, Mirta Noemí Gianella denunciaron a Ferrari por acoso laboral y mensajes intimidatorios. Conte Grand se valió de esas denuncias para pedir la cabeza de Ferrari. “Desde lo humano, no se sostiene más una composición de la Fiscalía General tal como lo era antes de que ellos me denunciaran amañadamente ante la Procuración, y yo a ellos ante la Justicia Federal. El Procurador, lejos de procurar apaciguar esta incómoda situación, tensa la cuerda, agranda el conflicto,” acusa Ferrari.
Vinculado a través de los medios opositores a la agrupación judicial protokirchnerista Justicia Legítima, el fiscal general de Lomas asegura que su trayectoria excede el encasillamiento mediático. «Yo no soy de Justicia Legitima, tengo simpatía, he firmado una o dos solicitadas, pero no soy un activo participante. Entiendo que esto me pudo haber perjudicado porque uno no piensa como esperan que uno piense. Pero tengo 40 años en el Poder Judicial, cuando ingresé Justicia Legítima ni existía. Quiero decir, no soy un militante, simplemente acompañé en un par de solicitadas», se despega Ferrari.
Tomando mate, vía Zoom, no parece aún el hombre excéntrico que pintan los sitios donde se habla de su pasión por las armas, la taxidermia y cierta tendencia a celebrar personajes densos de la cultura como Hannibal Lecter o Maquiavelo. Admite su debilidad por la pesca y la taxidermia de lo que logra sacar del agua. Nos muestra fotos de cabezas de tarariras y pirañas embalsamadas que tiene en su despacho como adornos o regalos ocasionales. Su investigación va por las cabezas detrás de todo este maridaje de maniobras en causas sensibles y de fuerte repercusión en los medios.
A Lomas de Zamora concurrían agentes del Ministerio de Seguridad de la Nación que respondían a Patricia Bullrich, dice Ferrari. El documento judicial que presentó ante el juez Villena incluye una descripción detallada de las posibles pruebas que sostiene la denuncia, según la cual se presupone que hubo espionaje ilegal y presiones a jueces por parte de fiscales y espías, todo con conocimiento del titular del Ministerio Público bonaerense.
En las presentaciones judiciales de Ferrari aparecen nombres de espías entre los que están el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano, quien fue uno de los agentes a los que el juez Carzoglio acusó de un apriete para detener al dirigente sindical Pablo Moyano; el exdirector de Finanzas de la AFI, Fernando Di Pasquale; Fernando “El Chino” Cornes, del área de Inteligencia del Ministerio de Seguridad, vinculado con Gerardo Millman, ex funcionario de primera línea de esa cartera.
Además de las denuncias contra Conte Grand en Buenos Aires y Lomas de Zamora, radicó otra declaración judicial en el fuero Penal de La Plata para que se investigue “la violación a la Ley de Inteligencia Nacional, la cual podría servir a los efectos de clarificar el ‘modus operandi’ de la investigación”.
Según Ferrari, el procurador general macrista tampoco sería ajeno a los hechos que denunció en el tribunal platense: “Se trata de la causa que se le sigue al que era titular de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, Guillermo “el lilito” Berra, que espiaba a medio mundo incluso al propio Cristián Ritondo (secretario de Seguridad durante la gobernación de Vidal), pero no se movía solo, es decir respondía a alguien, y tengo entendido que Conte Grand no sería ajeno a esta cadena que por ahora se está cortando en Berra, pero creo que sí se da el corte en Berra y su mujer, sería un tanto arbitrario porque me parece que hay responsabilidades más arriba. Me guío por lo que comentan distintas personas, y por lo que me imagino: un director de asuntos internos que es un funcionario intermedio no va a actuar por las suyas, responde a alguien, a la Gobernadora, al jefe de policía o al procurador general, pero él no se va a jugar solo. Lo puede hacer con un par de casos pero acá fueron más de 1000 espiados, es impresionante la cantidad.”
– ¿La presencia de la AFI en los pasillos del poder Judicial, eran cotidianas o era algo que se daba muy cada tanto?
– Ni muy cada tanto, ni tampoco de todos los días, pero venían. Como también venía gente del programa de Luis Majul. Una o dos veces vino (Hugo) Macchiavelli.
– En su denuncia, aparece también la figura del exPresidente de Boca Juniors Daniel Angelici, ligado a todas estas maniobras entre los fiscales y sus secretarios en consonancia con agentes de inteligencia ligados a la AFI.
– «Angelici nunca apareció personalmente en la Fiscalía General, pero quiero que se investigue si tuvo algún tipo de gravitación en todo esto, teniendo en cuenta que Scalera tiene contacto directo con Conte Grand y ejecutó un montón de actividades a mis espaldas. Lo cual tendrá que surgir de la pertinente investigación que propongo que se lleve adelante de inmediato. Hay muchas cosas que desconozco, porque hicieron todo lo posible por apartarme y cuando me quise meter me empujaron de nuevo para afuera y me lo hicieron sentir, me lo están haciendo sentir.»
