Por Stanley Luna-
Siete meses después de la filtración de una denuncia penal al periódico rosarino El Ciudadano que alerta sobre torturas en la cárcel Piñero, en Rosario, ocho custodios del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe fueron acusados de apremios ilegales por el Ministerio Público de Acusación (MPA).
El sábado 2 de marzo, dos ómnibus del Servicio Penitenciario fueron baleados en las afueras de Rosario y un custodio fue lesionado en la cabeza. A partir de esto ocurrió un reordenamiento en los pabellones de Piñero. Hubo requisas, los reos fueron “engomados” -así se dice en la jerga carcelaria al encierro de reos en sus celdas- y se restringieron las visitas a aquellos reclusos considerados de máxima peligrosidad, como parte de las reformas penitenciarias realizadas por el gobernador Maximiliano Pullaro con el respaldo del Congreso santafesino. Esta cárcel, de acuerdo con los últimos registros del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe (SPPDP), tiene capacidad para 1885 reos, pero tiene una sobrepoblación de 834.
Documento filtrado de la denuncia.
Tres días después del ataque a los ómnibus penitenciarios, el Ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, publicó una foto en Instagram en la que se ve a una decena de reos esposados con las manos hacia atrás, la espalda desnuda y sentados en el suelo, la cual fue comparada con las fotografías que publica en su cuenta de X el presidente Nayib Bukele sobre los pandilleros detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Bukele, en su reciente visita al presidente Javier Milei, mencionó que su gobierno podría asesorar al gobierno argentino en el tema de la seguridad pública en Rosario. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajó en junio a El Salvador a conocer el CECOT y anunció un acuerdo de cooperación en seguridad pública entre ambos gobiernos.
El Ciudadano fue uno de los primeros medios en dar seguimiento a los testimonios de familiares de los presos y las denuncias que diferentes grupos de abogados presentaron a la justicia por los abusos en la cárcel de Piñero, contó Silvina Tamous, jefa de redacción del rotativo. Las noticias también fueron publicadas por otros medios rosarinos como La Capital.
Después de la publicación de una nota del El Ciudadano que daba cuenta de estos hechos dentro de Piñero, entre el 5 y el 8 de marzo abogados privados y la SPPDP presentaron hábeas corpus colectivos ante la justicia por los aislamientos de los reos y por las requisas violentas, y también una denuncia por torturas contra 154 reclusos ante el MPA. En las denuncias, los presos detallan que fueron golpeados y sometidos a prácticas como submarinos secos, es decir, que los custodios cubrieron sus caras con bolsas para que los reos se ahogaran con su propia respiración. Los abogados también solicitaron a la justicia santafesina la autopsia forense de los reos y el Instituto Médico Legal constató las lesiones en un informe.
El 20 de marzo, el juez Rafael Coria rechazó los hábeas corpus, pese a que los peritajes forenses constataron las lesiones denunciadas por los reos. La denuncia por torturas siguió su investigación en la Unidad Especial de Violencia y Corrupción Institucional del MPA, a cargo de la fiscal Karina Bartocci.
El contenido del hábeas corpus y la denuncia judicial se filtraron a El Ciudadano, que el 17 de marzo publicó una nota basada en esa información. Las torturas en la cárcel de Piñero, de acuerdo con los testimonios recopilados, ocurrieron desde finales de febrero hasta principios de marzo, cuando en varias ocasiones el personal penitenciario realizó requisas en las que arrojó balas de gomas, gas pimientas, golpeó a algunos reos hasta dejarlos inconscientes y también les robó sus pertenencias. Uno de los presos contó que le quebraron dos vértebras de la columna por los golpes que recibió durante media hora y que pusieron su cara contra un colchón mojado. El 2 de marzo hubo 10 requisas que terminaron con los reos “engomados” por cinco días, incluyendo aquellos que padecen de enfermedades como asma y diabetes, quienes no pudieron acceder a su medicación
El documento detalla los tipos de tortura empleados con los internos.
Las noticias basadas en los documentos filtrados no pasaron desapercibidas. Ese mismo mes, una delegación del Comité Nacional contra la Tortura visitó las cárceles de Santa Fe, pero todavía no publica un informe sobre la visita. Luego pasaron siete meses sin novedades hasta la acusación de los ocho custodios, el pasado 1 de octubre. “La publicación del hábeas corpus y de los testimonios fue importante, porque creo que los problemas no se solucionan de esa manera», señaló Tamous, la jefa de redacción de El Ciudadano. “La tortura es repudiable venga de donde venga. Nosotros defendemos el Estado de derecho”.
Pasaron siete meses desde la denuncia por torturas y el pasado 1 de octubre la fiscal Bartocci citó en su despacho a ocho custodios penitenciarios, a quienes informó que habían sido formalmente imputados de apremios ilegales. Las identidades de los custodios no se dieron a conocer, ni tampoco el juzgado ante el cual se realizaron las imputaciones. “Desde la fiscalía dijeron: ´nos estamos manejando con reserva por cuestiones de seguridad’,” señaló El Ciudadano, que informó de la diligencia ese mismo día en una nota que no lleva firma.
Mientras tanto la SPPDP señala que aproximadamente 40 reos considerados de máxima peligrosidad en la provincia de Santa Fe y que están alojados en Piñero aún no pueden acceder a visitas familiares, y que hablan con sus defensores a través de un blindex. Además, diferentes organizaciones de derechos humanos advierten que tienen dificultades para ingresar a las cárceles de Rosario a impartir talleres o realizar actividades con los presos.
