El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la dirección de la fiscal general Pam Bondi, eliminó las protecciones de la era Biden que resguardaban a los periodistas de la confiscación de sus registros o de ser obligados a testificar en investigaciones sobre filtraciones gubernamentales.
La decisión, anunciada en un memorando el 25 de abril, revoca las regulaciones establecidas por el exfiscal general Merrick Garland en 2021 y formalizadas en 2022, tras revelarse que la administración Trump había obtenido en secreto registros telefónicos y de correo electrónico de reporteros de medios como The New York Times, CNN y The Washington Post.
Bondi argumentó que las protecciones de la era Biden fueron un «abuso”, permitiendo filtraciones con motivaciones políticas a “aliados mediáticos” que socavaron las operaciones gubernamentales. La nueva política permite a los fiscales emitir citaciones, órdenes judiciales y órdenes de registro para obtener registros o testimonios de periodistas, siempre que estas acciones sean precisas, aprobadas por los líderes del Departamento de Justicia y notifiquen previamente a los periodistas.
Bondi enfatizó que el cambio busca proteger “información clasificada, privilegiada y sensible” y frenar filtraciones que “socaven las políticas del presidente Trump”, aunque críticos advierten que podría extenderse más allá de la información clasificada para atacar revelaciones que incomoden políticamente a la administración.
Defensores de la libertad de prensa, como el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa de EE.UU., han condenado la medida, argumentando que amenaza la capacidad de los periodistas para proteger fuentes confidenciales, algo crucial para reportajes históricos como Watergate o las revelaciones sobre escuchas ilegales tras el 11 de septiembre. Bruce Brown, presidente del comité, afirmó que las protecciones sólidas para los periodistas benefician al público al garantizar el flujo libre de información.
Aunque el memorando de Bondi asegura respetar la independencia de la prensa e incluye salvaguardas procesales — como requerir su aprobación para interrogar o arrestar a periodistas — , el lenguaje vago genera preocupaciones sobre un posible abuso.
Por ejemplo, el memorando sugiere que las investigaciones podrían dirigirse a filtraciones que “victimicen a agencias gubernamentales” o “causen daño al pueblo estadounidense”, términos que podrían interpretarse ampliamente.
Este cambio de política coincide con acciones recientes del Departamento de Justicia, incluidas referencias penales de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, por supuestas filtraciones a grandes periódicos, y sigue los llamados de Trump para investigar a exfuncionarios.
Con información de politico.com y reuters.com
