Una filtración masiva de documentos internos puso al descubierto una operación clandestina dentro de Grupo Televisa dedicada a la manipulación informativa y campañas de desprestigio contra personas consideradas “enemigas” de la compañía. Más de 5 terabytes de archivos confidenciales –incluyendo correos, chats, videos, fotos, guiones e informes internos– fueron obtenidos y difundidos a finales de abril por el equipo de investigaciones especiales de Aristegui Noticias. Los documentos revelan cómo, durante al menos seis años (2018-2024), la mayor empresa de medios en habla hispana operó una “fábrica” de noticias falsas, montajes y ataques orientados a proteger sus intereses políticos y económicos.

Origen de la filtración y el grupo clandestino

La existencia de esta maquinaria de desinformación salió a la luz gracias a un informante interno. Se trata de Germán Gómez García, un joven excolaborador de Televisa que trabajó encubiertamente en dicho esquema durante siete años y finalmente filtró el material a la prensa. Gómez entregó a Aristegui Noticias un disco duro con los 5 terabytes de datos que documentan la actividad de un grupo secreto dentro de Televisa, conocido con el nombre clave “Palomar”. Este equipo –conformado por empleados de Televisa y de la empresa externa Metrics to Index, e incluso por al menos dos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– operaba desde un centro de mando en las instalaciones de Televisa Chapultepec (CDMX), bajo la antena principal de la televisora.

Al frente de “el Palomar” estaba el abogado y analista político Javier Tejado Dondé, vicepresidente de Información de Televisa hasta hace poco tiempo. Los archivos filtrados muestran que Tejado coordinaba reuniones de “war room” (cuarto de guerra) donde se definían objetivos a atacar o mensajes a posicionar. A partir de esas directrices, un equipo multidisciplinario –redactores, editores de video, diseñadores, expertos en datos y operadores de redes sociales– fabricaba contenido manipulado: desde notas y videos con información distorsionada, hasta memes y la gestión de ejércitos de bots en redes para amplificar mensajes falsos. Todo el trabajo de este grupo clandestino era reportado a la alta dirección de Televisa: según los documentos, Tejado Dondé informaba directamente a ejecutivos como Emilio Azcárraga Jean (presidente de Televisa hasta 2024), Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, quienes habrían estado al tanto de estas operaciones encubiertas. Otros directivos, como Rubén Acosta Montoya (TelevisaUnivisión) o Dora Alicia Martínez (exdirectora de Asuntos Electorales de Televisa, hoy aspirante a ministra de la SCJN), también recibían los reportes y productos de “Palomar”.

Campaña secreta contra Carlos Slim

Entre los objetivos principales de Televisa figuraba uno de los hombres más ricos e influyentes de México: Carlos Slim Helú, magnate de las telecomunicaciones. Las tensiones entre Slim (propietario de Telmex, América Móvil y otros negocios) y Televisa vienen de años atrás, especialmente por la competencia en televisión de paga, telefonía e internet, así como por los derechos de transmisión del fútbol mexicano. De acuerdo con los documentos filtrados, Televisa –a través del equipo Palomar– orquestó campañas negras sistemáticas para dañar la imagen de Slim y sus empresas.

Una de las acciones más contundentes reveladas por Televisa Leaks fue tras la tragedia de la Línea 12 del Metro en mayo de 2021, cuando colapsó un tramo elevado causando 26 muertes. Los archivos internos muestran que Televisa aprovechó la crisis para culpar exclusivamente al Grupo Carso (propiedad de Slim) del desplome, soslayando que otras constructoras también estuvieron involucradas (entre ellas ICA, ligada a directivos de Televisa). En redes sociales se impulsaron mensajes que presentaban a la empresa de Slim como la única responsable del desastre, a fin de desviar la atención de otros posibles responsables.

Asimismo, Televisa habría financiado y promovido publicaciones engañosas que acusaban a Slim de ambicionar el control del fútbol nacional. Según la investigación, en 2017-2021 circuló en páginas y cuentas falsas la versión de que Slim pretendía “privatizar” la liga mexicana de fútbol para quedarse con todos los derechos de transmisión, insinuando una supuesta amenaza a un “patrimonio del pueblo”. Esta narrativa buscaba demonizar al empresario ante la opinión pública –presentándolo como acaparador y antipopular– y a la vez proteger los intereses de Televisa en las lucrativas transmisiones de la selección mexicana.

