La CIA y una empresa española declaradas culpables de violar los derechos de los visitantes de Assange en la Embajada de Ecuador

Assange

Por José María Irujo

Un juzgado de Nueva York concluyó que la empresa española UC Global S.L. y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) violaron los derechos y la privacidad de los ciudadanos norteamericanos que visitaron a Julián Assange durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres, derechos que garantiza la cuarta enmienda de la Constitución.

Cuatro ciudadanos estadounidenses, dos abogados y dos periodistas, demandaron por espionaje a Mike Pompeo, exdirector de la CIA, a la agencia de inteligencia y a David Morales, exmilitar español propietario de la compañía con sede en Jerez de la Frontera, España, que se ocupaba de la seguridad en la legación diplomática.

El juez John G. Koeltl dictó una resolución en la que reconoce la violación de los derechos de los demandantes cuando los empleados de UC Global S.L. se hicieron con sus teléfonos móviles y fotografiaron sus claves y contenido, unas prácticas que considera ilegales, según publica el diario español El País este viernes.

En cambio, las grabaciones con micrófonos de sus conversaciones en la embajada y las fotografías a sus pasaportes no son ilegales, según esta resolución. Y lo argumenta por la «no expectativa de privacidad de los demandantes en esa embajada» al ser un lugar público.

El fallo es un éxito para los demandantes y un problema para la CIA, ya que los primeros exigirán ahora la desclasificación de la operación de la CIA. El juez deberá autorizarla, según señalan fuentes jurídicas al periódico español.

Una misión secreta, cuyos detalles –audios, videos, correos y documentos– fueron develados por una investigación de El País, presentó pruebas de las cuatro víctimas del espionaje ante la justicia de Nueva York.

El juez señala en su veredicto que los demandantes presentaron «pruebas suficientes» de que Morales actuó como agente o colaborador y siguiendo las instrucciones de la CIA y de su director Pompeo, exsecretario de Estado durante el gobierno de Donald Trump.

Mike Pompeo y Donald Trump

La demanda contra Pompeo fue presentada en agosto de 2021 por las abogadas Margaret Ratner Kunstler y Deborah Hrbek y los periodistas John Goetz y Charles Glass, ambos especialistas en temas de seguridad nacional.

Todos ellos visitaron a Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, al igual que centenares de personas y, según la demanda, fueron espiados más de 100 ciudadanos norteamericanos, incluyendo los abogados y médicos del australiano, por orden de la CIA durante el mandato de Pompeo.

La compañía UC Global S.L. espió para el gobierno de Estados Unidos las conversaciones de Assange con sus abogados y colaboradores cuando preparaban su estrategia de defensa frente a la petición de extradición de ese país por revelar información secreta de las guerras de Irak y Afganistán.

Semanas después, la Policía detuvo a su propietario y director, David Morales. El exmilitar está desde entonces en libertad provisional y la Audiencia Nacional de España lo investiga por presuntos delitos contra la intimidad y contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, apropiación indebida, cohecho y blanqueo de capitales.

El director de UC Global, David Morales.

El espionaje a Assange comenzó en diciembre de 2017. Morales ordenó la instalación en la embajada de nuevas cámaras de video con micrófonos, así como de aparatos de escucha en los extinguidores y en el cuarto de baño de mujeres, donde se reunían los letrados ante la sospecha de ser espiados.

Las cámaras operaban para que desde Estados Unidos pudieran ver en directo a Assange en Londres. Había tres canales de acceso «uno para Ecuador, otro para nosotros y otro para X», según recogen los correos enviados a sus trabajadores.

El sistema permitía que los agentes ecuatorianos ignoraran el acceso abierto al espionaje. La información recabada de cada visita que recibía Assange se enviaba a un servidor FTP (file transfer protocol) en Jerez de la Frontera, España.

Trabajadores de UC Global S. L. y varios testigos protegidos que declararon en la causa judicial aseguran que a ese servidor se tenía acceso desde la CIA, y que Morales no quiso revelar la identidad de «sus amigos americanos».

En la computadora del militar español se encontraron carpetas con el nombre «CIA». El equipo de UC Global S.L. instaló, también por orden de Morales, pegatinas que eliminan la vibración en las ventanas de las habitaciones que frecuentaba el activista australiano para facilitar la captación de conversaciones desde el exterior mediante micrófonos láser supuestamente empleados por la CIA.

El espionaje creció cuando se sospechó que planeaba salir de la embajada en 2017 con estatus diplomático ecuatoriano y dirigirse a Rusia, algo que sus letrados y Assange niegan. El destino final, según aseguran, era Ginebra, Suiza.

Entre los espiados en la embajada está Glenn Greenwald, el hombre al que Edward Snowden le facilitó la exclusiva sobre el espionaje masivo de la agencia de inteligencia estadounidense NSA.

Durante su visita, le fotografiaron los visados a Rusia de su pasaporte, además de su teléfono móvil. Entre los clientes de Morales estaba el magnate del juego Sheldon Adelson, ya fallecido, dueño de Las Vegas Sands, amigo del expresidente Trump y uno de los principales donantes del Partido Republicano. El propio exmilitar ofrecía seguridad al yate de Adelson cuando navegaba por aguas del Mediterráneo.

Publicado en El País (España).

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