El fundador del sitio de filtraciones WikiLeaks, Julian Assange, pidió 20 años y medio de cárcel para el exmilitar español dueño de la empresa que se encargaba de la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres entre 2015 y 2018, durante su asilo, y entregar a terceros información «ilícitamente obtenida» sobre él y otras personalidades, entre ellos varios presidentes latinoamericanos.
En su escrito de acusación presentado en la Audiencia Nacional, Assange hace esta petición de pena para David Morales, gerente de la empresa Undercover Global (UC Global), por revelación de secretos, organización criminal, cohecho, tenencia ilícita de armas y blanqueo.
David Morales.
El activista solicitó además otra pena de cinco años de cárcel para el responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, en su caso solo por delito de descubrimiento y revelación de secretos. Ambos tendrían que indemnizar al fundador de WikiLeaks con 30.000 euros y, una vez consignados, serían ingresados directamente a favor de la organización independiente Plataforma por la Libertad de Información (PLI).
Assange señala que durante los años en los que permaneció «refugiado» dentro de la Embajada, «sus derechos se vieron gravemente vulnerados por las actividades delictivas que fueron sistemáticamente desarrolladas por la empresa española encargada del servicio de seguridad perimetral en la sede diplomática».
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa presenta otra acusación
Julian Assange y Rafael Correa.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien también fue afectado por estos actos de espionaje, presentó escritos de acusación contra los responsables de esta empresa con peticiones de penas similares.
Correa solicita 13 años y medio de prisión y multa para Morales, 6 años para Wallemacq y tanto multa como pena de disolución para UC Global. Denunció que mientras él y su familia estuvieron bajo la seguridad de UC Global, «sus derechos se vieron gravemente vulnerados por las actividades delictivas que fueron sistemáticamente desarrolladas por la empresa española», que «llevó a cabo una serie de acciones de marcado carácter ilícito, llegando a implantar un auténtico operativo de espionaje«, entre ellas grabaciones de conversaciones telefónicas o virus para controlar sus dispositivos.
En su auto de pase procedimiento abreviado, el juez instructor Santiago Pedraz recuerda que entre 2015 y 2018 la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres fue confiada a UC Global, una empresa española con sede social en Puerto Real y oficinas en Jerez de la Frontera, ambos municipios de la provincia de Cádiz.
Señala que la empresa, con Morales como gerente y «máxima autoridad», fue contratada por Ecuador como consecuencia de la «sensible situación» que se vivía con el asilo concedido a Assange, acusado de espionaje por las autoridades de Estados Unidos por difundir miles de documentos oficiales y secretos a través de su portal WikiLeaks.
El juez detalla que Morales dio en 2017 la orden para que se instalaran nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones «confidenciales» que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con personalidades como el abogado Baltasar Garzón, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias o los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) y José Mujica (Uruguay).
Pedraz indica que, durante el proceso de instalación de las cámaras, David Morales exigió a los técnicos que habilitaran un sistema de acceso externo (‘streaming’) para que se pudiera acceder en tiempo real a controlar todo lo que sucedía en el interior de la Embajada. A su entender, Morales «pretendía abrir dos canales de ‘streaming’ para el acceso online, uno oficial para Ecuador y otro para ‘los amigos de Estados Unidos'».
Crédito RTVE.
