Cientos de mensajes filtrados de jefes de Interior y mandos policiales entre 2015 y 2019 revelan la estrategia del ministerio en la época del PP para investigar a Podemos y a líderes independentistas, la mayoría de las veces sin respaldo judicial.
Por José Manuel Romero
Cientos de mensajes telefónicos a través de WhatsApp que se intercambiaron entre 2015 y 2019 el número dos de Interior, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, y el máximo jefe policial, Eugenio Pino, revelan la estrategia seguida por ese ministerio para investigar, la mayoría de las veces sin respaldo judicial, a Podemos y al independentismo catalán. El objetivo de esa maniobra ilegal era atacar a los dirigentes políticos con informaciones, muchas veces falsas, filtradas a medios de comunicación.
Además, esos mensajes de WhatsApp que ahora el juez instructor del caso Kitchen, Manuel García Castellón, ha incorporado al sumario, acreditan muchas de las maniobras de la cúpula política y policial de Interior para obstaculizar la investigación judicial sobre la caja b del PP. Algunas de las comunicaciones y órdenes incluidas en el intercambio de mensajes eran supuestamente conocidas por el ministro Jorge Fernández Díaz. La Fiscalía Anticorrupción pide para los tres máximos responsables de Interior hasta 15 años de cárcel y 31 de inhabilitación por los delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad en el caso Kitchen, el operativo policial para espiar a la familia del extesorero popular Luis Bárcenas y ocultar pruebas de la financiación ilegal del partido.
Desde octubre de 2012, el Ministerio del Interior puso en marcha una estrategia de difusión de informaciones contra dirigentes independentistas catalanes para contrarrestar el desafío secesionista que inició el Gobierno de Artur Mas con la convocatoria de elecciones anticipadas en noviembre de aquel año. Entre las primeras acciones, figura la difusión de un informe policial, sin sello ni firma y que Interior desmintió, donde se detallaban numerosas corruptelas de los principales dirigentes independentistas catalanes nunca confirmadas.
Esa estrategia continuó firme durante los años en que Jorge Fernández Díaz estuvo al frente del Ministerio del Interior. El ministro ocupó el cargo desde diciembre 2011 hasta noviembre de 2016, año en el que también dejaron de ocupar sus respectivos puestos Martínez y Pino.
Secretario de Estado Francisco Martínez
Las filtraciones
El martes 27 de octubre de 2015, la Audiencia Nacional ordena a la policía registrar 15 domicilios y empresas del clan Pujol. A las siete de la mañana, el secretario de Estado, Francisco Martínez, escribe al director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino.
Martínez: Eugenio, hay que estar encima de lo de hoy para hacer mucho ruido… Mucha «puesta en escena» de UIP, etc. Que Fiti te vaya avisando.
Pino: Casi hemos acabado todos los registros. Queda por concluir uno cuyo auto ha tenido que ser rectificado. El resultado, considerando las limitaciones que implicaban los autos judiciales, es razonablemente satisfactorio. Creo que tendremos nuevos datos que nos permitirán avanzar en la investigación.
Martínez: ¡Ojalá! Mañana la prensa catalana va a tope. El juez se va a cabrear. Que no nos pille por sorpresa.
En marzo de 2016, Pino se dirige a Martínez en relación a la Fundación CatDem, de Convergència Democràtica de Catalunya, que había sido objeto de un registro por orden judicial seis meses antes.
Pino: Nos aparecen cuentas de Convergència en Suiza. A nombre de Fòrum Barcelona y Catdem.
Martínez: ¿De verdad?
Pino: Sí, me lo ha comunicado Gago, que a su vez le dicen los suizos.
Martínez: ¿Hay papeles?
Pino: Los tendremos.
Cuando esos papeles llegaron, dos semanas después, nada fue como parecía.