Las revelaciones de Televisa Leaks confirman que la televisora destinó recursos y personal para estas campañas contra Slim. Una red de perfiles falsos, bots y sitios web manipulados difundió contenido para desprestigiar al magnate, inculpándolo de tragedias y atribuyéndole intenciones ominosas, todo con el fin de minar su reputación pública y frenar la competencia que sus empresas representaban en telecomunicaciones y deportes.

Otras operaciones encubiertas reveladas

Los 5 TB de comunicaciones internas no sólo documentan la guerra sucia contra Slim, sino una amplia gama de campañas de manipulación ejecutadas por Televisa contra diversos blancos. Entre los hallazgos más relevantes de Televisa Leaks destacan casos que involucran a políticos, periodistas, jueces e incluso empresas rivales. A continuación, algunos ejemplos notables extraídos de la filtración:

• Injerencia en la Corte: Televisa operó para favorecer la carrera del ministro Arturo Zaldívar, impulsando en 2018 una estrategia en redes que lo proyectó positivamente y coadyuvó a su elección como presidente de la Suprema Corte de Justicia (2019-2022). Gracias a este cabildeo encubierto, Televisa obtuvo después contratos públicos millonarios de la Corte –por ejemplo, la producción de una serie documental– beneficiando a ejecutivos vinculados a la televisora.
• Ataques a periodistas críticos: La periodista Carmen Aristegui y su portal de noticias fueron objetivo recurrente de la campaña sucia. El nombre de Aristegui aparece cientos de veces en los chats filtrados, donde se planificaban tácticas para desacreditar sus investigaciones incómodas para Televisa. Por ejemplo, bajo supervisión de Javier Tejado, se fabricaron guiones, “chats” falsos de WhatsApp, videos editados y estrategias de bots para intentar minar la credibilidad de Aristegui Noticias cada vez que publicaba reportajes adversos a los intereses de la televisora. Televisa Leaks muestra cómo el equipo monitoreaba constantemente el programa radiofónico y el sitio web de Aristegui; si algún contenido resultaba inconveniente para Televisa, de inmediato se desataba la andanada de ataques en redes, con imágenes manipuladas y noticias falsas dirigidas a confundir al público o difamar a la periodista.
• Montaje contra un magistrado: En uno de los episodios más escandalosos, empleados de Televisa montaron un falso caso de abuso sexual infantil para perjudicar a un magistrado federal que resultaba incómodo tanto para la televisora como para el gobierno. Según la investigación, el equipo de “Palomar” escenificó supuestas denuncias –con actores, voces distorsionadas y rostros cubiertos en video– acusando al hijo menor de dicho magistrado de agredir a una compañera. El material trucado fue difundido para desprestigiar al juez, en represalia por fallos judiciales que habían afectado intereses de Televisa o de sus aliados políticos. Este caso, conocido como “Caso Westhill” (por el colegio donde supuestamente ocurrió el abuso), ejemplifica el extremo al que llegó Televisa en la fabricación de mentiras con tal de destruir reputaciones.
• Guerra sucia empresarial: Los documentos filtrados también revelan ataques contra competidores en el ámbito empresarial. Por ejemplo, Televisa dirigió campañas encubiertas contra TV Azteca (su rival en televisión abierta) y contra su propietario, Ricardo Salinas Pliego, intensificando la histórica pugna entre ambas televisoras por audiencia y publicidad. Asimismo, se evidenció cómo difamaron a la aerolínea Interjet, propiedad del empresario Miguel Alemán, calificándola públicamente de “impuntual” e “insegura” en medio de una disputa comercial; esta campaña negativa contribuyó al desplome de la reputación de la aerolínea, que eventualmente se declaró en bancarrota en 2020.

Estos ejemplos –entre muchos otros contenidos en la filtración– dejan al descubierto el modus operandi de Televisa para “construir o destruir” prestigios a conveniencia. Los “enemigos” podían ser figuras de cualquier esfera: desde medios competidores, políticos de oposición o funcionarios no alineados, hasta aliados temporales que necesitaban impulso mediático. De hecho, los archivos sugieren que la red de desinformación de Televisa actuaba de forma mercenaria, vendiendo sus servicios al mejor postor: en ciertos momentos difundió mensajes favorables a la 4T (la Cuarta Transformación del gobierno) y en otros promovió narrativas opositoras, todo dependiendo de quién pagara por la campaña. Así, por las mismas redes de bots asociadas a Metrics circularon tanto contenidos contra figuras como el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador o el fiscal Alejandro Gertz, como elogios hacia políticos de distintos bandos (se mencionan campañas positivas para Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, Xóchitl Gálvez y otros). La filtración muestra que la ética era inexistente: el objetivo era proteger y ampliar el poder de Televisa, sin importar ideologías, recurriendo a la mentira como herramienta habitual.

