Por Santiago O´Donnell y Tomás Lukin-
La investigación de la justicia argentina sobre las presuntas maniobras desplegadas por Lázaro Báez para lavar fondos no declarados provenientes de contratos de obra pública se originó después de la emisión de un informe de Periodismo Para Todos conducido por Jorge Lanata el 14 de abril de 2013. El programa difundió los testimonios de Federico Elaskar y Leonardo Fariña, quienes aseguraban que habían armado el entramado de sociedades offshore necesarias para fugar alrededor de 55 millones de euros que, al final del circuito, eran depositados en cuentas bancarias suizas controladas por el empresario de la construcción y su familia. Elaskar era el propietario de la financiera Southern Globe Investments (SGI) ubicada en Puerto Madero, conocida como “La Rosadita”, y Fariña era el asesor financiero que hacía de nexo con el propietario de Austral Construcciones.
El relato de las operaciones incluía el traslado de bolsos de billetes desde Santa Cruz hasta Buenos Aires en aviones privados y la participación de figuras secundarias de la farándula porteña. Los jóvenes que se autoincriminaban en los delitos daban a entender que el propietario de Austral Construcciones era socio de la familia Kirchner. Fariña había sido desplazado de las operaciones, y Elaskar denunciaba que lo habían extorsionado para que vendiera su financiera. Al día siguiente de la emisión del programa, en medio de evidentes presiones, ambos súbitamente se retractaron en público, pero el informe publicitado como “ruta del dinero K” sirvió para que la Justicia federal recibiera dos denuncias de televidentes que pusieron en marcha la investigación judicial. La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7, con la participación de la Fiscalía Federal Nº 9 a cargo del fiscal Guillermo Marijuán.
Federico Elaskar.
El instrumento utilizado por los colaboradores de Báez, como el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco, para comprar la financiera fue una empresa llamada Helvetic Services Group. La Justicia consideró que la offshore y la financiera fueron utilizadas para las presuntas maniobras de lavado, fuga y evasión. El expediente judicial señala que entre diciembre de 2012 y abril de 2013 se habrían realizado operaciones financieras con títulos públicos que permitieron a Austral Construcciones reingresar en el país una suma aproximada de 33 millones de dólares. Helvetic Services Group y su accionista Néstor Marcelo Ramos fueron considerados por la Justicia y los medios como álter ego de Báez. La empresa tiene sede en Lugano, Suiza, y en los papeles pertenece en un tercio a Ramos y en las dos partes restantes a la ciudadana italiana Ursula Verena Fontana. Los negocios realizados por esa firma y sus vinculadas también fueron involucrados en la investigación judicial.
Leonardo Fariña.
En paralelo a la causa que tramitaba en el fuero federal, el fondo NML Capital inicia una causa judicial en los Estados Unidos para conocer información referida a la red de 123 empresas que utilizaría Báez. No recurrieron a la causa a cargo de Casanello y Marijuán, sino que basaron su denuncia en una investigación paralela impulsada por el titular de la Fiscalía de Distrito de Saavedra y Núñez, José María Campagnoli. La investigación del fiscal indicaba que las presuntas maniobras de lavado se habían valido de más de cien LLC de Nevada que tenían el mismo domicilio y el mismo director, Aldyne Ltd. de Seychelles. El 13 de agosto de 2013, el fondo NML solicitó información referida a las actividades de 123 sociedades en Las Vegas que, según afirmaban, eran las mismas señaladas “Entidades de Báez” referidas en el informe de Campagnoli.
La difusión de los Panama Papers, que colocaron al presidente Mauricio Macri entre los cinco mandatarios en funciones con operaciones realizadas a través de Mossack Fonseca, coincidió con la detención del empresario de la construcción Lázaro Báez en el marco de la causa a cargo del juez Casanello, el mismo que también quedaría al frente de la pesquisa sobre las
aventuras offshore de Macri.
El domingo 3 de abril, los medios que habían participado de la investigación publicaron en simultáneo los primeros artículos sobre los usuarios de las estructuras offshore montadas por los mayoristas offshore panameños. El martes 5 de abril, el empresario quedó detenido cuando su avión privado aterrizó en el aeropuerto de San Fernando y, a las dos semanas, fue procesado por el presunto delito de lavado de dinero.
Desde entonces, los Panama Papers permitieron enriquecer las historias detrás de algunas de las sociedades vinculadas con
los individuos mencionados en esa investigación judicial. Pero antes que ampliar la evidencia disponible sobre las maniobras de Lázaro Báez o revelar las vinculaciones offshore con la familia Kirchner, los archivos del estudio Mossack Fonseca aportaron indicios de operaciones realizadas por los intermediarios para otros empresarios. La ruta no era K, la ruta era A. Los mismos intermediarios que diseñaron las operaciones que llevaron a la detención del propietario de Austral Construcciones prestaban sus servicios a distintos argentinos ávidos de girar dinero al exterior eludiendo controles, ocultando sus identidades y minimizando el pago de impuestos al abrir cuentas o adquirir inmuebles sin declararlos.
