El Salvador: Una filtración muestra que dos empresas del círculo íntimo de Bukele recibieron más de medio millón de dólares del Estado

Filtraciones

Por Stanley Luna-

El periódico salvadoreño El Faro tuvo acceso a una investigación fiscal que señala que las empresas Global Motors y Starlight, fundadas por la familia y por colaboradores del presidente Nayib Bukele, recibieron fondos estatales antes de que Bukele fuera mandatario. 

Un documento de 43 páginas filtrado por la Fiscalía General de la República (FGR) al periódico digital El Faro, de El Salvador, reveló que las empresas Global Motors y Starlight, del círculo de la familia del presidente Nayib Bukele, se beneficiarios injustificadamente con 528,831 dólares provenientes de la partida secreta de la Presidencia durante la gestión del antecesor de Bukele, el ex presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). 

El periódigo digital publicó esta información en dos entregas. De acuerdo con los reportajes, Global Motors es una empresa dedicada a la venta de autos y motocicletas que pertenece a la familia Bukele desde 2005. Starlight fue fundada en 2010 por dos empleados de la familia Bukele, el contador Héctor Manuel Velásquez y Mario José Rodríguez Fuentes. Rodríguez Fuentes es hermano de Claudia Juana Rodríguez de Guevara, una funcionaria de confianza del mandatario salvadoreño y a quien Bukele designó como encargada del Despacho Presidencial, mientras optaba por reelegirse inconstitucionalmente.

Con el documento fiscal filtrado más el cruce de otra información oficial del Ministerio de Hacienda y del Registro de Comercio, entre 2023 y 2024, los periodistas de El Faro, Gabriela Cáceres y Efren Lemus, publicaron las dos investigaciones en las que, además, dieron cuenta de que German Alfredo Bernal Recinos, el hijo de la hoy Comisionada Presidencial, Carolina Recinos, a quien el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó en la lista de funcionarios corruptos en 2021, recibió injustificadamente casi medio millón de dólares de Starlight. 

Carolina Recinos, comisionada presidencial.

En 2021, mientras Cáceres realizaba la investigación del caso denominado por la FGR como Catedral, el cual reveló las negociaciones del gobierno de Bukele con las tres principales pandillas de El Salvador a cambio de una reducción de violencia, escuchó de parte de una de sus fuentes fiscales que las empresas vinculadas a la familia de Bukele habían recibido dinero público de la Presidencia de Sánchez Cerén. Más de un año después, cuando la periodista retornó al país centroamericano tras haber salido para resguardarse por la publicación de la investigación sobre pandillas y ser víctima de espionaje junto a una decena de colegas de El Faro, retomó la información que le arrojó su fuente y consiguió acceder al documento judicial, que formaría parte de una investigación que nunca se judicializó en los tribunales salvadoreños. 

El mismo modo de operar 

Bukele, un publicista que no terminó la carrera de Derecho, fue reelegido en febrero pasado para un segundo mandato, saltándose seis artículos de la Constitución que prohíben la reelección inmediata de los presidentes. Previo a 2019, cuando ganó su primer quinquenio, El Salvador fue gobernado dos períodos consecutivos por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el único partido de izquierda. Los dos expresidentes efemelenistas, Sánchez Cerén y Mauricio Funes, fueron asilados por el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega luego de acusaciones de corrupción en sus gestiones. Las investigaciones fiscales, ya judicializadas, apuntan a que los dos compartieron el modo de operar de trasladar fondos públicos desde la partida secreta de la Presidencia hacia cuentas de empresas -como Global Motors y Starligh- y personas que no tenían ninguna función gubernamental. Lo mismo hizo el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), condenado a 10 años de cárcel en 2018 por el lavado de más de 300 millones de dólares. 

Bukele fue parte del FMLN. Con este partido construyó su carrera política como alcalde del municipio de Nuevo Cuscatlán y luego como alcalde de la capital salvadoreña, San Salvador. En 2017, tras discusiones con la militancia, fue expulsado y decidió armar por aparte su candidatura presidencial. Durante su campaña, criticó a sus antecesores y el uso que habían hecho de la partida secreta, pero al mismo tiempo, según el reportaje de El Faro, sus empresas familiares eran inyectadas con fondos públicos. 

