Panamá Papers: el gigante bancario Nordea pagará US$ 35 millones de multa por lavado de dinero

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El gigante bancario europeo Nordea acordó pagar 35 millones de dólares al organismo de control de servicios financieros de Nueva York tras una investigación sobre el supuesto fracaso del banco con sede en Helsinki para prevenir el lavado de dinero y otras actividades delictivas, incluidas algunas expuestas en la filtración de los Papeles de Panamá.

El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York dijo que había identificado “fallas de cumplimiento significativas” entre 2008 y 2019 por parte del banco, que no realizó la debida diligencia de sus clientes y socios bancarios como lo exige la Ley de Secreto Bancario.

“Las entidades financieras internacionales como Nordea deben protegerse contra la actividad delictiva en el sistema financiero global, y durante años Nordea falló en estos aspectos”, dijo la superintendente Adrienne Harris, quien dirige DFS, en un comunicado .

Según el regulador, el débil programa de cumplimiento de Nordea expuso los canales financieros del banco, y por lo tanto el sistema financiero de Nueva York, a “un alto riesgo de abuso criminal”.

La orden de consentimiento citó la investigación de los Papeles de Panamá de 2016 del ICIJ , que expuso una oscura industria global de bufetes de abogados y grandes bancos que vendían secretos financieros a clientes —incluidos políticos, celebridades y estafadores— de todo el mundo.

La investigación se basó en 11,5 millones de documentos filtrados, que identificaban a 72 clientes de la sucursal internacional de Nordea en Vesterport, Dinamarca. DFS dijo que las revelaciones expusieron a Nordea como una de las muchas instituciones financieras que no cumplieron con «los requisitos legales que garantizarían que sus clientes no estuvieran involucrados en actividades delictivas, evasión fiscal o mala conducta política».

Dijo que Nordea estaba vinculada a miles de millones de dólares en transacciones sospechosas durante aproximadamente una década, y que la sucursal de Vesterport también estaba implicada en otros dos esquemas de lavado de dinero de alto perfil, conocidos como la “Lavandería Rusa” y la “Lavandería Azerbaiyana”.

El mes pasado, las autoridades danesas acusaron a Nordea de violar las leyes contra el lavado de dinero al no detener 3.700 millones de dólares en transacciones sospechosas que involucraban a clientes rusos, deficiencias previamente expuestas en una investigación separada del ICIJ hace una década.

En 2013, como parte de «Secrecy for Sale», Politiken, socio de medios del ICIJ, reveló que ciudadanos rusos y otros utilizaban los servicios de la sucursal de Nordea en Copenhague para mantener alrededor de 100 empresas offshore, lo que desencadenó una investigación que duró ocho años.

El director de cumplimiento normativo de Nordea, Jamie Graham, reconoció en un comunicado que el banco había “subestimado históricamente la complejidad de prevenir los delitos financieros y los recursos necesarios para ese fin”. El comunicado señalaba que Nordea había invertido unos 1.500 millones de euros, o aproximadamente 1.700 millones de dólares, en controles contra el blanqueo de dinero desde 2015.

«El banco ha tomado medidas importantes para mejorar los procesos y procedimientos contra delitos financieros desde el período cubierto por la investigación del DFS», dijo Graham.

Según la orden de consentimiento, los activos totales de Nordea ascendían a aproximadamente 627.000 millones de dólares en 2023, y su sucursal de Nueva York poseía más de 37.000 millones de dólares en activos. El comunicado del banco decía que la multa de Nueva York no tendría “ningún impacto material en la posición financiera de Nordea”.

John Coffee, profesor de derecho de la Universidad de Columbia, especializado en delitos de cuello blanco, dijo a ICIJ por correo electrónico que el acuerdo de conciliación implicaba que los reguladores estatales estaban «muy contentos con el nivel de cooperación de Nordea».

Suzanne Lynch, profesora adjunta de delitos financieros en la Universidad de Utica, también destacó el gran énfasis en la cooperación. Lynch dijo que le sorprendió ver que en la orden de consentimiento de 44 páginas apenas se mencionaran las investigaciones a nivel federal.

“Así que la pregunta sigue siendo: ¿los federales también los perseguirán?”, dijo. “Ellos son los que, en última instancia, se ocupan de la información financiera recopilada”.

Con información de icij.org