A través de filtraciones masivas y documentos internos —incluyendo 500 GB de correos electrónicos, presentaciones y registros de monitoreo— quedó expuesta una preocupante verdad: Harita Group, proveedor clave de níquel para la industria de vehículos eléctricos, conocía desde al menos 2012 la presencia de niveles peligrosos de cromo hexavalente (Cr⁶) en fuentes de agua potable en la isla de Obi, Indonesia.
A pesar de afirmaciones públicas asegurando que el agua era segura, los documentos filtrados demuestran que los niveles de Cr⁶ superaron sistemáticamente el límite legal de Indonesia (50 ppb). Se registraron concentraciones de 350 ppb en aguas residuales en 2012, hasta 140 ppb en fuentes de agua en diciembre de 2022.
Las filtraciones se originaron en un ataque de ransomware, con la filtración posterior a través del grupo Distributed Denial of Secrets. Las entidades investigativas OCCRP, The Gecko Project y The Guardian analizaron y autentificaron los datos antes de su publicación.
Entre los correos filtrados, ejecutivos como Tonny Gultom (director de salud, seguridad y medio ambiente) discutían abiertamente la gravedad del problema y las dificultades de ocultarlo a las comunidades locales y a las autoridades ambientales. Las consecuencias judiciales podrían ser significativas: expertos legales indonesios, como Laode M. Syarif, excomisionado del KPK, han señalado que estos documentos proveen bases sólidas para procesos administrativos, civiles o inclusive penales.
El caso ha encendido alarmas en la industria de autos eléctricos y financiamiento sostenible. El escándalo golpeó justo cuando Harita listó en la bolsa su subsidiaria de níquel en abril de 2023, recaudando alrededor de 660 millones de dólares. Se cuestiona la debida diligencia de los bancos, especialmente al revelarse que los suscriptores conocían los problemas ambientales antes del IPO.
Desde el plano comunitario, entrevistas con ciudadanos de Kawasi revelan que padecen dolencias respiratorias y gastrointestinales posiblemente vinculadas a la exposición crónica al cromo, sin que la empresa emitiera alertas ni ofreciera soluciones sanitarias (occrp.org).
Las filtraciones también exponen un patrón de encubrimiento y manipulación de datos: correos internos indican que se pidió no informar a la población local y se retrasó el envío de informes oficiales a las autoridades .
Frente a la presión internacional, Harita mantiene que realiza monitoreos periódicos del agua y que cumple con los estándares, citando resultados que indican niveles de Cromo de entre 5 y 40 ppb entre 2013 y 2021 —contradicciones claras respecto a sus propios datos internos (theguardian.com).
En términos regulatorios, el Ministerio de Medio Ambiente de Indonesia aún no ha emitido sanciones formales. Pero los documentos filtrados y el creciente escrutinio internacional presionan a una respuesta contundente, al tiempo que ONG como Climate Rights International demandan medidas inmediatas y cambios en las normativas de transparencia en la cadena de suministro de minerales críticos (cri.org).
En suma, este caso revela cómo la demanda global de minerales para una transición energética limpia puede acarrear graves consecuencias ambientales y sociales si no se garantiza transparencia, regulación efectiva y responsabilidad judicial. Lo cierto es que, si persiste la impunidad, el esquema de “vehículos limpios” podría seguir envenenando el agua de millones.
