Por Guillermo Collini-
El lunes se hizo pública la denuncia penal del Gobierno de Javier Milei contra los periodistas Mauro Federico, Jorge Rial y accionistas del canal de streaming Carnaval por la publicación de audios filtrados de Karina Milei, el pedido de allanamiento y el secuestro de dispositivos tecnológicos de los denunciados. En tanto que un juez federal en lo civil y comercial prohibió, a pedido del gobierno, que se sigan publicando audios filtrados de Karina Milei, en una clara violación a la libertad de prensa.
Esta tarde el fiscal Carlos Stornelli, hizo lugar a la denuncia por supuesto «espionaje ilegal», pero dijo que no solicitará las fuentes a los periodistas y desechó la posibilidad de los allanamientos pedidos por el Ministerio de Seguridad.
Distintos funcionarios del gobierno y algunos aliados salieron sincronizadamente a respaldar la hipótesis de espionaje, aunque siguen sin hablar del contenido de los audios filtrados, mucho menos mencionan la palabra «coima».
La jugada del «espionaje ilegal»
El gobierno en vez de dar argumentos para desmentir los audios filtrados hasta el momento, apuesta a hacer pasar a los periodistas que los publicaron como espías que actúan de manera ilegal operando contra el gobierno e intentar deslegitimar la filtración calificándola de ilegal. Tal es así que el propio presidente, Javier Milei, reposteó este martes en su cuenta de X un mensaje del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que va en ese sentido: «En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados». .El riojano también habló de «Un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral».
Al posteo, Milei añadió que: «A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte.
Estos espías que se disfrazan de «periodistas» quieren desviar la atención del tema real.
No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son.
Fin».
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una entrevista radial fue aún más lejos y habló de supuestos espías rusos y venezolanos metidos en el asunto en conjugación con el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. Esto le valió la respuesta de la Embajada rusa en la Argentina: “El deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo. No se han aportado pruebas y consideramos estas acusaciones infundadas y falsas”, dijeron mediante un comunicado en la red social X.
Bullrich negó los pedidos de allanamientos a periodistas y la desmintieron en vivo
Por la noche del lunes, la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a la denuncia en una entrevista televisiva y negó que desde su cartera hayan solicitado el allanamiento de los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, pero le leyeron la denuncia presentada ante la Justicia que dice exactamente lo contrario.
El periodista Pablo Rossi le mencionó los pedidos de allanamiento, la ministra lo negó rotundamente y le entregó la carpeta que contenía la denuncia: «Esta es la denuncia, acá la tiene. Nosotros hemos pedido que la Justicia determine las medidas procesales para que cese el delito», dijo Bullrich. Acto seguido, el periodista le pide a su colega que lea en vivo la denuncia presentada por su ministerio ante la Justicia y efectivamente decía lo que Bullrich acababa de desmentir.
Bullrich volvió a desmentir el pedido y desvió la atención sobre la pregunta haciendo referencia a los denunciados, «no son periodistas, el periodista tiene otra construccion. Hace años que hablo con periodistas y defiendo la libertad de expresión. Estos no son periodistas», dijo.
Las repercusiones tras la prohibición de publicar los audios filtrados
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) señalaron que “la reciente sentencia de la Justicia en lo Civil y Comercial Federal es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”. La entidad agregó, en referencia a la publicación de información, que “sólo puede dar lugar a responsabilidades ulteriores” y no a prohibiciones preventivas que, según señalaron, resultan «incompatibles con la Constitución Nacional y con la jurisprudencia internacional» y calificó la medida cautelar dictada por el juez Alejandro Patricio Maraniello, quien ordenó prohibir la difusión de más posibles audios de Karina Milei, como un acto de «censura previa”.
El periodista Jorge Rial, uno de los denunciados por el Gobierno hizo su descargo en la red social X. «El gobierno nos acusa de una conspiración internacional. Hace una ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna».
En cuanto al ataque a la libertad de prensa, el comunicador manifestó: «En un acto de locura extrema y en su peor momento el régimen de @JMilei no solo quiere acusar al periodismo por investigar la corrupción de su gestión, sino que va directo contra la libertad de prensa y expresión».
Un juez acusado de acoso sexual, maltrato laboral y abuso de poder
El juez del fuero civil y comercial, Alejandro Patricio Maraniello, que dictó la medida cautelar prohibiendo las publicaciones de posibles nuevos audios filtrados de Karina Milei, tiene varias denuncias ante el Consejo de la Magistratura, seis de ellas por acoso sexual a empleadas judiciales.
Las denuncias llegaron cuando cuando el juez se postulaba para ascender a camarista, en 2024. En total, se abrieron contra él seis expedientes, que volvieron a moverse el 19 de agosto de este año, cuando el Consejo de la Magistratura lo notificó formalmente para que haga su descargo.
Las acusaciones contra el magistrado fueron llevadas a cabo por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN) y abarcan un abanico de irregularidades: abuso de poder, maltrato a empleados, acoso sexual y laboral, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento del reglamento de la Justicia Nacional.
Una de las denuncias de las empleadas judiciales menciona que aceptó una salida por temor a perder el empleo y allí fue víctima de tocamientos y besos no consentidos. La mujer agregó que se vio forzada a mantener relaciones sexuales para poner fin al hostigamiento.
Otras denuncias tienen que ver con el “manejo inadecuado de recursos públicos”, vinculado con la utilización de fondos del juzgado a su cargo y de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, que preside, en beneficio propio. En el Consejo de la Magistratura figuran cinco expedientes vinculados al juez por temas de acoso, que están interrelacionados.
Foto de portada: AFP.
