Una filtración de un documento interno del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos, fechado el 10 de abril y reportado por CNN, revela que la administración de Trump planea eliminar los servicios especializados para jóvenes LGBTQ+ de la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis 988 como parte de un recorte al presupuesto discrecional de salud mental para 2026.
El memorando preliminar detalla la intención de reducir significativamente el gasto federal en salud, incluyendo la reestructuración de agencias bajo la nueva Administración para una América Saludable (AHA), liderada por el secretario de HHS, Robert F. Kennedy Jr. Según el documento, los servicios especializados de 988 para jóvenes LGBTQ+, que han atendido más de 1.2 millones de contactos desde 2022, serían desfinanciados a partir de octubre de 2025, mientras que se mantendrían los 10 millones de dólares destinados a servicios para hispanohablantes. La filtración también indica que la decisión se tomó sin consultar al equipo de 988, lo que ha generado críticas por ignorar datos que muestran que los jóvenes LGBTQ+ tienen tasas de suicidio cuatro veces superiores a otros grupos.
Las filtraciones han desatado alarma entre organizaciones como The Trevor Project, que opera uno de los siete centros de atención especializados de 988 y maneja cerca de la mitad de los contactos de jóvenes LGBTQ+.
El documento filtrado, según reportes de NPR y Mother Jones, también propone eliminar fondos para otros programas de salud mental, como los Centros de Excelencia para comunidades afroamericanas, asiáticas, nativas hawaianas, isleñas del Pacífico e hispanas, así como el Programa de Apoyo Familiar para Jóvenes LGBTQ+. Un miembro anónimo del equipo de 988, citado por CNN, expresó preocupación por la falta de transparencia, afirmando que estas decisiones se tomaron sin aportes de los expertos del programa, quienes probablemente habrían advertido contra la eliminación del subprograma debido a su impacto crítico.
La filtración, aún en borrador y sujeta a la aprobación del Congreso, ha intensificado el debate sobre las prioridades de la administración, con defensores advirtiendo que desfinanciar estos servicios pondría en riesgo la vida de jóvenes en crisis, especialmente en un contexto de políticas que han restringido derechos de la comunidad LGBTQ+
