Documentos internos filtrados revelaron que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos enfrenta una crisis de personal sin precedentes. Más de 1.200 empleados – aproximadamente 2,6% de la plantilla de 46.000 – han abandonado la agencia en los últimos meses. Entre los que se marcharon figuran expertos técnicos, personal de apoyo de misión y directivos con amplia experiencia. Las renuncias ocurrieron en vísperas de la ajetreada temporada de verano, encendiendo alarmas sobre la capacidad operativa de la FAA durante un período crítico para la aviación comercial.

La causa inmediata de esta fuga sería un programa de “renuncia diferida” implementado a inicios de 2025 bajo la nueva administración federal. El 28 de enero, un correo masivo titulado “Fork in the Road” (“Encrucijada”) fue enviado a unos dos millones de empleados federales por la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés). En él se ofrecían paquetes de renuncia voluntaria: quienes aceptaran podrían dimitir de sus cargos, permanecer de licencia con sueldo hasta el 30 de septiembre de 2025 (fin del año fiscal) y conservar beneficios durante ese período. Esta oferta replicaba casi literalmente la táctica que Elon Musk usó en 2022 al tomar control de Twitter, cuando dio a sus empleados la opción de comprometerse con una cultura de trabajo “extrema” o marcharse con indemnización. De hecho, el propio asunto “Fork in the Road” coincidía con el del correo que Musk envió a la plantilla de Twitter tras su adquisición.

La implementación del plan dentro del gobierno federal ha sido atribuido directamente a Musk, ahora ex asesor del presidente y ex director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Según reportes, Musk instaló a colaboradores suyos en puestos clave de la OPM para ejecutar la medida sin pasar por los cauces habituales. The Washington Post informó que el memo fue redactado y distribuido íntegramente por personal leal a Musk, al margen de los funcionarios políticos de la Casa Blanca. Asimismo, Reuters reveló que asesores de Musk llegaron a tomar físicamente el control de oficinas en OPM, incluso colocando muebles y excluyendo al personal de carrera, en lo que empleados veteranos describen como una “toma hostil” de la agencia.

El sindicato mayoritario de empleados federales (AFGE) calificó el correo como un intento de “desmantelar el servicio civil” y exhortó a no caer en la trampa, señalando que no había garantías legales ni presupuestarias para honrar la oferta. “Este programa ‘Encrucijada’ lleva las huellas dactilares de Elon Musk”, advirtió AFGE en un comunicado, recordando que Musk hizo una promesa similar de indemnizaciones en Twitter y luego la incumplió en perjuicio de cientos de trabajadores.

Según las filtraciones obtenidas por The Wall Street Journal, la FAA es una de las agencias más golpeadas por la avalancha de renuncias. Muchos empleados de la FAA habrían aprovechado la oferta de renuncia voluntaria antes de la fecha límite del 6 de febrero. Directivos de larga trayectoria, ingenieros de seguridad, controladores aéreos en entrenamiento e incluso supervisores de investigación de accidentes están entre los 1.200 efectivos que dejaron sus puestos. Este éxodo representa un duro golpe institucional justo cuando la aviación estadounidense empezaba a retomar niveles de actividad prepandemia.

Impacto en la seguridad del espacio aéreo

La reducción de personal ha coincidido con incidentes alarmantes en la aviación estadounidense, alimentando preocupaciones sobre la seguridad aérea. A finales de enero, apenas días después de la salida del entonces administrador de la FAA Michael Whitaker, ocurrió un choque en pleno vuelo entre un helicóptero militar Black Hawk y un avión de pasajeros (vuelo American Eagle 5342) cerca de Washington D.C., dejando 67 fallecidos. Este accidente fatal encendió las alertas sobre los riesgos de un personal desbordado y sistemas bajo presión. Semanas más tarde se reportaron fallos de radar en el área del Aeropuerto de Newark que dificultaron el seguimiento de aviones entrantes, así como una serie de cuasi-colisiones tanto en el aire como en pistas de aeropuertos principales.

Un controlador aéreo veterano, Jonathan Stewart, rompió el silencio para denunciar el estado precario de la seguridad operacional. Tras evitar in extremis una colisión entre dos aeronaves que volaban a la misma altitud el 4 de mayo, Stewart elevó un informe interno advirtiendo: “La situación es, ha sido y continúa siendo insegura”. “La cantidad de estrés bajo la que operamos es insuperable”, escribió, confesando que vive con el temor de ser responsable de la muerte de 400 personas en un solo incidente. Sus palabras, citadas por WSJ, reflejan la creciente carga de trabajo y tensión en las torres de control y centros de tráfico aéreo debido a la falta de personal cualificado.

Otros hechos recientes refuerzan estas inquietudes. En Denver, las radios del control de tráfico aéreo dejaron de funcionar durante 6 minutos un día de mayo, obligando a los controladores a aplicar procedimientos de contingencia mientras no podían comunicarse con los aviones. Si bien ese problema técnico está bajo investigación de la FAA, expertos señalan que plantillas reducidas y fatiga del personal agravan el impacto de cualquier fallo de equipos. Asimismo, la supervisión de lanzamientos espaciales comerciales –otra responsabilidad de la FAA– podría haberse debilitado, algo preocupante en momentos en que compañías como SpaceX realizan pruebas frecuentes de cohetes de gran tamaño. Un informe interno de la FAA citado en las filtraciones reconoce que los trabajadores están abandonando la agencia en “cantidades masivas” a todos los niveles, creando un déficit de conocimiento y experiencia en áreas críticas.

