La filtración del video de una cámara oculta en el programa TLN Denuncia de Canal 9, que mostró al presidente del club San Lorenzo, Marcelo Moretti, recibiendo 25 mil dólares, presuntamente como coima para fichar a un juvenil en las inferiores, sigue generando múltiples acciones legales. El fiscal Maximiliano Vence inició una causa de oficio en el fuero contravencional porteño por violación a la ley de espectáculos deportivos y administración infiel, delitos con penas de uno a seis años. Paralelamente, el abogado César Francis, ex candidato a presidente, denunció a Moretti por administración fraudulenta en el Juzgado Nacional N°55, aunque esta causa fue reclasificada como “averiguación de delito” por falta de elementos concretos.
También se presentaron denuncias de Pablo García Lago y Néstor Ortigoza, vocales de la Comisión Directiva, ampliando las acusaciones. Moretti se autodenunció, afirmando ser víctima de una maniobra, pero no ha declarado aún como imputado. El Tribunal de Ética de San Lorenzo y de la AFA abrió expedientes para investigar, y la presión de la AFA podría forzar la renuncia de Moretti. La justicia porteña avanza más rápido, con foco en los libros contables y el teléfono de Moretti, cuya desaparición es un punto clave.
Las imágenes, grabadas por un tercero, captan a Moretti guardando el dinero en su saco. Según el periodista Tomás Méndez, el video era un rumor en el entorno del club desde hacía casi un año, pero su publicación el 21 de abril desató una crisis institucional. Además, se filtraron audios posteriores donde María José Scottini, la mujer que entrega el dinero, se burla de la actitud de Moretti al guardarlo sin contarlo, lo que complicó aún más su defensa. Moretti alegó que el video fue editado y parte de una “cama” para extorsionarlo, sugiriendo motivaciones políticas detrás de la filtración, posiblemente ligadas a promesas incumplidas de su campaña electoral.
El 25 de abril, la jueza Rocío López Di Muro autorizó allanamientos en la sede de San Lorenzo en Boedo y en el domicilio de Moretti en Caballito, ordenados por el fiscal Vence. Se buscaban libros contables, registros de tesorería, la ficha del juvenil involucrado y el celular de Moretti, que no fue hallado.
El dispositivo es considerado clave porque podría contener mensajes, audios o registros que esclarezcan las circunstancias del video, las comunicaciones con María José Scottini (quien entrega el dinero) o con Francisco Sánchez Gamino (funcionario del Gobierno de Javier Milei, despedido tras aparecer en la grabación).
En la casa de Moretti, se incautaron dispositivos electrónicos, salvo los de sus hijos menores, pero el presidente, ausente durante el operativo, no ha entregado su teléfono cinco días después, lo que genera sospechas.
La justicia también solicitó grabaciones de seguridad de la sede y el video completo que Moretti dice poseer, pero que no ha aportado. Mientras la causa nacional avanza lentamente, la porteña mantiene un ritmo intenso, con posibilidad de citar a Moretti a indagatoria tras analizar el material recolectado. La investigación sigue abierta, con el club como querellante y crecientes demandas de renuncia por parte de hinchas.
