Por CONNECTAS
Opacada dentro de un año de guerras y elecciones sorpresivas, la noticia a mediados de año 2024 de la absolución en Panamá de 28 personas imputadas por blanqueo de capitales relacionadas con los Panama Papers pasó un poco desapercibida. Pero, por lo que significó el escándalo —producto de la investigación liderada en 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)— para más de 200 países mencionados en la filtración, bien pudo ser una de las noticias más relevantes del año.
Después de todo, como lo ha señalado el ICIJ, la investigación periodística ha sido uno de los trabajos trasnacionales de más alto impacto en el mundo, con la recuperación de cerca de 1,36 mil millones de dólares en 24 países, como resultado de las labores oficiales que siguieron a sus revelaciones.
Desde CONNECTAS investigamos para Colombia las filtraciones compartidas por el ICIJ conocidas como Swiss Leaks (caso también conocido como la Lista Falciani, 2015), Bahamas Leaks (2016), Panamá Papers (2016 y 2018), Paradise Papers (2017) y Pandora Papers (2021). En el caso de las últimas tres se realizaron en alianza con el diario El Espectador, mientras que en Swiss Leaks se sumaron la Revista Semana y el noticiero Noticias Uno.
Pudimos revelar que existe información financiera de miles de personas y empresas colombianas que reposa en jurisdicciones con beneficios fiscales, algunas conocidas como “paraísos fiscales”. Esta información fue la punta de lanza para que las autoridades adelantaran investigaciones que le significaron al país la identificación de más de 840 responsables de irregularidades fiscales, la repatriación de fondos millonarios y la apertura de 43 procesos penales.
Nueve años después de la primera filtración, desde CONNECTAS consultamos a las autoridades colombianas sobre el impacto de estos trabajos periodísticos de filtraciones masivas de documentos de paraísos fiscales y encontramos que, en total, el Estado ha podido recuperar cerca de 92.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 22,15 millones de dólares al cambio de hoy) por normalización tributaria de personas mencionadas y por el dinero pagado por las sociedades en procesos judiciales por perjuicios e incremento patrimonial.
Este es un monto pequeño en comparación con lo logrado en otros países. Como reportó LaBot, en Chile las acciones estatales consecuencia de estas investigaciones periodísticas estarían logrando una recuperación de más de 1.500 millones de dólares. Pero más allá del valor recaudado, varios expertos consultados por CONNECTAS aseguran que, en Colombia, el impacto de estos reportajes en los ajustes normativos que les siguieron representó un importante avance en la lucha contra la evasión.
Los hallazgos de la DIAN
Los Panama Papers, publicados en abril de 2016, fueron los que generaron un mayor impacto en Colombia. Aunque ya en 2015 se había publicado la Lista Falciani, que se conoció también como Swiss Leaks― y que en Colombia involucró a 286 personas, en su mayoría de clanes políticos regionales―, los Panama Papers involucraron a altos funcionarios del Estado, políticos nacionales y regionales, periodistas y reconocidos empresarios.
La investigación se enfocó, además, en Panamá, un país que el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos había puesto en el escrutinio público en 2014, cuando lo incluyó en su lista de “paraísos fiscales” por su “falta de control fiscal al capital”.
Un par de semanas después de esa decisión, el Gobierno colombiano se echó para atrás, debido al lobby de empresarios colombianos con inversiones en el Istmo y a negociaciones que entabló con las autoridades panameñas en busca de un acuerdo de intercambio de información. Pero ese debate se reabrió en la opinión pública en abril de 2016, con la publicación de los Panama Papers.
Producto de las publicaciones periodísticas las autoridades comenzaron a investigar. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF), dos entidades del Gobierno, hicieron un trabajo de investigación inicial que le remitieron a la Fiscalía General de la Nación para que abriera, en los casos en los que encontrara mérito, investigaciones penales.
El director de la DIAN en ese momento, Santiago Rojas, ordenó la inspección de las oficinas de Mossack Fonseca en Bogotá con el fin de obtener información de primera mano. A partir de eso, conformó un equipo de unas 12 personas del área de Fiscalización de esa entidad que se dedicó a investigar exclusivamente lo relacionado con Panama Papers, según una fuente que trabajaba allí entonces. Fue un equipo que, según esa fuente, se mantuvo al menos hasta la revelación de los Paradise Papers en 2017, y trabajó de la mano con la UIAF.
Gracias a este trabajo la DIAN logró identificar “casos de simulación de operaciones de servicios con sociedades en el exterior creadas exclusivamente para este fin” y determinar irregularidades en la situación fiscal de 840 contribuyentes, bien fuera por la omisión del reporte de activos o por el reporte de pasivos inexistentes. Consultados por el estado de estas personas, la entidad aclaró que todos ya “se encuentran evacuados”, aunque no precisó los resultados que obtuvo en cada uno.
