El gobierno británico implementó un esquema secreto de reubicación tras una filtración masiva de datos personales que dejó expuestas a más de 33.000 personas afganas, muchas de ellas con vínculos directos con las fuerzas británicas durante su misión en Afganistán. La existencia del plan, mantenida bajo una estricta orden judicial conocida como “superinjunction”, fue revelada este martes tras la decisión de un juez de levantar la censura. La filtración, atribuida a un error humano dentro del Ministerio de Defensa (MoD), obligó al Estado a crear un canal oculto de evacuación con un costo estimado en varios miles de millones de libras.
El origen de la crisis remonta a febrero de 2022, cuando un funcionario del MoD envió por error una planilla con información sensible fuera de los sistemas autorizados. La base de datos incluía nombres, teléfonos y detalles familiares de miles de afganos que habían solicitado ser trasladados al Reino Unido mediante el programa ARAP (Afghan Relocations and Assistance Policy). El error no fue detectado hasta agosto de 2023, cuando parte del contenido apareció en un grupo de Facebook. Para entonces, el riesgo de represalias por parte del Talibán era inminente.
Frente a la amenaza, el entonces secretario de Defensa, Ben Wallace, solicitó personalmente una “superinjunction” que impidió a los medios no solo informar sobre la filtración, sino incluso mencionar la existencia de la propia orden. Con ese margen de silencio judicial, se puso en marcha un operativo discreto para sacar del país a quienes figuraban en el listado, ahora marcados como blancos potenciales. Hasta mayo de este año, cerca de 16.000 personas ya habían sido reubicadas en territorio británico bajo este esquema.
El actual ministro de Defensa, John Healey, ofreció una disculpa pública y confirmó que unas 4.500 personas afectadas ya se encuentran en el Reino Unido o en tránsito, en una operación que costó hasta ahora más de 400 millones de libras. Aunque el gobierno asegura que el esquema se cerrará próximamente, prometió cumplir con las ofertas de reubicación ya realizadas. En paralelo, enfrenta demandas judiciales por parte de las víctimas del fallo de seguridad, lo que podría aumentar aún más el costo total del incidente.
El documento judicial también reveló que cerca de 600 soldados afganos y unos 1.800 familiares directos aún permanecen en Afganistán. A todos ellos se les envió esta semana un correo electrónico instándolos a proteger su información digital y evitar cualquier contacto con desconocidos. El informe interno del MoD sostiene que es “altamente improbable” que el Talibán haya iniciado una campaña de represalias basada únicamente en la filtración, aunque admite que parte del contenido podría haber llegado a manos de infiltrados.
Uno de los puntos más críticos del caso fue el apagón informativo impuesto por la superinjunction. El juez Timothy Chamberlain advirtió que la orden creó un “vacío de escrutinio” incompatible con una democracia, al impedir incluso a legisladores y funcionarios hablar del tema. El entonces secretario de Defensa en la sombra, John Healey, confesó que ni siquiera él pudo debatir el asunto durante meses por la restricción judicial, que definió como “sin precedentes”.
La oposición conservadora, a cargo del gobierno en el momento de la filtración, también se vio forzada a dar explicaciones. Kemi Badenoch, actual líder del partido, reconoció que «alguien cometió un error terrible» y pidió disculpas por el daño causado. Sin embargo, Downing Street se negó a confirmar si el funcionario responsable fue sancionado o removido de su cargo. El Ministerio de Defensa tampoco dio cifras sobre cuántas personas fueron asesinadas o arrestadas como consecuencia directa del fallo.
La dimensión del incidente fue tal que el gobierno reconoció haber ofrecido compensaciones económicas a los afganos afectados, incluso en otros casos de filtraciones previas. El despacho legal Leigh Day, que representa a cientos de solicitantes del programa ARAP, calificó el episodio como “un fracaso catastrófico” y criticó duramente la falta de transparencia y demora en comunicar los riesgos a las víctimas.
El telón de fondo de esta historia es la caótica salida de las fuerzas occidentales de Kabul en 2021, durante la cual el Reino Unido evacuó a 36.000 personas. Aquel operativo ya había sido duramente cuestionado por una comisión parlamentaria que lo definió como una “traición”. Esta nueva revelación no solo agrega otro capítulo al desorden de aquella retirada, sino que expone la fragilidad institucional ante una crisis humanitaria y de ciberseguridad.
La publicación de los documentos este martes reaviva el debate sobre el uso de órdenes judiciales secretas para silenciar episodios que afectan el interés público. En este caso, la decisión de mantener la filtración bajo estricto secreto durante más de un año retrasó medidas de protección, bloqueó el debate parlamentario y dejó en la sombra a miles de personas en peligro. El Reino Unido enfrenta ahora no solo las consecuencias diplomáticas y legales de su error, sino también un severo cuestionamiento ético por su manejo del silencio.
