La Audiencia Nacional (AN) desestimó el recurso de apelación que interpuso el exmilitar y presidente de UC Global, David Morales, quien está acusado de espiar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, al apreciar posibles delitos de cohecho activo y de tenencia ilícita de armas, confirmando así la decisión del juez instructor de llevarlo a juicio.
De este modo el tribunal avaló la apertura del juicio oral contra Morales y Michel Wallemacq, responsable de operaciones de UC Global empresa que se encargaba de la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres mientras Assange estuvo allí refugiado entre 2012 y 2019.
En su recurso los acusados mencionaron ‘contradicciones’ de testigos protegidos y la supuesta falta de ‘indicios de delito’, lo cual fue refutado por la AN, subrayando evidencias suficientes de cohecho y tenencia de armas. En detalles del auto, se menciona que Morales realizaba ‘pagos periódicos y de cuantía elevada a diversos funcionarios ecuatorianos’ para mantener el contrato de seguridad y obtener información diplomática reservada.
Además, se descubrieron «armas de fuego manipuladas, con la numeración borrada y munición apta para el disparo sin la correspondiente licencia» durante un allanamiento en su domicilio.
El juez Santiago Pedraz, al abrir el juicio oral, acusó a Morales de varios delitos, incluyendo descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, tenencia ilícita de armas, organización criminal y blanqueo de capitales. Por estos hechos, la Fiscalía solicita una condena de 13 años y 6 meses de prisión para Morales. Para Wallemacq, se piden tres años y seis meses de cárcel.
Por su parte, la defensa de Assange pidió 20 años de prisión para el exmilitar.
En el auto donde proponía juzgar a Morales, Wallemacq y su empresa, Pedraz señaló que la empresa, con el exmilitar como gerente y «máxima autoridad», fue contratada por Ecuador como consecuencia de la «sensible situación» que se vivía con el asilo concedido a Assange, acusado de espionaje por las autoridades de Estados Unidos por difundir miles de documentos oficiales y secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán a través de su portal WikiLeaks.
Para el juez, Morales en 2017 ordenó que se instalaran nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones «confidenciales» que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con personalidades como el abogado Baltasar Garzón, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias o los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) y José Mujica (Uruguay).
Con información de Europa Press.