El periódico señaló que las empresas del círculo de Bukele recibieron fondos desde cuatro cuentas del Banco Hipotecario que estaban a nombre de Francisco Rodríguez Arteaga, el exgerente financiero presidencial, condenado a cinco años de prisión en el caso del expresidente Saca; Gastos Operativos de la Presidencia, Presidencia de la República y Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), cuentas que eran alimentadas desde otra llamada “subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia de la República”. 

De acuerdo con las publicaciones, entre el 27 de enero de 2017 y el 13 de mayo de 2019, a pocos días de que Bukele asumiera su primer mandato presidencial, Global Motors recibió 16 cheques del Banco Hipotecario por un monto de 118,143 dólares. La empresa en ese momento estaba a cargo de los hermanos de Bukele, Karim Alberto e Ibrahim Bukele, quienes sin ser nombrados funcionarios públicos ahora participan de las decisiones gubernamentales. Los fondos que recibieron provenían de las cuentas Presidencia de la República y del OIE. Starligh, en cambio, recibió $420,688 de la partida secreta del expresidente Sánchez Cerén, entre enero de 2015 y diciembre de 2018. 

Una vida de lujos con un sueldo de odontólogo

El documento filtrado también fue clave para establecer el incremento injustificado del patrimonio de Bernal Recinos, el hijo de la Comisionada Presidencial. Él, un cirujano dental, y su madre fueron contratados en 2012 por la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, presidida entonces por Bukele. Bernal Recinos fue contratado como odontólogo y Carolina como asesora jurídica. Pero la investigación periodística determinó que entre 2013 y 2016, con un salario mensual de 1,500 dólares, Bernal Recinos se enriqueció con 494,493 dólares que, dice la misma FGR, no pudo justificar ante la Hacienda salvadoreña. 

Bernal Recinos, el hijo de la Comisionada Presidencial.

El hijo de la funcionaria de Bukele adquirió acciones de la empresa Starlight -que recibió dinero estatal durante la gestión de Sánchez Cerén- por $66,893 y de otra empresa, La Cañada, Industrias y Servicios, por $1,000; además de la hipoteca de una casa y dos autos, cuyos gastos sumaron en total casi medio millón de dólares. 

“La reacción de la publicación fue una mezcla entre el odio que estamos acostumbrados a recibir,  propiciado por el Presidente, pero al mismo tiempo hubo gente cuestionándose. Fue mitad y mitad, te diría que con las tres publicaciones (incluyendo el caso Catedral)”, contó la periodista Gabriela Cáceres a Filtra Leaks.

El documento que la FGR le filtró a Cáceres expone cifras que no aparecen en el expediente judicial contra Sánchez Cerén y otros nombres que, de acuerdo con la periodista, están borrados en documentos judiciales a los que antes había accedido. Por ello, cuando obtuvo la filtración, charló con su editor y con su colega Lemus, y así fue como Lemus aportó documentos de Hacienda que les sirvieron para hacer cruce de información y publicar la investigación en dos entregas. 

El 1 de mayo de 2021, la mayoría de diputados oficialistas y aliados destituyeron ilegalmente a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña y también al Fiscal General, Raúl Melara, para imponer a funcionarios afines a Bukele. En la administración de Melara funcionó el  Grupo contra la Impunidad, un grupo de fiscales especializados en corrupción que lideraba investigaciones que relacionaban a exfuncionarios y funcionarios del gobierno actual con hechos de corrupción, pero que no pudieron judicializar. Con la llegada del nuevo Fiscal General, Rodolfo Delgado, según El Faro, el grupo de fiscales especializados fue sustituido y algunos abandonaron El Salvador por temor a represalias del gobierno de Bukele.

En medio de esta cooptación estatal, en la gestión de Bukele se han endurecido los ataques a la prensa independiente salvadoreña. Cuando Cácares retornó a El Salvador  después de salir con dos colegas más como medida de seguridad por la revelación del caso Catedral, retomó las conversaciones con sus fuentes judiciales, pero algunas ya habían sido removidas de sus cargos o tenían miedo de hablar con ella al enterarse que también la periodista había sido víctima del espionaje a través de la aplicación Pegasus. “Hoy debo ser demasiado cuidadosa, porque ahora todo está bien controlado y a las fuentes les da miedo hablar”.