Por Stanley Luna-
A casi tres meses de que que el periódico especializado en crimen organizado, InSight Crime, filtrara un video que sacudió al poder político hondureño porque en él se ve a Carlos Zelaya, exdiputado del Congreso y cuñado de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, negociando sobornos con narcotraficantes en 2013, la administración de Castro mantiene firme la decisión de suspender un acuerdo de extradición con Estados Unidos.
Esto tensa las relaciones entre los dos gobiernos, ya que en los últimos 10 años el acuerdo ha permitido la extradición de al menos 60 hondureños para ser procesados por delitos relacionados con el narcotráfico en cortes estadounidenses, incluido el expresidente saliente Juan Orlando Hernández, condenado en marzo de este año a 45 años de cárcel por narcotráfico.
El pasado 28 de agosto, cinco días antes de que InSight Crime difundiera el video de Carlos Zelaya con los Cachiros -una de las mayores bandas de narcotraficantes de Honduras- y tras contactar a Ramón Matta Waldurraga, uno de los narcotraficantes que aparecen en el video y quien fue excarcelado en 2019, sorpresivamente Castro anunció el fin del acuerdo de extradición.
La presidenta hondureña se excusó en las críticas de Laura Dogu, embajadora estadounidense en Honduras, sobre las reuniones que habían tenido jefes militares hondureños con Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, en 2019. Castro dijo que no permitiría que se use la extradición como un “instrumento” para chantajear o intimidar a las Fuerzas Armadas. Mientras que un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a Honduras que reconsidere este acuerdo. De no retractarse en su decisión, las extradiciones de ciudadanos hondureños por señalamientos de narcotráfico llegarán hasta el 28 de febrero de 2025.
Honduras carece de recursos para investigar y judicializar los grandes casos de crimen organizado y por ello el acuerdo de extradición es importante, señala InSight Crime, en un análisis sobre este caso. “Es probable que las referencias a las personas cercanas a la presidenta durante juicios por narcotráfico en Estados Unidos hayan inquietado a la familia. Las condenas a traficantes y políticos hondureños, entre ellas la de Hernández hace algunos meses, se basaron en gran parte en testimonios de testigos más que en evidencia física, y han llevado a veredictos condenatorios de forma consistente”, dice.
El video de la reunión de Carlos Zelaya con los narcotraficantes fue grabado en noviembre de 2013 con una cámara espía instalada en el reloj de Devis Rivera, un exlíder de los Cachiros, a semanas de las elecciones presidenciales en las que Castro perdió la Presidencia frente a Hernández. Por esos días, el Congreso hondureño también había realizado una reforma constitucional para agilizar la extradición de sus ciudadanos a Estados Unidos por causas de narcotráfico.
Debido al congelamiento de cuentas y bienes como parte de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Devis y su hermano Javier comenzaron a grabar sus reuniones con políticos y narcotraficantes con cámaras espías. Y, en diciembre de 2013, tras negociar con la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) entregaron a las autoridades de ese organismo este video, que fue sellado, de acuerdo con InSight Crimen. Luego, una fuente con conocimiento del video filtró el material a InSight Crime y otras dos fuentes confirmaron la autenticidad del video.
Renuncias antes de la publicación
El video, publicado el 3 de septiembre, dura 34 minutos. En los primeros 20 minutos se observa a un grupo de narcotraficantes: Devis, Javier, Carlos Lobo, Ramón Matta Waldurraga y Héctor Fernández Rosas, quienes hablan de supuestos sobornos entregados a Manuel “Mel” Zelaya”, esposo y asesor de Castro, y expresidente hondureño derrocado por un golpe de Estado en 2009. Después aparece Carlos Zelaya, el hermano de “Mel”, junto a Adán Fúnez, alcalde de la ciudad de Tocoa, el lugar donde operan fuertemente los Cachiros; y Carlos Muñoz, excandidato a diputado suplente, para negociar sobornos por más de medio millón de dólares a cambio de apoyar al Partido Libre, fundado por “Mel”, y la entonces campaña de Castro. En este encuentro, Carlos incluso bromea con que la mitad del dinero que recibiría sería para “el comandante”, el apodo con el que en la política conocen a “Mel”.
El 31 de agosto, cuando InSight Crime aún no publicaba la investigación, Carlos Zelaya fue citado a declarar al Ministerio Público y también dio una conferencia de prensa en la que confirmó la reunión con los Cachiros, pero negó haber recibido sobornos. Según Carlos Zelaya, él viajó a San Pedro Sula, la capital industrial hondureña, por invitación de un “grupo de empresarios”. Ese día anunció su renuncia como diputado y secretario del Congreso hondureño. Al día siguiente, su hijo José Manuel Zelaya renunció al cargo de ministro de Defensa para que “se investigara con toda libertad”, dijo.
Castro, por su parte, dio una conferencia de prensa, en cadena nacional, horas después de que el 3 de septiembre InSight Crime publicó la investigación. “Condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos”, se limitó a decir, sin negar ni confirmar la reunión de Carlos con narcotraficantes. Al tiempo que señaló que la revelación periodística se trataba de un plan en marcha para “destruir su gobierno socialista y democrático”.
En varias ocasiones, diferentes narcotraficantes procesados en cortes estadounidenses han señalado que “Mel” Zelaya recibió sobornos mientras fue presidente (2005-2009), acusaciones que él niega. Uno de los que lo incrimina es Rivera, condenado por tráfico de drogas en Estados Unidos y quien en el juicio contra el expresidente Hernández, en 2022, se refirió al video publicado en septiembre pasado por InSight Crime y también señaló a Carlos Zelaya de haber usado una pista de aterrizaje clandestina para ingresar cocaína a Honduras.
“En Honduras es común que los políticos acepten dinero del narcotráfico y luego se volteen y digan que nunca lo aceptaron. Entonces los grabé, no para extorsionarlos, sino para que se sepa que estos políticos corruptos estaban haciendo eso”, dijo Rivera.