Silencio y repercusión en los medios mexicanos

A pesar de la gravedad de estas revelaciones –que algunos analistas califican de “escándalo monumental”– la reacción en el ecosistema mediático mexicano ha sido desigual. La investigación Televisa Leaks ha recibido una cobertura limitada en medios tradicionales. De hecho, predominó un silencio estruendoso en la mayoría de periódicos nacionales, noticieros televisivos y grandes portales informativos ligados al establishment. Ni los canales de Televisa ni muchos de sus competidores han dado mayor espacio a la noticia, y en general las cabezas principales de la prensa la omitieron en sus portadas, como si el escándalo “no existiera”. Este mutismo contrasta con la amplia discusión que el tema sí provocó en el ámbito digital: en redes sociales, YouTube, foros independientes y sitios internacionales, Televisa Leaks generó debates encendidos y numerosas reacciones de usuarios indignados.

Expertos y defensores de la libertad de expresión atribuyen la falta de cobertura a dos factores principales. Por un lado, a la histórica complicidad entre el poder mediático y político en México, que habría derivado en una suerte de pacto de silencio para no exhibir a Televisa –corporación que por décadas ha tenido estrechos lazos con los gobiernos y ha influido en la carrera de innumerables figuras públicas–. Por otro lado, señalan el temor: Televisa ha acumulado tanto poder que muchos periodistas y medios temen represalias si amplifican el escándalo. “La empresa hizo y deshizo carreras políticas, periodísticas y artísticas por años; es natural que haya miedo a enfrentársele”, opina Pablo Arredondo, especialista en comunicación del ITESO, entrevistado por DW. De hecho, algunos comunicadores que osaron comentar el tema públicamente lo hicieron con cautela, mientras otros optaron por ignorarlo.

Hubo también intentos de desacreditar la filtración y a sus mensajeros. Voces afines a Televisa sugirieron inicialmente que los datos podrían estar “manipulados” o fuera de contexto. El propio Javier Tejado Dondé –señalado como operador de la red sucia– negó la veracidad de la información filtrada, tachándola de falsa, y amenazó con emprender acciones legales por “daño moral”. Asimismo, en algunos medios se intentó descalificar al filtrador, Germán Gómez, llegando a especular sobre su estado mental o sus motivaciones económicas, en un esfuerzo por restarle credibilidad. Sin embargo, organizaciones civiles salieron en defensa del joven informante, subrayando la importancia de proteger a quienes denuncian irregularidades de alto interés público –un área donde México carece de marcos legales sólidos–. Colectivos como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) recordaron que sin informantes valientes, escándalos como éste jamás saldrían a la luz, e instaron a evitar su criminalización.

Implicaciones políticas y posibles consecuencias legales

Hasta el momento la respuesta política e institucional ha sido tímida. Organizaciones como Artículo 19 lamentan que ni el Congreso ni las autoridades reguladoras hayan anunciado investigaciones de fondo o medidas correctivas frente a las evidencias presentadas. “Hay una gravísima omisión” –señala Alfredo Figueroa, exconsejero electoral y analista político– “esto debiera ameritar comparecencias, sanciones e incluso revisar concesiones, pero prevalece la inacción”. De igual forma, Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras han criticado que este caso pone de manifiesto los vacíos legales en México para sancionar la corrupción mediática y proteger a la sociedad de la desinformación masiva.

En teoría, Televisa –al operar medios concesionados– está obligada a apegarse a ciertas normas de interés público, e incluso podría enfrentar la revocación de licencias si se comprobara un abuso grave de su posición. Sin embargo, expertos señalan que no existen mecanismos claros para retirar una concesión de radio/TV por casos de este tipo. “En Europa existen leyes que regulan los discursos de odio y protegen a las audiencias vulnerables, incluso con sanciones a medios; en México eso está lejano”, apunta Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 México. La clase política se ha mostrado renuente a cambiar esta situación: iniciativas para establecer códigos de ética y límites a la concentración mediática han naufragado entre el cabildeo empresarial y la falta de voluntad. Diversos analistas coinciden en que el escándalo Televisa Leaks debería servir como llamada de atención para reabrir el debate sobre la regulación de medios y las campañas de desinformación en el país, más aún en la era de las redes sociales donde la información falsa puede tener impactos electorales y sociales muy serios.

