Por Stanley Luna
Documentos judiciales filtrados a un equipo de periodistas en El Salvador muestran que el gobierno de Nayib Bukele favoreció a sociedades controladas por dos acusados del caso más grande de narco lavado en la historia del país centroamericano.
En 2017, José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”, y Juan Umaña Samayoa, exalcalde del municipio de Metapán, en el occidente salvadoreño, fueron detenidos tras una investigación que los señala como responsables de haber movido 508 millones de dólares, entre 2013 y 2017, a través de 32 sociedades. Esas sociedades pasaron al Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), el organismo estatal que confisca los bienes de los procesados por corrupción o lavado de dinero mientras espera una sentencia firme para expropiarlos. Sin embargo, en noviembre pasado, la filtración del periódico salvadoreño Focos reveló que al menos cinco de estas empresas confiscadas siguen activas y que ganaron decenas de contratos en el primer gobierno de Bukele (2019-2024), la mayoría durante la pandemia del COVID-19. Salazar Umaña y Umaña Samayoa están en libertad condicional.
Juan Umaña Samayoa, exalcalde del municipio de Metapán.
Para esta investigación, exfiscales que conocieron el caso filtraron a los periodistas la acusación contra los procesados y un peritaje de la Unidad de Lavado de Dinero que detalla el flujo financiero de las sociedades confiscadas. La Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General todavía no presenta su peritaje ante el CONAB, un documento clave en los juicios para expropiar a favor del Estado los bienes en los cuales se sospecha su procedencia.
Con el listado de las sociedades, que aparece en ambos documentos judiciales, el equipo periodístico verificó su estado financiero en el Centro Nacional de Registro (CNR) y descubrió que las empresas Distribuidora de Alimentos Básicos (Disali), Graneles de Centroamérica, Molinos San Juan, Hoteles de El Salvador e Industrias Gumarsal siguen activas y son administradas por familiares o socios de los acusados, quienes buscan a sus clientes mientras el CONAB firma los contratos, por ser su representante financiero. Además, los periodistas detectaron que Gumarsal, fundada por Umaya Samayoa, registra un préstamo por un millón de dólares a la sociedad Global Grain Holding, una offshore abierta en Panamá. Esta empresa está a cargo de la hija del exalcalde de Metapán, Karen Patricia Umaña de Ventura, y otros dos empleados de Gumarsal. Según la Fiscalía General, la sociedad es utilizada para blanquear dinero.
“Lo que nosotros concluimos es que, al final, aunque el CONAB tiene administración de estas empresas, realmente las familias y los empleados de confianza de los señalados continúan controlando lo que ocurre en el día a día con las empresas. Es algo que nosotros intuíamos, que nos lo confirmaron la Fiscalía y gente que estuvo trabajando en el CONAB”, explica Claudia Palacios, una de las tres periodistas que firma la investigación titulada “Empresas de ‘Chepe Diablo’ y exalcalde de Metapán ganaron $26.6 millones en contratos durante el gobierno de Bukele”.
En mayo de 2021 la Asamblea Legislativa afín a Bukele destituyó al anterior fiscal general, Raúl Melara, e impuso en ese cargo a un fiscal de confianza del oficialismo, Rodolfo Delgado. Desde entonces la fiscalía dejó de investigar casos que involucran a exfuncionarios y funcionarios actuales por corrupción y negociaciones con las pandillas. Exfiscales que encabezaban estas investigaciones han denunciado persecución del oficialismo. Algunos renunciaron a sus cargos y partieron al exilio.
La asamblea oficialista también nombró como magistrado en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia al exdefensor de Salazar Umaña, Miguel Ángel Flores Durel, quien falleció en julio de 2023. Desde hace dos años, esta sala debe resolver una apelación de la Fiscalía General contra un fallo de una cámara que alegó que los acusados son doblemente perseguidos, ya que en 2014 también fueron procesados por evasión de impuestos.
