Por Guillermo Collini-
En una medida desesperada por parte del Gobierno de La Libertad Avanza, en el marco de las reiteradas filtraciones publicadas en relación a supuestas coimas millonarias en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), solicito ante la Justicia una medida cautelar para que no se sigan publicando los audios filtrados que implican a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y que se allanen a los periodistas que difundieron la información.
Esta reacción se da, principalmente, a raíz del audio filtrado publicado el pasado viernes en el programa de streaming Data Clave, conducido por el periodista Mauro Federico, en el que aparece la voz atribuida a la hermana del presidente de la Nación, Karina Milei. «No podemos entrar en la pelea entre nosotros, tenemos que estar unidos. En verdad, acá no tienen que estar las 24 horas. Yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada».
Si bien el contenido del audio filtrado no habla de nada incriminatorio o ilegal, evidentemente el gobierno de Milei teme por el posible material que puedan contener futuras filtraciones.
Este mediodía el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó en su cuenta de la red social X una copia de la medida cautelar tomada por la Justicia intentando desviar el eje de la cuestión a una supuesta operación de inteligencia ilegal.
«El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral.
Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo.
No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido».
El juez en lo civil y comercial de la causa, Alejandro Maraniello, se anticipó a la posible controversia de su decisión argumentando que, “La medida cautelar aquí dispuesta no tiene por finalidad limitar ni menoscabar el debate público ni el flujo de información que constituye la esencia de un sistema democrático. Su alcance se encuentra acotado a un hecho concreto, puntual y excepcional, que exige resguardar bienes jurídicos de igual jerarquía constitucional, tales como la intimidad y el honor de las personas involucradas, así como la seguridad institucional derivada de la eventual divulgación de contenidos sensibles para el funcionamiento del Estado”.
El Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, realizó la denuncia penal «por producción, manipulación y difusión sistemática atribuidas a funcionarios y exfuncionarios del Poder Ejecutivo Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional prohibida por la ley 25.520.
Todo lo denunciado tiene como objetivo, según la presentación del funcionario del ministerio Fernando Oscar Soto, «influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población» y «desestabilizar los principales indicadores de la política económica» para «influenciar el proceso electoral».
En la presentación judicial del Ministerio, también solicitan allanar a los periodistas Mauro Federico y Fabián Doman del programa Data Clave, al que tildan de «kirchnerista», por publicar los audios de Spagnuolo y Karina Milei. Lo mismo para Jorge Rial, que difundió algunos audios en su programa radial Argenzuela.
El Gobierno, de Milei no sólo no se está refiriendo al contenido de los escandalosos audios que revelan posibles casos de coimas millonarias en relación a Discapacidad, que encabezarían Karina Milei y Lule Menem, sino que con su denuncia contra los periodistas tampoco tiene en cuenta que según el artículo 43 de la Constitución Nacional «No puede afectarse el secreto de las fuentes de información periodística».
