Una nueva tormenta política sacude al gobierno israelí tras la decisión de la fiscal general Gali Baharav-Miara de avanzar hacia la imputación de Jonatan Urich, uno de los asesores más cercanos al primer ministro Benjamin Netanyahu, por cargos vinculados a la filtración de información militar clasificada durante la guerra en Gaza. La acusación, aún sujeta a una audiencia preliminar, sostiene que Urich y otro colaborador habrían compartido secretos de Estado con el diario alemán Bild con el objetivo de influir en la narrativa pública sobre la muerte de seis rehenes israelíes en manos de Hamas.
El caso se remonta a finales de agosto de 2024, cuando los cuerpos de seis rehenes fueron hallados ejecutados en un túnel en el sur de Gaza. La noticia conmocionó a Israel y desató protestas masivas. Familiares de los secuestrados responsabilizaron directamente a Netanyahu por haber saboteado un posible alto el fuego que, según fuentes de defensa, incluía la liberación de cuatro de esas seis personas. Las negociaciones se habían estancado días antes del hallazgo, lo que abrió un debate feroz sobre las prioridades del gobierno.
En ese contexto, el artículo de Bild —publicado poco después del descubrimiento de los cuerpos— ofrecía una visión detallada de la estrategia negociadora de Hamas y reforzaba el discurso del primer ministro, quien culpaba al grupo militante del fracaso del acuerdo. Ahora, la fiscalía sostiene que esa publicación se basó en documentos secretos filtrados intencionalmente por los asesores de Netanyahu para desviar el foco de las críticas.
Netanyahu reaccionó con dureza a la decisión de la fiscal general, calificándola de “escandalosa” y denunciando que el anuncio fue “sospechosamente oportuno”. Según el mandatario, Urich no cometió ningún delito y no puso en peligro la seguridad del Estado. Su entorno asegura que la causa es políticamente motivada y que busca debilitar al gobierno en un momento de negociaciones delicadas con Hamas en Doha para alcanzar una nueva tregua.
Los abogados de Urich también negaron categóricamente los cargos y afirmaron que su cliente será exonerado. En un comunicado, calificaron la acusación como “infundada” y acusaron a la fiscalía de actuar con fines políticos. En paralelo, Bild se negó a comentar sobre sus fuentes, aunque ratificó que el artículo se basó en documentos auténticos. El medio alemán evitó hacer nuevas declaraciones este lunes tras conocerse la investigación.
Las tensiones entre Netanyahu y Baharav-Miara no son nuevas. El gobierno ha intentado en varias ocasiones destituir a la fiscal general, quien fue nombrada por la administración anterior y ha mantenido una postura crítica sobre varias de las políticas del actual gabinete. Este nuevo episodio vuelve a colocarla en el centro de la escena y renueva los cuestionamientos sobre la independencia judicial en Israel.
Aunque aún no se ha determinado si los documentos filtrados fueron decisivos en el artículo de Bild, lo que sí ha quedado claro es que el episodio plantea serias dudas sobre el manejo de información confidencial en el entorno del primer ministro. Para la fiscalía, la intención detrás de la filtración no era informar a la prensa sino manipular la percepción pública en un momento extremadamente sensible.
La guerra en Gaza y el destino de los rehenes israelíes han sido ejes clave en la política interna de Israel desde el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. El manejo del conflicto, las negociaciones de tregua y la seguridad de los cautivos han generado divisiones profundas tanto en el gobierno como en la sociedad. La presunta utilización de secretos militares con fines propagandísticos eleva la crisis a un nuevo nivel.
En enero de este año, se logró una tregua de dos meses que permitió liberar a 38 rehenes antes de que Israel reanudara sus operaciones en Gaza. Actualmente, se están llevando a cabo nuevas conversaciones indirectas en Doha, donde la presión internacional para lograr otro alto el fuego vuelve a intensificarse. Este escándalo, sin embargo, podría entorpecer la credibilidad del gobierno en las negociaciones.
El caso Urich todavía debe pasar por una audiencia que determinará si el proceso judicial avanza formalmente. Pero incluso antes de una imputación definitiva, la revelación ya ha generado un impacto político mayúsculo. La sospecha de que un círculo íntimo del primer ministro filtró información sensible para proteger su imagen personal plantea serios interrogantes sobre los límites del poder, la ética gubernamental y el uso de los medios como campo de batalla política.