Investigados por narcotráfico
Salazar Umaña y Umaña Samayoa son investigados desde inicios de este siglo por la Policía y la Inteligencia del Estado, que los vinculan con el Cártel de Texis, una banda de narcotraficantes que opera en el occidente de El Salvador. En 2014, la administración de Barack Obama, basada en la Kingpin Designation Act, una ley que perfila a criminales internacionales, calificó a Salazar Umaña como “capo” de la droga, una clasificación que también le ha dado al “Chapo Guzmán”. Pese a estos señalamientos, Salazar Umaña y Umaña Samayoa no han sido acusados por delitos relacionados al tráfico de drogas. En 2014, la Fiscalía General los acusó de evasión de impuestos y tres años después volvió a acusarlos del mismo delito y de lavado de dinero.
En el documento de acusación al que tuvieron acceso los periodistas, los fiscales revelaron el esquema bajo el cual funcionaban las 32 sociedades de los acusados para mover millones de dólares. Con este esquema, los periodistas indagaron que a Global Grain Holding, la empresa abierta en Panamá, le corresponde el 100 % de las acciones de la Fundación Cultivando El Progreso, una organización que tiene como beneficiarios al exalcalde Umaña Samayoa y su familia. Actualmente, esta empresa y la fundación no están bajo supervisión del CONAB.
De acuerdo con la investigación, de los 26.6 millones de dólares que el gobierno de Bukele otorgó en contratos a las empresas de Salazar Umaña y Umaña Samayoa, el 66 % de los fondos fue erogado desde los ministerios más cuestionados durante la primera gestión de Bukele, sobre todo por el manejo de la pandemia del COVID-19: el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el Ministerio de Turismo.
El 74 % de las compras que el gobierno de Bukele hizo a las empresas vinculadas al lavado de dinero fue por el mecanismo de compras directas, sin licitaciones. Entre los contratos más jugosos se destacan dos por 10.1 millones de dólares y 4.4 millones de dólares que el Ministerio de Agricultura le otorgó a Disali, usando la Ley del Uso de Fondo de Protección, Prevención y Mitigación de Desastres, un mecanismo que Bukele creó para canalizar los fondos en el manejo de la pandemia. El mecanismo fue cuestionado por su poca transparencia en informes de una comisión especial creada en la anterior Asamblea Legislativa. La comisión especial informó que en algunos casos no coinciden las cifras que el gobierno reportó a la Corte de Cuentas y a la Asamblea Legislativa para justificar la ejecución de los fondos.
Millones de dólares sin justificar
Del total de los fondos públicos con los que fueron beneficiadas las empresas de Salazar Umaña y Umaña Salazar, el gobierno no pudo justificar ante la Corte de Cuentas de la República el uso de 17.7 millones de dólares. Esta institución contralora señaló que hubo productos y servicios que fueron contratados a sobreprecio y que el gobierno no presentó documentos para mostrar la ejecución de los servicios. La Corte inició un juicio de cuentas contra el gobierno por defraudación en el caso de la contratación de una empresa del grupo Gumarsal, Molinos San Juan, por 1.3 millones de dólares, para empaquetar canastas alimenticias en la pandemia, siendo que los encargados de ese trabajo, según la publicidad gubernamental, eran los militares.
Otro de los contratantes de las empresas fue la alcaldía de Metapán, uno de los municipios donde investigaciones periodísticas han revelado que opera el Cártel de Texis. En las elecciones de febrero pasado, Umaña Samayoa fue parte del equipo de campaña del actual alcalde de Metapán, Carlos Landaverde. También la alcaldía de Mejicanos, que estaba presidida por Saúl Meléndez, el suegro del actual alcalde de San Salvador, Mario Durán, contrató a Gumarsal por más de 1.8 millones de dólares.
“Esta investigación deja dudas sobre por qué este gobierno ha beneficiado a estas empresas, por qué el CONAB también ha tenido una supervisión poco efectiva sobre ellas y por qué estos procesos judiciales se han prolongado tanto. Son procesos que llevan siete años, y no ha avanzado ni el proceso de extinción de dominio”, concluye Chicas.
