Según un informe publicado por The Washington Post el 20 de abril, funcionarios gubernamentales de las administraciones de Joe Biden y Donald Trump compartieron de manera indebida documentos sensibles, incluyendo planos potencialmente clasificados de la Casa Blanca, con más de 11,200 empleados de la Administración de Servicios Generales (GSA).
Estas filtraciones, que comenzaron en marzo de 2021 y continuaron hasta la semana previa al informe, involucraron un error en la configuración de una carpeta de Google Drive que permitió el acceso irrestricto a todo el personal de la GSA. Entre los documentos compartidos se encontraban planos de las alas este y oeste de la Casa Blanca, detalles de una puerta antibombas propuesta para el Centro de Visitantes de la Casa Blanca y datos bancarios de un proveedor vinculado a una conferencia de prensa de la administración Trump.
Nueve de los 15 archivos en la carpeta estaban marcados como “Información No Clasificada Controlada” (CUI), lo que indica que, aunque no necesariamente clasificados, requerían protección debido a su sensibilidad. Este incidente, descubierto durante una auditoría de seguridad de la GSA, generó un informe de ciberseguridad y una investigación en curso.
Las filtraciones comenzaron en marzo de 2021, cuando un empleado de la GSA modificó erróneamente los ajustes de compartición de una carpeta de Google Drive, permitiendo que cualquier empleado de la agencia viera e incluso editara un “estudio de gestión de seguridad ambiental” que incluía planos del ala este de la Casa Blanca, donde se encuentran la entrada de visitantes y las oficinas de la primera dama.
En diciembre de ese año, el mismo empleado compartió un informe similar sobre el ala oeste, que alberga la Oficina Oval, la Sala de Gabinete, la Sala de Situación y la sala de prensa, además de un diseño para puertas antibombas en el Centro de Visitantes. Estos documentos permanecieron accesibles durante años hasta que una auditoría de la Oficina del Inspector General de la GSA, realizada la semana del 13 de abril de 2025, identificó la irregularidad.
El equipo de TI de la GSA revirtió los permisos de acceso el 17 de abril, pero no logró contactar al propietario de los archivos. La GSA afirmó que los documentos no eran clasificados y que se tomaron medidas correctivas desde el 15 de abril, pero expertos como Steven Aftergood señalaron que los planos de la Casa Blanca, incluso si no están clasificados, podrían contener información sensible sobre estructuras o medidas de seguridad que debería mantenerse restringida por razones obvias de seguridad.
Este incidente no es un caso aislado, sino parte de un patrón de manejo descuidado de información sensible que abarca ambas administraciones. Durante la administración Biden, un informe de un fiscal especial en 2024 reveló que el ex presidente almacenó documentos clasificados en su residencia de Delaware, aunque no enfrentó cargos.
En la administración Trump, se han reportado otros errores graves, como la inclusión accidental del editor de The Atlantic en un chat de Signal donde se discutían planes militares sensibles sobre Yemen, y el uso de cuentas personales de Gmail por parte de asesores de seguridad nacional para comunicaciones gubernamentales.
La filtración de los planos de la Casa Blanca plantea riesgos significativos, especialmente tras eventos como el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, ya que la exposición de detalles de seguridad podría facilitar amenazas. La GSA está revisando sus protocolos y ha intensificado la capacitación para evitar futuros incidentes, pero la falta de comentarios públicos de la Casa Blanca y la GSA, junto con la investigación en curso, subraya la gravedad del problema y la necesidad de reformas en la gestión de información sensible.
