Por Stanley Luna

Dos medios nicaragüenses exiliados, Divergentes e Intertextual, tuvieron acceso más de 200 documentos que revelan que en Nicaragua funciona una red de abogados que fabrica escrituras ilegales para que colonos se apropien de territorios indígenas en el norte caribeño de este país centroamericano, a costa de desplazamientos forzados, asesinatos de sus habitantes de origen y la amenaza de su cultura.

La filtración de las escrituras por parte de las comunidades y de una organización de la sociedad civil también reveló que, en la posesión de tierras, hay un entramado que involucra a líderes afines el oficialismo y que, pese a que hay abogados y abogadas que han sido señalados desde hace más de una década de emitir escrituras ilegales, siguen renovando su matrícula en la Corte Suprema de Justicia, la cual funciona cooptada por el Gobierno de la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En 2003, Nicaragua aprobó la Ley 445 de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, que establece la forma en la que el Estado debe marcar, delimitar y titular las tierras comunales. Esta legislación permitió que, después de la presión de las comunidades, en 2007, el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional comenzara con la delimitación y la titulación de 23 territorios indígenas en la costa caribeña del norte de Nicaragua. La ley señala que el único documento válido en la titulación de propiedades es el certificado que el Estado otorga a las comunidades, pues estos territorios “no se pueden gravar y son inembargables, inalienables e imprescriptibles”.

Sin embargo, el equipo periodísticos detectó durante dos años el modus operandi de la red de abogados: extienden documentos ilegales -escrituras de compraventa, usufructos o cesión de derechos de posesión- a personas ajenas a la comunidad que toman violentamente las tierras con el fin venderlas a otros, talar árboles o realizar actividades mineras. La posesión de las tierras no tiene validez legal porque no han sido cedidas por el Estado y se vuelven una estafa para los colonos; aún así, el Estado no investiga los traspasos de tierras.

Aunque esto data desde 2012, hubo un incremento en los traspasos de tierras a partir de 2019. Ese año fueron registradas 24 inscripciones de escrituras ilegales en ocho comunidades indígenas y afrodescendientes en el norte nicaragüense, pero el equipo periodístico verificó que este patrón se repite en el sur del país. Por ejemplo, también en 2019, detectó que el abogado Alexis José Cano García traspasó a colonos 176 manzanas ubicadas dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz y otras dos comunidades.

Nicaragua vive en una crisis política desde abril de 2018. El estallido social que inició por una reforma al sistema de seguridad social escaló a una violencia estatal prolongada que ha obligado al exilio a miles de intelectuales, periodistas, opositores a Ortega-Murillo, líderes sociales y defensores de derechos humanos. El Gobierno ha llegado al punto de quitarle la nacionalidad a reconocidos intelectuales en la diáspora, como los escritores Gioconda Belli y Sergio Ramírez, por ser críticos con el régimen.

El entramado de poder

En este contexto, donde el Estado está cooptado, hay censura y persecución a la prensa no oficialista, también el país entero está militarizado. Divergentes e Intertexual señalan que, en la toma de las tierras de los colonos, hay involucramiento de militares y policías. Entre 2018 y 2024, esta pugna por el territorio, según el informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, provocó el asesinato de 46 personas de las comunidades originarias y ataques físicos contra otras 35 personas.

La apropiación de tierras es un entramado de poder. Después de años de registrar la llegada de colonos, a partir de 2019, las comunidades identificaron que en el traspaso de tierras hay participación del Gobierno Central a través de los líderes políticos afines. De acuerdo con la investigación, el Gobierno elige por medio de consejos regionales a autoridades comunales sandinistas -síndicos, secretarios y jueces-, certifica estos nombramientos y dichas autoridades realizan cambios de tenencia de tierras haciendo uso de la Ley 445, la cual permite arrendar tierras a terceros siempre y cuando esto sea sometido a discusión en una asamblea comunal que lo avale. Los arriendos no son discutidos en asambleas y, sin la intervención del Gobierno, se avalan, pero luego la figura del arriendo se convierten en transacciones de tierras supuestamente legalizadas por la red de abogados.

Este procedimiento al interior de las comunidades ha servido de escudo para que los abogados justifiquen su accionar, uno de ellos dijo a los periodistas que antes de legalizar los documentos, estos han sido firmados por las autoridades comunales. Bajo la Ley 445, los documentos siguen siendo nulos.

“Poder acceder a estos documentos le da peso a la investigación, porque comprueban que no es ninguna falsedad lo que estamos diciendo y que tenemos estos sustentos legales. Fue un reto bastante grande conseguirlos, pero comprueban que nosotros y nosotras seguimos comprometidos con el periodismo de calidad, con la investigación y con seguir diciendo la verdad en Nicaragua. Lastimosamente sabemos que, en este contexto, en Nicaragua, no va a suceder nada con estas y estos abogados, porque hay una complicidad de ellas y ellos con aparatos estatales, con el poder judicial, con algunas instituciones que, de alguna manera, les apañan; con los consejos municipales, y la policía y el ejército, por puesto, que aliados con los colonos están despojando de los territorios a los indígenas”, indica Manuel Pérez, uno de los periodistas que participó en la investigación.