Respuestas oficiales y planes de contingencia

El secretario de Transporte, Sean Duffy, responsable político de la FAA en la nueva administración, anunció un plan de emergencia para mitigar el déficit de controladores: se ofrecerán bonos del 20% del salario anual a los controladores aéreos veteranos que pospongan su retiro previsto. El objetivo es retener temporalmente a personal esencial mientras se forman nuevos controladores, un proceso que puede tardar años. “Tomará meses, si no años, resolver este problema de dotación”, admitió Duffy sobre la escasez crónica de personal en el control del tráfico aéreo. Además, tanto Duffy como la jefatura interina de la FAA han asegurado que se llevará a cabo una revisión integral de la agencia. Este “replanteamiento total”, aún sin detalles públicos, buscaría modernizar procesos y atraer talento, a la vez que reorganizar la institución para adaptarse a las prioridades de la nueva administración.

En el terreno político y jurídico, las reacciones han sido intensas. Legisladores de la oposición y sindicatos han cuestionado la legitimidad del programa de renuncias masivas. El senador Tim Kaine advirtió que no existe partida presupuestaria para pagar salarios de miles de empleados que no están trabajando, sugiriendo que la oferta podría ser un engaño: “Que no les engañen. [Trump] ya ha embaucado a cientos con esa oferta. Si usted la acepta y renuncia, él podría dejar de pagarle, como ya hizo con contratistas”. La alusión de Kaine a los antecedentes empresariales de Trump –demandado miles de veces por impagos, según USA Today– resonó como una severa advertencia a los burócratas tentados por la oferta fácil.

En paralelo, demandas y acciones legislativas están en marcha para frenar lo que se percibe como un desmantelamiento peligroso. Diversos grupos de empleados federales y organizaciones pro-transparencia han preparado recursos legales argumentando que la iniciativa “Fork in the Road” excede la autoridad ejecutiva y vulnera leyes laborales. En el Congreso, los demócratas han introducido propuestas para bloquear fondos destinados a implementar esa política de renuncias pagadas, y exigen investigaciones sobre la influencia de Musk en agencias federales. “No se puede comprar, asustar ni intimidar a la fuerza laboral federal para que renuncie”, declaró un líder sindical, enfatizando que muchos servidores públicos han optado por quedarse “más decididos que nunca” tras percibir la maniobra como un intento de purga política.

Antecedentes: la relación tensa entre Elon Musk y la FAA

La FAA y Elon Musk han tenido una historial turbulento mucho antes de la actual crisis. Musk, célebre fundador de SpaceX y otras empresas aeroespaciales, ha chocado reiteradamente con los reguladores de aviación civil en su afán por acelerar la innovación. En 2021, frustrado por demoras en la autorización de lanzamientos experimentales de SpaceX, Musk llegó a calificar de “fundamentalmente defectuosa” la estructura regulatoria de la FAA en materia espacial. “Bajo sus normas, la humanidad jamás llegará a Marte”, tuiteó entonces, molesto por la postergación de un ensayo de cohete Starship que la FAA había frenado por motivos de seguridad. No era una bravuconada vacía: a finales de 2020, SpaceX ignoró advertencias explícitas de la FAA y procedió a lanzar un prototipo Starship (SN8) en Boca Chica, Texas, aun sabiendo que violaba los términos de su licencia. Tras esa prueba –que terminó en explosión–, la FAA abrió una investigación y reprendió a SpaceX por anteponer la prisa a la seguridad, señalando que actuar así “no concuerda con una cultura de seguridad sólida”. SpaceX evitó sanciones graves en esa ocasión, pero el incidente marcó un punto álgido en la escalada de tensiones.

Observadores señalan que Musk ha centrado su mira en la Oficina de Transporte Espacial Comercial (AST) de la FAA –encargada de licenciar y supervisar lanzamientos de cohetes privados–, a la que SpaceX ha acusado de ser “lenta” y excesivamente restrictiva. En septiembre de 2024, tras una serie de incidentes con cohetes, la FAA (vía AST) propuso multas por un total de 633.000 dólares a SpaceX por incumplimientos de seguridad. Musk reaccionó furiosamente: denunció a la agencia por “lawfare” (guerra judicial) y amenazó con demandarla por “exceso regulatorio”, llegando a exigir públicamente la dimisión del entonces administrador de la FAA, Mike Whitaker. “¡Basta ya!”, declaró en redes, acusando a Whitaker y su equipo de trabar el progreso tecnológico.

Hoy, con Musk actuando simultáneamente como regulado y regulador, las alarmas éticas se han disparado. Expertos legales señalan que Musk supervisa recortes que benefician directamente a sus empresas: por ejemplo, reducir el alcance de AST podría agilizar lanzamientos de SpaceX al eliminar trámites, pero a costa de relajar controles de seguridad. Miembros del Congreso han denunciado abiertamente esta situación. La representante Rosa DeLauro y el congresista James E. Clyburn emitieron en marzo una declaración conjunta condenando la “toma de control” de la FAA por parte de “un multimillonario sin control”. “Trump y Musk están saqueando fondos de los contribuyentes destinados a la seguridad de los estadounidenses para engrosar las ganancias de SpaceX y otorgar privilegios a sus amigos millonarios”, acusaron, afirmando que miles de empleos cruciales para la seguridad se están eliminando en la FAA. “Vuelos comerciales, operaciones militares, envíos médicos… ahora están en manos de una corporación privada, sin un plan claro para garantizar la seguridad”, alertó el comunicado en alusión al poder de Musk. Los legisladores también señalaron un posible conflicto de interés flagrante: Musk habría maniobrado para cancelar un contrato gubernamental adjudicado a un competidor de su empresa Starlink, con la aparente intención de reasignarlo a su propia compañía. “Estas acciones no buscan la seguridad de los estadounidenses; ponen la riqueza personal de Musk por encima de las vidas del pueblo”, sentenciaron.