Por Raphael Satter y Christopher Bing
El FBI ha estado investigando a un antiguo consultor de Exxon Mobil por su presunto papel en una operación de hackeo y filtración que apuntó a cientos de los mayores críticos de la petrolera, según tres personas familiarizadas con el asunto.
En la operación participaron hackers que lograron violar las cuentas de correo electrónico de activistas medioambientales y otras personas, dijeron las fuentes a Reuters.
El esquema supuestamente comenzó a finales de 2015, cuando las autoridades estadounidenses sostienen que los nombres de los objetivos del pirateo fueron recopilados por DCI Group, una empresa de asuntos públicos y grupos de presión que trabajaba para Exxon en ese momento, dijo una de las fuentes.
DCI proporcionó los nombres a un detective privado israelí, que luego subcontrató el pirateo, según la fuente.
En un esfuerzo por hacer creer que Exxon era objeto de una venganza política destinada a destruir su negocio, parte del material robado fue posteriormente filtrado a los medios de comunicación por DCI, determinó Reuters. La Oficina Federal de Investigación (FBI) descubrió que DCI compartió la información con Exxon antes de filtrarla, dijo la fuente.
Algunos activistas medioambientales entrevistados por Reuters dijeron que la operación de pirateo interrumpió los preparativos de las demandas de ciudades y fiscales generales estatales contra Exxon y otras empresas energéticas.
Las acciones se inspiran en las interpuestas contra la industria tabaquera a mediados de la década de 1990, que desembocaron en un acuerdo histórico y en amplias restricciones a la venta de cigarrillos.
El material robado sigue usándose hoy en día para contrarrestar los litigios que alegan que el gigante petrolero engañó al público y a sus inversores sobre los riesgos del cambio climático.
En abril, un grupo comercial de la industria que ha recibido financiación de Exxon citó uno de los documentos pirateados -un memorando interno en el que se esbozaba la estrategia de litigio propuesta por los ecologistas- en un intento de conseguir que la Corte Suprema anule una demanda presentada por la ciudad de Honolulu contra Exxon y otras empresas energéticas. El caso está pendiente.
El grupo, la Asociación Nacional de Fabricantes, dijo que no tenía conocimiento de la acusación de que el material había sido pirateado «y considerará si deja de utilizarlo en futuros escritos».
Exxon y DCI dejaron de trabajar juntas en torno a 2020, según dos personas familiarizadas con el asunto.
En un comunicado, Exxon dijo que «no ha estado involucrada ni tiene conocimiento de ninguna actividad de piratería informática», calificando las acusaciones de lo contrario de «teorías de la conspiración.» Reuters no pudo determinar si la propia Exxon también ha sido objeto de la investigación del FBI.
DCI dijo: «Ordenamos a todos nuestros empleados y consultores que cumplan la ley». (Reporte de Raphael Satter y Christopher Bing en Washington; edición en español de Javier López de Lérida)
NOMBRE EN CLAVE “CAZA DEL ZORRO”
La operación de piratería informática y filtración de información se produjo poco después de que en 2015 aparecieran una serie de informes en los medios que afirmaban que los científicos de Exxon sabían desde hacía décadas que los combustibles fósiles estaban calentando la Tierra, mientras que los principales ejecutivos de la empresa afirmaban públicamente lo contrario. Exxon ha dicho que sus investigaciones internas y sus posiciones públicas sobre el cambio climático han sido malinterpretadas.
Bajo el hashtag “ExxonKnew”, grupos como Greenpeace pidieron acciones legales. Lo mismo hizo la entonces candidata presidencial Hillary Clinton, quien dijo que el Departamento de Justicia debería investigar a la empresa porque “hay muchas pruebas de que engañaron a la gente”. En noviembre de 2015, el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, anunció que estaba investigando a Exxon. A esto le siguieron otras demandas.
Ante la situación de Exxon, DCI entró en acción para proteger a uno de sus clientes más importantes. Reuters entrevistó a una docena de ex empleados de DCI para reconstruir la relación de la empresa con Exxon.
Fundada en 1996 por veteranos de la política republicana, DCI ha trabajado para diversas empresas tabacaleras, de telecomunicaciones, de fondos de cobertura y energéticas. En su sitio web, DCI afirma que se ocupa de crisis de relaciones públicas, apoyo en litigios e investigación de la oposición.
Cinco ex empleados de DCI dijeron que Exxon fue durante mucho tiempo una de las mayores fuentes de ingresos de DCI. Un ex empleado dijo que el gigante petrolero canalizaba regularmente más de 10 millones de dólares en negocios al año a DCI. Solo el trabajo de lobby para Exxon le reportó a DCI al menos 3 millones de dólares entre 2005 y 2016, según datos disponibles públicamente recopilados por el sitio web de transparencia OpenSecrets.
