En 2020 la entonces interventora de la AFI (Agencia Federal de Investigaciones), Cristina Caamaño, fue denunciada penalmente por la filtración de nombres de espías que aparecían en una lista enviada por el organismo a la justicia federal de Lomas de Zamora. Caamaño estuvo imputada en la causa hasta que la jueza federal María Servini la sobreseyó.
La filtración expuso las identidades de cientos de agentes de inteligencia, mientras avanzaba el expediente judicial que investigaba los seguimientos del organismo a políticos y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri. Esto tuvo como consecuencias un cúmulo de demandas civiles contra el Estado por parte de los exagentes de la central de inteligencia que se sintieron damnificados por la filtración, al ser reveladas sus identidades.
Estas demandas, según el diario La Nación, serían más de 60 y están dirigidas contra el Estado Nacional, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Ministerio Público Fiscal (MPF), la extitular de la AFI Cristina Caamaño y contra Santiago Sautel, responsable del portal Real Politik, que publicó el documento filtrado.
El documento es un libro de actas de gestiones administrativas 2016-2018, que contenía datos administrativos y las identidades de agentes de la AFI retirados y en actividad. El libro fue enviado por Caamaño a los tribunales de Lomas de Zamora, para que se investiguen hechos de espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri, que ella misma había denunciado ante la Justicia.
En el marco de esa causa, el 16 de julio, el fiscal Eyherabide le solicitó a la AFI que le enviara información contenida en ese libro de actas. La AFI, mediante un escrito en el cual pidió que la información fuera preservada, respondió enviando el libro de actas completo.
Ese material, que Caamaño desclasificó y envió al juzgado (pidió el resguardo del material), fue cargado en el sistema LEX –al cual acceden las defensas y las partes querellantes– a pedido del exdirector de Inteligencia Gustavo Arribas y quien era su vice, Silvia Majdalani. La información fue difundida, dejando al descubierto las identidades de decenas de agentes.
Como consecuencia de esto, Caamaño y la fiscal Incardona se pasaron la pelota culpándose por la filtración. La extitular de la AFI dijo que el material no fue bien preservado por los funcionarios judiciales, y cerca de la fiscal siempre dijeron que el material fue enviado sin que los nombres fueran testados, además de recordar que sólo habían solicitado un informe y no el libro de actas completo.
En la causa penal por la filtración, tanto Caamaño como el fiscal Eyherabide y el titular del portal informativo Realpolitik, fueron sobreseídos después de una serie de medidas de prueba solicitadas por la jueza Servini, en 2022.
Con información de lanacion.com