El 11 de diciembre, el Gobierno de Perú puso en vigencia a través del Diario Oficial el Peruano, una ley que establece modificaciones en las normativas de la Carrera Judicial y la Carrera Fiscal. En la Ley 32182 se dispone que aquellos fiscales que divulguen información reservada sean sancionados y clasifica a esta conducta como una “falta muy grave”.
La mencionada ley, que modifica el artículo 47 de la ley 20483, describe de manera muy breve como pasible de sanción: «facilitar o proporcionar información reservada que, por su condición o cargo de fiscal, conoce”. Esta disposición busca evitar las filtraciones a la prensa de investigaciones en trámite que perjudiquen al gobierno o las altas autoridades públicas involucradas en actos de corrupción o crimen organizado, según aseveró el diario peruano La República.
El ideólogo de la ley es el congresista (exfujimorista) Luis Cordero, que propuso la ejecución de un proceso disciplinario de oficio contra los fiscales que resulten responsables de la filtración del testimonio o la información que proporcionan los aspirantes a la colaboración eficaz. Este se aplicaría a aquellos representantes del Ministerio Público que se encuentran a cargo de los procedimientos en mención.
Según lo planteado en el proyecto original:
“El fiscal a cargo del proceso especial de colaboración eficaz garantiza la plena vigencia del principio de reserva, siendo responsable funcional por cualquier filtración que se realice durante la tramitación del mismo, tales como la identidad y la declaración del colaborador o de cualquier otra información proporcionada en el marco de este proceso, debiéndosele iniciar de oficio el procedimiento disciplinario correspondiente, sin perjuicio, de las responsabilidades administrativas y penales en las que incurra él o los servidores civiles a su cargo”.
Cordero justificó su iniciativa argumentando que en los últimos años se ha visto que jueces y fiscales, descuidando su labor, comentan declaraciones aún no corroboradas “con el único ánimo de generar un linchamiento mediático a los investigados”.
“La reserva de la investigación es un carácter importante que se debe garantizar, mayor aún en los casos de colaboración eficaz, dado que se trata de un proceso no contradictorio, con la única y sola finalidad de no perjudicar la reserva de la misma, sin embargo, es penoso ver como esta institución se ha desnaturalizado”, agrega el congresista.
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Cabe señalar que en marzo de 2023 la Comisión de Ética Parlamentaria de Perú admitió una denuncia de oficio contra el legislador Luis Cordero, de Fuerza Popular, por su presunto vínculo con una supuesta organización criminal encabezada por el expresidente Pedro Castillo, por lo que se encuentra siendo investigado por una fiscalía.
La comisión investiga si Cordero infringió los artículos tres, cuatro, cinco y seis del reglamento del código de ética parlamentaria, que abordan los deberes y principios de conducta de los legisladores. Esto por presuntamente estar interesado en colaborar con la compra de equipos tecnológicos para interceptar las comunicaciones de los opositores al gobierno de Castillo.
Con información de La Repúbica y El Comercio.
