Un documento filtrado reveló el 9 de abril que el gobierno de Estados Unidos se opondrá a un plan para imponer un gravamen sobre las emisiones de carbono de los barcos, argumentando que sería “descaradamente injusto” e inconsistente con el derecho internacional del mar.
Según el informe, publicado por The Guardian, la propuesta, que se debate esta semana en Londres en el marco de las negociaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI), busca cobrar hasta 150 dólares por tonelada de emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los barcos, con el objetivo de recaudar miles de millones de dólares anuales para financiar acciones climáticas en países pobres afectados por la crisis climática.
Sin embargo, Estados Unidos, junto con países como China, Brasil y Arabia Saudita, se opone al gravamen, alegando que impondría “cargas económicas sustanciales” y “aumentaría la inflación”, un argumento que ha generado críticas dado que las recientes tarifas comerciales impuestas por el presidente Donald Trump han causado pérdidas de billones en los mercados bursátiles globales, afectando mucho más la economía mundial.
El gravamen propuesto, que podría generar alrededor de 60 mil millones de dólares al año si se fija en 100 dólares por tonelada de CO2, es visto por sus defensores como una medida crucial para acelerar la transición del sector marítimo hacia combustibles de bajas emisiones, como el amoníaco o el hidrógeno, y para apoyar a los países en desarrollo más vulnerables al cambio climático.
Sin embargo, la oposición de Estados Unidos ha intensificado las tensiones en las negociaciones de la OMI, donde 175 países están reunidos para definir un plan de descarbonización del transporte marítimo, que representa más del 2% de las emisiones globales, una cifra comparable a las emisiones de Japón y que podría aumentar sin medidas urgentes.
A pesar de la retirada de Estados Unidos de las negociaciones, según un comunicado del Departamento de Estado, las discusiones continuaron, con delegados como Albon Ishoda de las Islas Marshall insistiendo en que la ausencia de un país no debería descarrilar el proceso, especialmente en un momento de inestabilidad económica global exacerbada por las políticas comerciales estadounidenses.
Además, el gravamen tendría un impacto mínimo en los precios finales para los consumidores: según estimaciones, un par de zapatos de 100 dólares vería un aumento de solo 72 centavos debido al costo adicional del transporte.
Mientras tanto, países en desarrollo y pequeñas naciones insulares, como las Islas Marshall y estados del Caribe, han acusado a las economías ricas de “retroceder” en sus compromisos climáticos, argumentando que el gravamen es esencial para garantizar justicia climática y financiar la adaptación al cambio climático en regiones devastadas por fenómenos climáticos extremos.
Las negociaciones de la OMI, que concluyen el 11 de abril de 2025, son vistas como un momento crítico para el futuro del transporte marítimo y la lucha global contra el cambio climático.
Con información de theguardian.com
