Álvaro Puga Cappa, estrecho colaborador del dictador chileno Augusto Pinochet y autodefinido «el primer y último civil del gobierno militar», redactó cientos de informes políticos y de inteligencia a los que accedió el periodista Juan Cristóbal Peña, quien en diálogo con la agencia de noticias Télam habló sobre las complicidades cívico-militares y sus «operaciones psicológicas», a días del 50 aniversario del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende.
Pese a su importancia como asesor civil clave de la dictadura en los años 70 y 80 -estaba encargado de los discursos de Pinochet, de la censura de prensa y de los libros, y en palabras de Peña, «le dio un relato o pretendió darle un relato épico y fundacional a la dictadura»-, Puga era un personaje «olvidado y despreciado incluso por sus propios pares».
Como asesor de la «policía política de Pinochet», la Central Nacional de Informaciones (CNI) -que sucedió a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)-, Puga contaba con archivos que por primera vez vieron la luz cuando los cedió a Peña, que aportan información sobre las complicidades civiles con la dictadura.
Peña lideró un proyecto multimedia impulsado por la Universidad Alberto Hurtado de Chile y la argentina Revista Anfibia, que fue publicado recientemente con los archivos de Puga, de los pocos que sobrevivieron a la quema de documentos que hizo el Ejército.
Puga dice esto del primer y último civil del gobierno militar, pero la investigación menciona que había redes civiles de la dictadura. ¿Qué función tenía y cuán importante era el rol civil?
Los civiles fueron un instrumento fundamental y permitieron el funcionamiento de la maquinaria burocrática y policial de la dictadura. Puga, en los años 70, fue un ideólogo y gestor de símbolos de la dictadura, le da una épica y un sentido fundacional. En los 80, es asesor de la policía política, la CNI. Además, estos papeles revelan que esta policía no era solo represiva, sino que también deliberaba sobre el día a día y procuraba ganar influencia en la dictadura. Era un brazo armado y político. Él cumplió tareas de inteligencia por encargo, se movía tanto en salones como en lo subterráneo, recogiendo información por fuentes como empresarios, diplomáticos, la iglesia. Eso solo lo puede hacer un civil.
¿No había información en la CNI sobre su doble rol de policía represiva y política?
Estos documentos que están vinculados a la CNI son prácticamente los únicos que sobreviven, porque toda la documentación de la CNI quedó alojada en el Ejército y fue incinerada. No hay documentos oficiales porque el Ejército los destruyó y eso tuvo una condena judicial. Por tanto, estos documentos que cedió Puga tienen el valor de llenar un vacío documental y de memoria.
¿Por qué cree que Puga decidió cederle los archivos? ¿Quería un lugar en la historia?
Yo lo encontré empobrecido y despechado por la falta de reconocimiento de parte de sus pares y sus grandes amigos, varios de ellos condenados en la cárcel de criminales de derechos humanos. Lo interpreto como un gesto de vanidad, de querer demostrar la importancia que él había tenido como asesor confidente de Pinochet, para ufanarse de su poder e influencia. Tengo la impresión de que cuando me confía los archivos, no tiene plena conciencia de lo que había ahí, porque en parte lo contradicen. Él siempre negó cualquier participación en hechos vinculados a la represión y a operaciones psicológicas, pero algunos de los documentos que publicamos lo comprometen en actos criminales, de espionaje y montaje. Jaime Guzmán fue asesor legal de la dictadura, pero se sabía poco de Puga e, incluso tras el retorno de la democracia, nunca compareció ante la justicia.
¿Se habrá sentido cómodo en un contexto de impunidad para civiles colaboracionistas?
Sin lugar a dudas que estos personajes siempre se sintieron impunes. Él representa el papel de los civiles en la dictadura de Pinochet. Y de hecho, él es «el» civil de la dictadura. Fue la única persona que no viste uniforme militar cuando está transcurriendo el golpe, siendo dirigido desde el edificio de las Fuerzas Armadas. Habla el desparpajo con que se daba su papel como propagandista, como censor, como asesor en las sombras de la dictadura y da cuenta de esa arrogancia e impunidad.