El personal de DCI en Washington siguió de cerca las conversaciones en las redes sociales sobre la campaña ExxonKnew, así como las medidas adoptadas por los fiscales generales estatales, según dos personas familiarizadas con el asunto. DCI también contrató al detective israelí Forlit, quien recurrió a Azari para piratear las cuentas, según una de las fuentes familiarizadas con la investigación del FBI. El nombre en clave de la operación era «Fox Hunt», dijo la fuente.
Azari fue objeto de una investigación de Reuters en 2022 que reveló cómo él y otros investigadores privados utilizaron piratas informáticos mercenarios en la India para ayudar a clientes adinerados a ganar ventaja en casos legales. El informe se basó en un gran conjunto de datos de actividad de piratería informática en la India, que muestra que los espías intentaron entrar en más de 13.000 direcciones de correo electrónico durante un período de siete años. Entre los objetivos había más de 500 direcciones de correo electrónico pertenecientes a ambientalistas, sus financiadores, sus colegas y sus familiares, todos ellos atacados entre 2015 y 2018.
Algunos detalles de la campaña de piratería informática ya se habían hecho públicos. En 2020, el grupo canadiense de vigilancia digital Citizen Lab identificó a 10 organizaciones que fueron blanco de una amplia operación de ciberespionaje, entre ellas Greenpeace, la Unión de Científicos Preocupados y el Rockefeller Family Fund.
Reuters ha conocido la identidad de otros objetivos destacados, entre los que se incluyen el ex candidato presidencial demócrata y ambientalista multimillonario Tom Steyer, y la ex esposa de Schneiderman, entonces fiscal general de Nueva York.
Los abogados de Steyer no respondieron a las solicitudes de comentarios. En un correo electrónico, la ex esposa y ex asesora política de Schneiderman, Jennifer Cunningham, dijo que había sospechado durante mucho tiempo que Exxon estaba detrás del ataque informático y la filtración de información.
A partir de abril de 2016, aparecieron noticias que afirmaban que la campaña ExxonKnew era un esfuerzo politizado impulsado por benefactores adinerados. Con veinticuatro horas de diferencia, el Wall Street Journal y el Washington Free Beacon publicaron artículos basados en un memorando interno que circuló sobre una reunión en las oficinas del Rockefeller Family Fund. El memorando decía que los participantes planeaban discutir cómo convencer al público de que “Exxon es una institución corrupta” y “deslegitimarlos como actor político”.
La persona con conocimiento de la investigación policial dijo que el FBI determinó que el memorando se obtuvo a través de la operación de piratería informática dirigida por Forlit. Por otra parte, Reuters determinó que el memorando fue filtrado posteriormente a los medios por el DCI.
Eliana Johnson, editora del Washington Free Beacon, dijo que el periódico no hizo comentarios sobre las fuentes. El Wall Street Journal no respondió de inmediato a un mensaje en el que se le solicitaban comentarios.
Los abogados de Exxon se basaron repetidamente en los documentos filtrados para apoyar el litigio de la empresa.
Por ejemplo, después de que el fiscal general de Nueva York presentó una demanda contra Exxon en 2018, los abogados de la compañía energética citaron el memorando robado de la reunión de Rockefeller para argumentar que el caso debería ser desestimado.
El abogado que representa a Exxon, Theodore Wells, dijo a la Corte Suprema de Nueva York en su declaración de apertura de octubre de 2019 que Schneiderman había formado indebidamente “una alineación política con activistas con el propósito de promover una agenda dirigida a las empresas de energía”.
Nueva York perdió el caso dos meses después, cuando un juez dictaminó que el fiscal general no pudo probar que Exxon había defraudado a los inversores al ocultar el verdadero coste de la regulación del cambio climático.
En una entrevista, Schneiderman dijo que los documentos filtrados fueron utilizados “con gran efecto” para reforzar lo que llamó la “afirmación infundada de Exxon de que estábamos involucrados en una ‘cacería de brujas’ con motivaciones políticas”.
Wells y su bufete de abogados, Paul Weiss, no respondieron a los mensajes solicitando comentarios.
El memorando y otros documentos pirateados también fueron citados en presentaciones judiciales presentadas por Exxon contra los fiscales generales de Massachusetts y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, así como en el esfuerzo de 2018 de la compañía para destituir al abogado de cambio climático Pawa y otros abogados.
Gran parte de los litigios siguen en curso. El martes, Maine se convirtió en el noveno estado de Estados Unidos en presentar una demanda acusando a las compañías petroleras o a grupos aliados de engañar al público sobre el cambio climático. Pawa dijo que la industria ha seguido invocando los archivos pirateados en su esfuerzo por contraatacar. “Se utilizaron una y otra vez”, dijo a Reuters. El efecto neto, dijo, fue “impedir que la gente ejerza sus derechos constitucionales”.
Publicado por REUTERS
