Por Stanley Luna-
La filtración de actas policiales al periódico salvadoreño Focos TV, reveló que el Gobierno de Nayib Bukele construyó un caso sin pruebas y con irregularidades para acusar de terrorismo a 11 hombres en vísperas del evento en el cual el mandatario salvadoreño asumiría por segunda vez la Presidencia tras violar la Constitución, el 1 de junio de 2024. Ese día, Bukele era noticia mundial y, en línea de política de mano dura, se ufanó ante la prensa y el presidente argentino Javier Milei de que habían detenido a hombres que “querían poner bombas” en estaciones de servicio durante su investidura.
Esta filtración, además, develó que tal como ocurre con muchas detenciones documentadas por organizaciones sociales en El Salvador en el marco del régimen de excepción impulsado por Bukele desde marzo de 2022, nueve de los procesados fueron detenidos con engaños por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y con base a la declaración de un testigo anónimo que les involucra en los hechos.
Parte de las irregularidades del caso señaladas en la investigación “Unos terroristas de cartón para Bukele”, firmada por el periodista Andrés Dimas, son que el primero de los 11 detenidos, Wilfredo Paredes Morales, fue aprehendido tres horas antes de que la PNC entregara a las jefaturas la declaración del testigo anónimo; que inicialmente fue incluido en la lista de acusados una persona que después de cinco horas de interrogatorio fue liberado y otro más que había fallecido hace meses.
En el reportaje, Focos TV atribuye reiterativamente los hechos que cuenta a “la versión policial”, a “documentos oficiales” o “documentos policiales”, y no publica las actas policiales debido a que el caso se encuentra bajo reserva total en un tribunal salvadoreño. Pero Dimas confirmó a Filtra Leaks que la base de la investigación fueron las actas policiales que obtuvo de diversas fuentes entre enero y junio de este año.
Con base en los señalamientos de la Policía, el Ministerio Público acusó en total a 15 hombres, incluido al fallecido, ante un tribunal salvadoreño. Los hombres fueron detenidos entre el 30 de mayo y el 3 de junio. Tres son excombatientes de la guerrilla salvadoreña, cinco veteranos de la Fuerza Armada, tres civiles y otros tres son imputados ausentes. Entre los procesados figura el excomandante guerrillero José Atilio Montalvo Cordero, quien por problemas graves de salud es el único que enfrenta el proceso judicial en prisión domiciliaria.
Montalvo Cordero pertenece a la Alianza Nacional El Salvador en Paz, una organización social que fue clave para la planificación de la última marcha masiva en contra de Bukele, realizada el 15 de septiembre de 2021, el Día de la Independencia del país centroamericano. Esta manifestación ocurrió a días de que la Sala de lo Constitución impuesta por Bukele fallara a favor de su reelección inmediata —algo prohibido en la Constitución hasta entonces— y que el Congreso afín al Gobierno aprobara el bitcoin como moneda oficial. Esta movilización causó revuelo en el oficialismo al punto que Bukele públicamente amenazó con reprimir protestas similares.
Para el día de la investidura de Bukele, algunas organizaciones sociales tenían previsto realizar protestas, pero una noche antes la PNC difundió en X la detención de Paredes Morales y siete hombres más. En la publicación dijo que “sus objetivos eran detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas en distintos puntos del país” y señalaba a Paredes Morales como un explosivista durante la guerra. Sin embargo, según la investigación, este hombre tenía nueve años cuando comenzó la guerra civil salvadoreña y no figura como guerrillero en los documentos oficiales. Cuatro horas después de su detención, su casa fue allanada y la Policía dijo que había encontrado cilindros de cartón y plástico sellados con cementos y con mechas pirotécnicas, con los que supuestamente se realizarían los ataques.
Más irregularidades
En los documentos policiales en poder de Focos TV, Dimas señala que el testigo anónimo se refería a los detenidos con nombres y apellidos, y que luego de su primera declaración, los investigadores policiales le contactaron a las 8 pm del 30 de mayo, para darle seguimiento al caso. En esa ocasión, el testigo mencionó información que había omitido antes, por ejemplo, el nombre de los otros hombres que fueron detenidos días después.
Además, al periódico le llama la atención que el testigo dijera haber visto reunidos en el billar que Paredes Morales trabajaba, en un pueblo cercano a la capital salvadoreña, San Salvador, a los hombres detenidos hablando sobre realizar actos de terrorismo el 1 de junio de 2024; y que, al mismo tiempo, el testigo escuchó una conversación similar entre salvadoreños y dos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha en un bar de Sinaloa, en México, país al que ocasionalmente viajaba por trabajo.
Hasta el día de la acusación, el 13 de junio, el Ministerio Público sólo contaba con la declaración del testigo, con los cilindros encontrados en la casa de Paredes Morales, con un audio enviado por Paredes Morales a un contacto donde supuestamente hablaba de los planes del 1 de junio y una bitácora de llamadas entre los detenidos. Para un caso al que el oficialismo dio relevancia y en el que los detenidos se exponen a penas de hasta 80 años, durante un año y medio, los fiscales han pedido dos prórrogas para presentar las pruebas.
En conversación con Filtra Leaks, Dimas explicó que, aunque el proceso judicial contra los detenidos comenzó en junio de 2024, diversas fuentes le compartieron la documentación hasta los primeros meses de este año, y por esto la investigación tardó en publicarse. Pero, dice, la información fue reveladora porque demuestra una serie de contradicciones en un proceso divulgado por el Gobierno de Bukele y aún así hay un tribunal que decide mantener en prisión a 10 de los detenidos. A lo cual, agrega, es un caso donde primero se detienen a las personas y después se busca construir la prueba.
“La Policía construyó un caso plagado de irregularidades, plagado de contradicciones, plagado de mentiras. No logramos concluir que todo el caso fue un montaje, sino que fue una construcción irregular del caso por parte de la Policía, donde ocuparon mentiras, donde ocuparon un testigo invisible que vio cosas difíciles de ver y donde las pruebas ocurrieron hasta el momento de la detención”, concluyó Dimas.
