Por Alejandro Plana
Hacer periodismo y contar información de interés público tiene un precio y el periodista Julian Assange es un claro ejemplo a nivel mundial de ello. Un periodista que fue perseguido políticamente y encarcelado por contar lo que Estados Unidos quería silenciar: crímenes de guerra, asesinatos indiscriminados contra civiles —recordemos aquel helicóptero que sobrevolaba Bagdad y disparó contra múltiples civiles y periodistas, incluyendo niños—, torturas, corrupción…
Sobre el periodista pesaba una injusta acusación de cargos encuadrados bajo la anacrónica Ley de Espionaje de 1917. Una ley aprobada en la Primera Guerra Mundial, que tenía como finalidad la persecución de espías en conflicto bélico y que había sido utilizada para perseguir políticamente a este periodista por publicar información veraz.
El periodista fue privado de libertad durante 14 años, siendo encarcelado sus últimos años en la prisión de máxima seguridad londinense de Belmarsh, conocida como la ‘Guantánamo británica’ por su durísimo régimen penitenciario. El propio relator especial de la ONU, Nils Melzer, denunció que los derechos del fundador de WikiLeaks eran “violados sistemáticamente” y de que mostraba “todos los síntomas típicos de una exposición prolongada a la tortura psicológica”. “Mientras el Gobierno de Estados Unidos procesa a Assange por publicar información sobre graves violaciones de derechos humanos, como la tortura y el asesinato, los funcionarios responsables de estos crímenes continúan en situación de impunidad”, denunció Melzer en 2019.
Finalmente, como ya sabemos, en junio de este año quedó en libertad tras lograr un acuerdo con el Departamento de Justicia de la administración Biden que le permitiría evitar la cárcel en Estados Unidos a cambio de declararse culpable de la anacrónica Ley de Espionaje.
“Es evidente que Julian Assange ha sido condenado por hacer periodismo, sin que las autoridades norteamericanas hayan tenido en cuenta la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que recoge la libertad de prensa como parapeto de protección para la acción periodística ante agresiones ilegítimas desde el poder”, afirmaba el abogado del periodista, Aitor Martínez, en una entrevista en este medio tras quedar el fundador de WikiLeaks en libertad.
Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano perteneciente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), el cual se encarga de asegurar la promoción y protección del derecho internacional de los derechos humanos en el continente americano, comienza la tramitación de la petición “Julian Assange vs Ecuador” en relación a la violación de sus derechos cuando las autoridades de Ecuador permitieron el ingreso de la policía británica en la embajada y su detención para ser sometido a extradición a Estados Unidos.
El 1 de agosto el CIDH notificó a Ecuador el plazo de 3 meses —prorrogables en un máximo de cuatro— para responder a la demanda interpuesta por la defensa de Julian Assange —Baltasar Garzón, Aitor Martínez y Carlos Poveda—, en relación con la violación de los derechos del periodista. Por lo que Ecuador tendría como máximo hasta el día 1 de diciembre del 2024 –en caso de que sucediera la prórroga— para presentar sus argumentos a la Comisión.
Recordemos que el gobierno de Lenin Moreno acordó con las autoridades norteamericanas y británicas la entrega del periodista, vulnerando gravemente sus derechos. Y todo ello, a pesar de que la defensa de Assange interpuso una medida cautelar para evitar que Ecuador pudiera levantar el asilo y entregar al periodista.
“La expulsión de la embajada, previo acuerdo secreto y espurio de la administración de Lenin Moreno con Reino Unido y Estados Unidos, el fin del asilo sin proceso alguno para la persona protegida y permitir que Julian Assange fuera detenido en la misión diplomática, conllevó que se sometiera al periodista a una persecución política”, explica la defensa de Assange.
En Europa, el Consejo de Europa, principal organización de derechos humanos del continente, hace un par de semanas calificó a Julian Assange como “preso político”. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), que reúne a parlamentarios de 46 países, expresó su profunda preocupación por el “trato desproporcionadamente duro” que enfrenta el periodista y denunció que esto ha tenido “un peligroso efecto paralizador” que socava la protección de periodistas y denunciantes en todo el mundo.
La Asamblea también pidió a Estados Unidos que investigara los crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos revelados por el periodista y Wikileaks y que reformara “urgentemente” la Ley de Espionaje de 1917.
Con este contexto, la demanda internacional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede sentar un precedente relevante en relación a las obligaciones de los Estados en materia de asilo, así como los derechos de los periodistas contra la persecución política, ya que podría conectar con la resolución dictada por su homólogo en el continente europeo, el cual, como ya hemos visto, ha calificado al periodista como “preso político”.
En declaraciones a Diario Red, el abogado de Assange, Aitor Martínez, ha trasladado que esta situación es “lo peor que le podía pasar a Ecuador”, ya que la demanda presentada ante el CIDH, que alega que el periodista fue entregado contraviniendo los derechos recogidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “podría alinearse con lo resuelto por el Consejo de Europa, ya que la entrega de Julian Assange por Ecuador a las autoridades británicas posibilitó la persecución que se materializó contra él durante su largo proceso de extradición y la situación que vivió en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh”.
Publicado en diario.red