Pino: Tengo la información de CATDEM FUNDACIÓN, pero ya no tienen cuenta en Suiza, la cancelaron en 2013, en plena investigación del 3%. El día de la cancelación tenían 625.612 euros. Me dicen que la información es absolutamente fiable, pero como me han visto reticente a aceptar estos datos sin más. Me proponen alguna comprobación que tendríamos que hacer en Suiza, como la otra vez.
Martínez: ¿Te suena fiable?
Eugenio Pino: Totalmente.
Interior filtró el 28 de octubre de 2014, según reconoció el propio Jorge Fernández en una conversación con el jefe antifraude catalán, la supuesta cuenta millonaria de Xavier Trias en Suiza. Pero resultó ser falsa, según un comunicado del propio banco. Sobre el dinero suizo de CatDem nunca más se supo.
El 26 de mayo de 2016, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ve la oportunidad de aprovechar un desalojo de okupas en Barcelona para cargar contra uno de los principales dirigentes independentistas, el alcalde Xavier Trias. Y se lo indica al máximo jefe policial.
Martínez: Interesa mover mucho lo de los okupas de Barcelona… especialmente el alquiler que les pagaba Trias cuando era alcalde. ¿Quién nos puede enviar una copia rápida sobre esto? Y sobre okupas y Colau. Le he pedido a Enrique también.
Pino: No te preocupes, ahora mismo me pongo (…). Ya he estado con el notario. Irá a denunciar a las 19 y le hemos ofrecido un barrido y un contacto.
Martínez: Todo lo que tengamos de anarquismo es interesante… y de okupas.
Pino: Corre, que había orden de no detener. Dicen los ‘mossos’.
Martínez: Hay que decirlo.
La Fiscalía de Barcelona abrió de oficio diligencias por malversación contra Trias. La investigación fue archivada.
Director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino.
El 17 de julio de 2016, Pino alerta a Martínez sobre el caso de Victoria Álvarez, la examante de Jordi Pujol Ferrusola que fue confidente de la policía en relación al supuesto blanqueo de capitales de la familia del expresidente catalán. Esta mujer cobraba supuestamente de los fondos reservados de Interior para colaborar con la policía y estaban surgiendo problemas.
Pino: Me dice Gago que Vicky está siendo tocada por ‘Público’, Ekaizer y alguno más para que diga que fue coaccionada. De momento, solo de momento, control por su enlace. El fondo no va a ser entregado si tú no lo ordenas y alguno no puede saberlo. Ekaizer es puro CNI. Habla si quieres con él.
Martínez: La orden de que todo sea como siempre está dada y aceptada.
Cinco días después, Pino le insiste.
Pino: Boni me dice esto sobre pago a confidentes: “He hablado con A. Rodríguez sobre el Melly. Dice que hablará con el SES [Secretario de Estado de Seguridad] que ha debido de dar instrucciones al director en sentido de que se restrinja el gasto.
Martínez: Eso es absolutamente falso. La instrucción es igual que siempre. Y la ha dado el ministro también. Y en particular a la chica. Bayo debería tener esa instrucción.
Pino: Pues no la tiene.
La colaboración de Victoria Álvarez con la policía dio lugar a la causa penal por la que está procesada casi toda la familia Pujol por corrupción.
Podemos obtuvo 69 escaños (tercera fuerza política del Congreso) en las elecciones generales de diciembre de 2015. Unos días después (12 de enero de 2016), determinados medios de comunicación comenzaron a difundir un supuesto informe denominado PISA (por ”Pablo Iglesias S. A.”) no atribuido a la policía pero que, según los mensajes telefónicos incluidos en el sumario del caso Kitchen, se distribuyó desde el Ministerio del Interior.
El informe sostenía que el Gobierno de Irán había financiado la carrera del líder de Podemos. Manos Limpias presentó una denuncia y se archivó. La policía asumió en marzo el documento y lo incorporó en una denuncia ante el Tribunal de Cuentas. Pero este organismo tampoco vio nada delictivo ni ilegal. Solo unas semanas después, Martínez (secretario de Estado de Interior) y Pino (director adjunto de la Policía) hablan sobre nuevas informaciones de fuentes venezolanas contra Podemos.
