Una filtración de datos internos del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.) revela que uno de cada tres deportados desde el área de Los Ángeles no tiene antecedentes criminales. La información, a la que accedió este medio a través de una fuente policial, surge de un memorando interno que detalla la actividad del organismo entre octubre del año pasado y junio de este año, en el marco de una visita del subsecretario de Seguridad Nacional, Troy Edgar.
Durante ese período, el ICE arrestó a 5.232 personas en sus operativos en Los Ángeles. De ese total, 3.513 tenían antecedentes penales, entre ellos 350 presuntos miembros de pandillas y 43 personas clasificadas como «terroristas conocidos o sospechosos», vinculados por el FBI a organizaciones criminales transnacionales. Sin embargo, 1.719 de los detenidos no tenían ningún antecedente.
Hasta junio, se deportaron 3.257 personas, incluyendo 2.069 con antecedentes penales, 185 presuntos pandilleros y 18 clasificados como terroristas. Pero también se deportó a más de 1.100 personas sin historial criminal. Según el ICE, en el área de Los Ángeles residen más de 480.000 personas sin estatus migratorio legal.
Falta de transparencia, presiones políticas y señales de fractura
Estos datos ofrecen una mirada poco común sobre el funcionamiento de una de las oficinas más activas del ICE. Las estadísticas públicas del organismo solo llegan hasta enero, y actualmente ni siquiera están disponibles en su sitio oficial. ICE tampoco respondió a los pedidos de comentario.
La diferencia entre personas sin papeles que llevan una vida productiva y quienes han cometido delitos es clave. Según encuestas, el 89% de los estadounidenses apoya deportar a personas acusadas de crímenes violentos, pero más de la mitad se opone a expulsar a quienes no infringieron ninguna otra ley.
Memorándum filtrado
Incluso congresistas republicanos han empezado a cuestionar la estrategia del ICE, que contradice la promesa de campaña de Donald Trump de enfocarse solo en personas con antecedentes. A comienzos de mes, seis legisladores liderados por Tony Gonzales enviaron una carta al director interino del ICE advirtiendo que perseguir a personas sin historial delictivo drena recursos que deberían destinarse a capturar terroristas y miembros de cárteles.
Trump pareció reconocer esa tensión cuando, tras hacerse pública la carta, defendió a los trabajadores agrícolas y del sector hotelero, señalando que “no podemos echar a personas que llevan 20 años trabajando en una granja o un hotel, haciendo bien su trabajo”. Ese mismo día, el Departamento de Seguridad Nacional ordenó pausar todas las redadas en sectores como agricultura, plantas cárnicas y hoteles.
Sin embargo, horas después Trump dio marcha atrás, según múltiples reportes. El episodio refleja la fragilidad del apoyo político a su estrategia migratoria, incluso entre sus votantes latinos.
La senadora estatal de Florida e integrante de “Latinas for Trump”, Ileana García, criticó públicamente la “arbitrariedad de las medidas migratorias actuales”, señalando que se está “cazando a personas que están cumpliendo con sus audiencias migratorias” solo para cumplir metas internas fabricadas por la administración. “Esto no es lo que votamos”, afirmó.
Por detrás de esta política está Tom Homan, el zar migratorio de Trump, que opera sin pasar por el Congreso y sin transparencia pública. ICE, que no tiene director confirmado, responde directamente a su oficina. Mientras tanto, no hay datos oficiales sobre deportaciones a nivel nacional ni sobre cuántas personas están detenidas actualmente.