Del lado judicial, el caso podría derivar en pleitos en múltiples frentes. Televisa y sus directivos implicados podrían enfrentar demandas por difamación por parte de algunas víctimas de las campañas negras (empresarios o funcionarios dañados en su honor). Incluso, se ha mencionado la posibilidad de acciones legales en Estados Unidos, dado que Grupo Televisa cotiza en la bolsa de Nueva York y podría haber violado normativas al no revelar estas operaciones irregulares en sus reportes corporativos. Por otra parte, la empresa ha insinuado que podría demandar al informante o a los periodistas por “robo” de datos y revelación de secretos. No obstante, juristas como el exministro José Ramón Cossío señalan que si Germán Gómez no tenía una relación laboral formal con Televisa –es decir, si era contratista independiente–, la información filtrada le pertenecía legalmente a él, lo que complicaría una acusación en su contra. Gómez alega que, pese a no tener contrato escrito, realizaba labores subordinadas como empleado, lo que de confirmarse le quitaría propiedad sobre los datos; en tal caso Televisa podría intentar acciones civiles o penales invocando violación de confidencialidad. Este debate jurídico sobre la licitud de la prueba (si los 5 TB de chats y videos pueden usarse legalmente en juicio) anticipa una batalla legal sin precedentes en el país.

En el terreno político, varios nombres mencionados en Televisa Leaks han tenido que dar explicaciones públicas. Por ejemplo, el ministro Arturo Zaldívar –quien actualmente ocupa un alto cargo en el Gobierno federal– negó haber estado al tanto de ninguna campaña sucia a su favor y calificó las acusaciones de “absurdas”, aunque reconoció haber tenido relación profesional con Televisa en la producción de la serie documental que se menciona en la filtración. Dora Alicia Martínez, exdirectiva de Televisa postulada a la SCJN, presentó incluso una queja ante autoridades electorales alegando que la exposición mediática de su nombre (ligado a Televisa Leaks) la “calumniaba” y buscó sin éxito frenar su difusión. En contraste, algunas figuras opositoras han aprovechado para cuestionar la concentración mediática: “¿Cuántas mentiras nos han vendido?”, tuiteó un senador tras conocerse el escándalo, llamando a investigar la relación prensa-poder en México. No obstante, ninguna autoridad concreta –ni la Fiscalía ni la Secretaría de Gobernación– ha anunciado al momento una investigación formal contra Televisa. El caso, por ahora, se desenvuelve más en el tribunal de la opinión pública que en las instancias oficiales.

La postura de la presidencia de México

Una de las interrogantes tras la filtración era qué diría el gobierno federal, dado que Televisa Leaks involucra operaciones que tocaron asuntos de interés público (justicia, elecciones, opinión ciudadana). Sin embargo, la reacción de la Presidencia de la República ha sido cauta y evasiva. La mandataria Claudia Sheinbaum –quien asumió la presidencia en diciembre de 2024– fue cuestionada por periodistas en al menos un par de conferencias matutinas sobre el tema, pero eludió pronunciarse de manera contundente.

En su conferencia del 19 de mayo, por ejemplo, Sheinbaum fue preguntada directamente sobre las revelaciones de que Televisa impulsó la llegada de Arturo Zaldívar a la cabeza de la Suprema Corte (recordando que Zaldívar hoy funge como coordinador de Política y Gobierno en su propio equipo). La Presidenta se limitó a responder: “Ya lo aclaró él”, refiriéndose a que el ministro Zaldívar había dado su versión sobre el asunto. Ante la insistencia de la prensa sobre el papel de otros personajes mencionados en la trama (como dos presuntos operadores ahora empleados en el IMSS), Sheinbaum zanjó el tema indicando escuetamente: “Son personas que trabajan en el IMSS, la información que se tenga se les proporcionará”. En esencia, trasladó la responsabilidad de aclarar los hechos a los propios implicados, sin emitir juicios ni anunciar ninguna indagatoria gubernamental. “¿Por qué tendríamos nosotros que opinar, si él (Zaldívar) ya aclaró?”, reiteró, dando por concluido el intercambio.

Fuentes: Investigaciones especiales de Aristegui Noticias; artículos de Infobae; reportes de DW/La Unión; cobertura del Latam Journalism Review; declaraciones recogidas por Superchannel/Aristegui; análisis de Artículo 19 citados en La Unión.