En todo caso, la entidad reporta que 628 reportaron activos omitidos o pasivos inexistentes por valor de 702.623 millones de pesos colombianos. De la normalización de estos recursos, el Gobierno recaudó $85.400 millones de pesos colombianos. La Fiscalía, por su parte, respondió que el total de dinero pagado por empresas mencionadas en las filtraciones por cuenta de sentencias condenatorias fue de $6.555 millones de pesos colombianos.
Procesos judiciales
Producto de la información contenida en Panama, Paradise y Pandora Papers, la Fiscalía General de la Nación abrió proceso penal contra 43 personas por delitos como falsedad ideológica en documento, lavado de activos y concierto para delinquir. A cuatro de ellos se les dictó orden de captura.
De acuerdo con Alexandra Ladino Pinzón, directora contra el lavado de Activos de la Fiscalía y quien respondió el derecho de petición de CONNECTAS, cuando fue publicada la investigación de Panama Papers en abril de 2016, la Fiscalía Delegada para las Finanzas Criminales les encargó investigar el caso a las direcciones especializadas que tiene a su cargo. Y fue una de estas, la Dirección de Lavado de Activos, la que armó “un proceso matriz” a partir de la información publicada en esa investigación periodística y de los vínculos que encontró entre empresas y la firma de abogados Mossack Fonseca.
De acuerdo con la Fiscalía, que lo explicó en detalle en la primera rueda de prensa, la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció entre 2010 y 2016 “un elaborado entramado financiero y societario”, en el que sociedades en el exterior vendían facturas falsas a empresas colombianas. Las empresas extranjeras eran “meras fachadas controladas por Mossack Fonseca, con las cuales las empresas colombianas firmaron contratos por servicios ficticios que nunca se prestaron”.
Las “sociedades fachada” que expedían las facturas estaban radicadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, pero “los giros correspondientes al pago de las facturas iban a una misma entidad financiera en las Bahamas”. Mossack Fonseca Colombia cobraba “entre el 2,5% y el 4% del valor de las facturas, dependiendo del país donde estuviera la empresa fachada”, y enviaba el dinero “a otros países según las instrucciones de sus clientes”, para así “ocultar el verdadero destino de los recursos e intenciones de los clientes de Mossack”.
En junio de 2024, casi seis años después de los anuncios de la Fiscalía, CONNECTAS le solicitó a esa entidad en un derecho de petición indicar los nombres de las personas y empresas involucradas actualmente en las investigaciones, la etapa del proceso penal en la que va cada caso y los delitos por los que son investigados. Sin embargo, la directora contra el Lavado de Activos, Alexandra Ladino Pinzón, dijo en su respuesta que no entregaría información de casos puntuales, argumentando que “la investigación penal en etapa de indagación es reservada” y que debía guardar “la reserva de carácter comercial y personal que puede amparar los derechos de los vinculados”.
Eso a pesar de que no todos los casos están en indagación (una etapa temprana en la que la Fiscalía evalúa si hay elementos suficientes para abrir formalmente una investigación penal). Ya hay, de hecho, 12 sentencias condenatorias, como informó la misma Ladino, etapas en las que la información puede ser de acceso público.
La Fiscalía señala que, además de estos, hay “28 radicados que se adelantan por temas relacionados con los Panamá Papers”.
Algunos casos también terminaron en absolución, como el proceso contra directivos y empleados de las empresas Servientrega y Efecty, uno de los casos en los que la Fiscalía más hizo énfasis en sus anuncios de 2017 y que se volvió muy mediático, terminó en absolución en primera y segunda instancia. De acuerdo con el Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia de segunda instancia, cuyos apartes reveló Caracol Radio, “en la investigación que se adelantó (por parte de la Fiscalía), nada se probó”; y, agregó, no se podía afirmar que las transacciones cuestionadas “tuvieran origen, directa o indirectamente, en un delito”.
Ese caso era representativo porque, además de los empleados de Servientrega y Efecty, en ese juicio también fue absuelto el representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, el ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rumazo.
No obstante, expertos señalan que las investigaciones periodísticas sobre paraísos fiscales también ayudaron a mover la agenda política de la lucha contra la evasión. Por ejemplo, para muchos, como consecuencia de las investigaciones periodísticas el Gobierno de Iván Duque creó el Registro Único de Beneficiarios Finales en 2021.
Las publicaciones lideradas por el ICIJ siguen siendo uno de los mayores ejemplos de cómo desde el periodismo se puede lograr un impacto significativo en nuestros países mediante al transparentar información relevante para la ciudadanía. Más allá de aquellos poderosos que pretenden mantenerla oculta.
Publicado en connectas.org