Los documentos revelan esa interna entre «nacionalistas» y «gremialistas» ¿A quiénes representaban?
Los nacionalistas representaban un pensamiento propio del corporativismo, que de alguna forma también proponían un Estado con mayor presencia y se oponían al pensamiento de lo que se llamó el gremialismo, liderado por Guzmán, el arquitecto de la Constitución de Pinochet, que tenían una matriz más ultra católica y que comulgaban con el neoliberalismo. Fueron, en definitiva, quienes triunfaron. Pero ya a fines de los 70 y comienzos de los 80, no hay una disputa ideológica por la marcha del país, sino por cargos, por poder. Y eso se libra desde la CNI, cuyos oficiales, en su mayoría del Ejército, comulgan con un pensamiento nacionalista y eran críticos de Guzmán y los gremialistas.
Los «Chicago Boys» justamente estaban más del lado de Guzmán.
Exactamente, Guzmán, si bien en un principio coqueteó con el nacionalismo, ya en la segunda mitad de los 70 intuye la conveniencia de aliarse a los Chicago Boys y, por tanto, lo que hay ahí es una alianza, guiada por el interés y la convicción. Pero la crisis económica del año 82 se le atribuye en buena medida a las políticas económicas de ellos y ahí irrumpen protestas populares, además de escuchas a sectores civiles cómplices de la dictadura. Por eso la importancia de haber contextualizado estos documentos, pero también de liberarlos para seguir trabajando en ellos.
Ustedes dan cuenta de la complicidad de los medios con la dictadura. A 50 años del golpe, ¿es ese uno de sus mayores legados?
El estado actual de los grandes medios de comunicación se explica en lo que ocurre en los años 80 en Chile, en dictadura. Los documentos revelan la complicidad de la prensa y de algunos directores de medios ya no solo con la dictadura, sino incluso con la CNI. Y también los documentos dan pistas sobre los préstamos millonarios que entrega la dictadura a comienzos de los 80 para permitir la sobrevivencia de los dos grandes conglomerados de medios impresos en Chile, que en ese momento se encontraban quebrados. Fueron sostén permanente de la dictadura desde los primeros días. Fueron medios conspiradores y alentadores del golpe de Estado de 1973 y son los mismos que siguen funcionando. Diarios como La Tercera y El Mercurio recibieron préstamos que nunca fueron devueltos al Estado en el modo en que debieron haber sido devueltos y a cambio de contrato de avisos estatales a diez años, cuando ya estaba la transición democrática. Es sintomático que los dos conglomerados de medios que fueron autorizados a circular al día siguiente del golpe de Estado hayan sido sostén de la dictadura.
Hay sectores del Partido Republicano de José Antonio Kast que destacaron el rol de Pinochet como un «gran estadista» y hablan como si se pudiera diferenciar el carácter represivo de la dictadura con lo que suponen que hizo bien, pero incluso Rolf Lüders, exministro de Economía de Pinochet, dijo en 1982 que «no habría sido posible hacer el cambio que se hizo en Chile sin un régimen autoritario».
DOCUMENTOS QUE TODO LO SABEN
Por Juan Cristóbal Peña
Casi no se tomaba descanso. Como encargado de la oficina de Asuntos Públicos y asesor en las sombras de los servicios de inteligencia de la dictadura y del mismo Pinochet, Álvaro Puga redactó cientos de informes políticos y de inteligencia. Son 166 archivos que contienen discursos, detallan la rivalidad entre funcionarios civiles, la participación de informantes del gobierno y de la oposición, acciones psicológicas y de propaganda para sembrar terror y lograr la obediencia civil, la agenda política y propagandística de la CNI, la creación de noticias falsas. Estos archivos salen a la luz por primera vez.
Dos maletas fueron necesarias para trasladar los archivadores con los 166 documentos secretos de la dictadura que revela esta investigación. Algunos de estos papeles iban dirigidos directamente a Pinochet; otros eran elaborados por encargo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), que además de tareas represivas, tenía una activa agenda política y comunicacional.