Los Panama Papers no sólo revelan la repetición en los nombres de los abogados, contadores y escribanos, sino que muestran cómo sociedades involucradas en las maniobras financieras del patagónico participaron de manera activa en operaciones realizadas por Jorge Macri, los dueños de Garbarino, accionistas de la desarrolladora inmobiliaria Continental Urbana, el propietario de la firma Esuco y ex titular de la Cámara de la Construcción, titulares de sociedades de bolsa con negocios diversificados en el juego y el fútbol, gerentes del Grupo Pérez Companc, entre otros.
Durante la investigación judicial ad hoc que montó, el fiscal Campagnoli aseguró que Helvetic Services Group era lo mismo
que “Báez y sus socios”. Pero la aseveración se desplomó con los Panama Papers. “La firma funciona como una sociedad
vehículo: una suerte de tren en constante movimiento, donde se suben y bajan activos de distintas personas que buscan reducir u ocultar parte de su patrimonio. A cada usuario se le entrega un poder notarial que le permite operar su parte del negocio”, explicó el escrito con el que el juez Casanello procesó a Báez y a su contador Pérez Gadín en abril de 2016.
Los archivos robados a Mossack Fonseca y otras fuentes públicas de información como el registro de sociedades británicas muestran que Néstor Marcelo Ramos, abogado ítalo-argentino radicado en Suiza, no era un “enigmático testaferro” de Báez sino un activo intermediario en el mundo offshore.
De acuerdo con los escritos del magistrado, Helvetic Services Group “asumía la titularidad de negocios que no eran propios — ocultamiento del verdadero dueño— , y en función de ello extendía poderes amplios para realizar las operaciones a los verdaderos interesados en el negocio. Es decir que Helvetic no era simplemente Lázaro Báez, era más que eso. Y para saber en nombre de quién operaba, se debe buscar en esos poderes y en las constancias que exhiban a los verdaderos interesados en cada negocio de Helvetic”. La offshore Helvetic Services Group era sólo uno de los instrumentos utilizados por Ramos que aparecieron asociados a los personajes mencionados en la causa Báez. Otra de las sociedades vinculadas con el intermediario que figura en distintas maniobras investigadas por la Justicia desde 2013 es la firma Swisser AG, ubicada en la Via Cantonale 6 de la ciudad de Lugano.
“Las pruebas hasta aquí reunidas han permitido sostener que aquella firma extranjera habría sido circunstancialmente empleada por Lázaro Báez y su grupo de allegados para efectuar maniobras tendientes al lavado de activos durante el período aquí analizado, pero también existen pruebas de que dicha firma habría sido utilizada, o se encontraría del algún modo vinculada, con otras personas o grupos empresarios ajenos a los aquí investigados”, sostiene el juez en sus escritos. No ser el dueño de Garbarino no hace menos culpable a Báez, quien con el transcurso de los meses siguió acumulando evidencias en contra, incluyendo el descubrimiento de una cuenta bancaria no declarada en Suiza con 25 millones de dólares, que tendría a él y a su familia como beneficiarios finales.
Sin embargo, la espectacularidad con que la Justicia y los medios de comunicación abordaron la investigación sobre Báez
sirvió para ocultar, ignorar o minimizar al resto de los usuarios corporativos de esas plataformas utilizadas para fugar capitales
y evadir impuestos. Los consumidores devotos de las peripecias de la “ruta del dinero K” fueron inmunes a las revelaciones ofrecidas por los Panama Papers.
Existen distintas investigaciones judiciales que analizan posibles irregularidades e incompatibilidades en los negocios que vinculan a Báez con los Kirchner, por ejemplo, en emprendimientos hoteleros y desarrollos inmobiliarios. Sin embargo, los
Panama Papers no permitieron establecer vínculos con la familia de los ex presidentes argentinos.
“No hemos encontrado ninguna prueba decisiva de su vinculación con los Kirchner que nos permita, por así decirlo, sorprenderlos con las manos en la masa”, explican en su libro los periodistas del Süddeutsche Zeitung. “Nuestros compañeros argentinos del diario La Nación estaban entusiasmados ante la perspectiva de airear los negocios secretos de su entonces Presidenta. Pero tampoco encontraron pruebas de nada ilegal ni que incriminara a la pareja. Ahora estamos seguros: una gran parte de las ciento veintitrés empresas está relacionada con el caso argentino sólo en la medida en que las empresas internas de Mossack Fonseca que actúan como testaferros son las mismas que gestionan las pocas empresas que probablemente puedan atribuirse a personas de confianza de los Kirchner”, escribieron los autores. “Da la impresión de que, al menos en gran parte de estas empresas, se cumple lo que Mossack Fonseca nos respondió en febrero de 2015, es decir que no tenían nada que ver con el caso de NML contra Argentina’”. En ese sentido, Obermayer y Obermaier explican en su libro que “los que montaron el entramado que se oculta detrás de las típicas sociedades pantalla lo hicieron muy bien. Las pistas acaban en empresas anónimas de Suiza y otros lugares. Éstos son los límites de los datos que tenemos: lo que los clientes ocultan a Mossack Fonseca también nos lo ocultan a nosotros. El rastro no nos lleva a los Kirchner, sino a chocar contra una pared negra”.
Pasaje del libro ArgenPapers, publicado en 2017 (Sudamericana).
