Richard Boyle, un ex empleado de la Oficina de Impuestos de Australia (ATO, por sus siglas en inglés), en 2018 filtró información a la cadena ABC sobre el uso de tácticas muy agresivas por parte de la agencia para recuperar deudas de propietarios de pequeñas empresas, que paralizaron los medios de vida de muchos.
Hoy el filtrador enfrenta 24 cargos, incluidos la grabación de conversaciones privadas sin consentimiento y por tomar fotografías de la información de los contribuyentes. Sus abogados han estado tratando desesperadamente de invocar las protecciones para denunciantes, para evitar que llegue a juicio y tenga una posible pena de hasta 46 años de cárcel.
El denunciante de la oficina de Hacienda, parece que será sometido a juicio después de que su intento de conseguir una audiencia ante el Tribunal Superior fracasara este jueves.
Boyle se convirtió en denunciante interno en 2017, cuando comenzó a preocuparse por las operaciones en la oficina tributaria. Cuando sintió que lo ignoraban, habló públicamente en Four Corners sobre la cultura en la ATO. Allí detalló cómo su área recibió instrucciones de utilizar tácticas de mano dura para recuperar dinero de aquellos con deudas tributarias.
Los intentos de sus abogados de invocar las protecciones para denunciantes, para ayudarlo a evitar un juicio no tuvieron éxito, ya que tanto un juez único como un tribunal de apelaciones de la Corte Suprema de Australia del Sur dictaminaron que no tenía inmunidad procesal por los cargos.
La última esperanza del señor Boyle era el Tribunal Superior
Los abogados defensores de Boyle argumentaron que los tribunales de Australia del Sur se equivocaron en varios frentes, incluso en si la Ley de Divulgación de Interés Público se aplica sólo al acto de divulgación y no a las medidas adoptadas para realizar esa divulgación.
Su caso cuestionó si la persona involucrada necesita establecer una conexión entre los pasos y la divulgación, antes de que pueda haber protección. También hubo dudas sobre si los tribunales de Australia del Sur tenían jurisdicción.
Si bien se conoce el resultado de las audiencias de Australia del Sur, se han suprimido los motivos de las decisiones.
Boyle y sus partidarios habían tenido la esperanza de que el Tribunal Superior revocara los fallos, pero eso se vio frustrado el jueves cuando se le negó al caso el permiso especial para apelar, despejando el camino para su juicio. Según Boyle, las leyes de divulgación de interés público «no han funcionado»
El exempleado de la oficina de impuestos, dijo que estaba sorprendido y «un poco conmocionado» por la denegación por parte del Tribunal Superior de la solicitud de permiso especial.
«Soy la primera persona que busca inmunidad bajo las leyes de divulgación de interés público. No han funcionado», afirmó.
Boyle dijo que su lucha para reclamar inmunidad había sido larga y que no estaba seguro de por qué su solicitud no tuvo éxito: «Pensé que teníamos una candidatura muy sólida. Esperaba un resultado positivo», dijo y agregó que, «Pensé que el Tribunal Superior también tenía el mandato de ocuparse de asuntos que eran de interés público, y creo que el público estaba muy interesado en este caso».
Richard Boyle junto a su esposa Louise Beaston
También manifestó que él y su esposa Louise Beaston «se arruinaron hace mucho tiempo» y ahora sobreviven día a día y añadió que, “cada vez vamos más lentos porque nuestros recursos físicos, emocionales, mentales y espirituales se han agotado casi por completo», «No nos queda nada.»
El filtrador de la oficina de impuestos de Australia, está pidiendo al público que muestre su apoyo afuera de su audiencia el próximo lunes lunes, diciendo que saldrá una vez que termine sus obligaciones ante el tribunal.
«Me encantaría conocerlos, estrecharles la mano, incluso abrazarlos, porque ha sido un viaje muy largo», dijo.
Kieren Pender, del Centro de Derechos Humanos, ha pedido al gobierno que proteja al Sr. Boyle. «Este es un día desgarrador para Richard Boyle». «Su caso pone de relieve las grandes lagunas del régimen de denuncia de irregularidades de Australia.
El fiscal general, Mark Dreyfus, debe garantizar que Richard Boyle no vaya a la cárcel por exponer irregularidades en la oficina de impuestos y arreglar urgentemente las protecciones federales para los denunciantes», cerró Pender.
Boyle filtró un correo electrónico enviado a 12 empleados de la ATO cerca del final de un turno, donde se les instruía: «La última hora de poder está sobre nosotros… eso significa que todavía tienen tiempo para emitir otros cinco embargos… ¿verdad?». Esto evidenció una cultura inquietante en la ATO de usar tácticas duras con los contribuyentes que debían dinero.
Poco después de que Boyle hiciera pública su filtración, su casa fue allanada por agentes de la ATO y la Policía Federal Australiana. Su esposa describió el trauma de ver a un oficial de policía armado parado en la puerta de su habitación.
Crédito ABC Australia.
