La administración del presidente de EE.UU. Donald Trump está disolviendo una unidad del Departamento de Justicia dedicada a combatir el fraude en criptomonedas, poniendo fin a lo que denomina “regulación mediante enjuiciamiento”.
En un memorando filtardo obtenido por The Washington Post, el fiscal general adjunto Todd Blanche ordenó a los fiscales federales cesar los litigios o acciones coercitivas que impongan marcos regulatorios adicionales a los activos digitales. Se les indicó que ya no se centraran en las casas de cambio de divisas virtuales, los servicios de mezcla y tumbling, ni en las billeteras digitales por las acciones de sus usuarios finales ni por infracciones involuntarias de las regulaciones. Blanche ordenó a los fiscales cerrar las investigaciones en curso que sean incompatibles con la nueva política.
Trump, un antiguo escéptico de las criptomonedas, ha cambiado de postura en los últimos años, posicionándose como el líder político de la industria criptográfica y recibiendo donaciones de multimillonarios del sector. Encabezó la Conferencia Bitcoin 2024 en Nashville y lanzó su propia «plataforma criptográfica» antes de las elecciones presidenciales. Como presidente, ha contribuido a enriquecer los intereses de las criptomonedas que lo llevaron a ser elegido, y ahora promete desregular la industria por completo.
Según el memorando de Per Blanche, que circuló el lunes, el Departamento de Justicia está abandonando los litigios y las acciones de cumplimiento “mientras los reguladores reales del presidente Trump hacen este trabajo fuera del marco de la justicia penal punitiva”.
Pero Trump también está reduciendo las regulaciones más allá de los litigios. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Trump ha desestimado varias investigaciones y demandas contra empresas que presuntamente infringieron las normas de valores, como Robinhood y Coinbase. El director ejecutivo de Robinhood, Vlad Tenev, donó 2 millones de dólares a la campaña de Trump, y Robinhood incluye la moneda meme de Trump en su plataforma de intercambio.
En lugar de vigilar las plataformas y los intercambios de criptomonedas, el Departamento de Justicia de Trump “se centrará en procesar a las personas que victimizan a los inversores en activos digitales o a quienes utilizan activos digitales para promover delitos como el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el crimen organizado, la piratería informática y la financiación de cárteles”.
El impacto de la decisión de Trump en el encándalo cripto de $Libra
Este cambio de política llega en un momento oportuno para el presidente argentino Javier Milei, quien enfrenta crecientes acusaciones de fraude por su promoción de $LIBRA, un memecoin que colapsó tras un aparente esquema de “pump-and-dump”, afectando a decenas de miles de inversores y generando pérdidas multimillonarias.
El escándalo de $LIBRA comenzó en febrero de 2025, cuando Milei promocionó el token en redes sociales, afirmando que apoyaría el crecimiento económico argentino al financiar pequeñas empresas y startups. Sin embargo, el valor del token se disparó brevemente antes de desplomarse un 90% en cuestión de horas, lo que llevó a denuncias de estafa y a la creación de una comisión investigadora en el Congreso argentino el 8 de abril.
Las investigaciones, tanto en Argentina como en Estados Unidos, han apuntado a una posible complicidad del presidente con los creadores del token, como Hayden Davis, quien presuntamente obtuvo ganancias de más de US$ 107 millones antes del colapso.
La decisión del DOJ de Trump de relajar la persecución de fraudes cripto podría interpretarse como un alivio indirecto para Milei, al reducir la presión internacional sobre su caso, especialmente considerando las demandas colectivas presentadas en Nueva York que lo mencionan, aunque no lo acusan directamente.
Mientras Trump busca desregular la industria cripto tras recibir apoyo de magnates del sector durante su campaña, Milei enfrenta una crisis de confianza pública y llamados a su impeachment. La coincidencia temporal entre la nueva directiva del DOJ y el avance de las investigaciones sobre $LIBRA plantea interrogantes sobre si esta medida podría debilitar los esfuerzos internacionales para responsabilizar a figuras públicas involucradas en esquemas cripto fraudulentos, dejando a los inversores argentinos y estadounidenses afectados por $LIBRA con menos vías para buscar justicia.