Pino: Es necesario, según nuestras fuentes, que si ha de darse a la prensa, por interés de la oposición venezolana, que sea El Mundo o EL PAÍS por una plataforma mediática y televisiva. Lo exigen para seguir colaborando.
Martínez: Por eso no habría ningún problema. Descuida. La cuestión es que tengo que despachar el asunto con calma con el ministro…
Pino: Jefe, ya me están ofreciendo la cuenta del Errejón [entonces ‘número dos’ de Podemos]. Pero con la condición hablada esta mañana, que salga en uno de los dos periódicos…
Martínez: Eso no será problema.
Dos días después, Pino escribe a Martínez.
Pino: Las pruebas realizadas en el lugar -Prisa, han dado resultado negativo (sic).
EL PAÍS llegó a publicar un mes después que la Asamblea de Venezuela había iniciado el proceso para investigar la presunta financiación ilegal del Gobierno de Hugo Chávez a Podemos con 7.168.000 euros a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS). El diario Abc precisó en su información de aquellos días que “Errejón firmó el cobro de 401.800 euros de Venezuela para asesorías de CEPS en 2014″. Cuando Pablo Iglesias denunció esta persecución a su partido político, Pino y Martínez pactaron la estrategia a seguir.
Pino: Esto me manda [José Ángel Fuentes] Gago. “Nosotros estamos investigando la denuncia de que estas personas percibieron unos ingresos que constituyen incrementos patrimoniales por presuntos rendimientos del trabajo (porque el exministro de Economía Isea dijo que no sabía si existían los informes por los que se pagaba, que más bien era por discriminación de propaganda política revolucionaria) que no han sido declarados. Eso es lo delictivo y lo investigado. Y lo que ningún juez puede negarse a investigar para no cometer prevaricación. Eso es lo que alguien debería decir que se investiga a unas personas no por formar parte de un partido político sino por no tributar por lo que no han percibido”.
Martínez: Estoy de acuerdo en todo pero debemos dejar que hablen y hablen… Porque acabarán metiendo la pata. Y el argumento de la tributación es bueno para [Eduardo] Inda, etc…
Eduardo Inda, director de okdiario.com
Eduardo Inda es el director de OKdiario, el digital que más informaciones publicó, la mayoría desmentidas, sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos a través de Venezuela. Los cobros de CEPS en Venezuela fueron legales y todas las teorías sobre delitos fiscales de los dirigentes de Podemos resultaron infundadas.
El 30 de mayo de 2016, el director adjunto operativo se dirige al secretario de Estado de Seguridad por WhatsApp y le envía una foto, supuestamente de interés.
Pino: Según la fuente, estos son Zapatero y el asesor económico de Podemos. Foto tomada en el último viaje de Zapatero a Venezuela.
Martínez: De espaldas no se distingue bien. ¿Seguro que es Zapatero?
Pino: La empresa VIU que aparece en el documento es de Monedero.
Martínez: Todo queda en casa.
El 4 de mayo de 2017, OKdiario publicó que “el Gobierno de Nicolás Maduro pagó 272.325 dólares (unos 256.000 euros) a Pablo Iglesias a través de un banco situado en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas”, dos meses después de la fundación de Podemos. La información resultó falsa, desmentida incluso por el Euro Pacific Bank, donde supuestamente se había hecho el ingreso. Solo dos días después, los máximos responsables de Interior hablaban del fiasco.
Pino: Copia del depósito es igual el cheque [sic]. Henry Ramos es el presidente de la Asamblea Nacional venezolana. Están buscando el cheque.
Martínez: Pues mejor, porque empiezan a decir los periodistas que es chungo. Ya lo tiene la fiscal general. Parece que abrirá diligencias. ¿Tú sigues convencido de que es bueno?
Pino: Totalmente. No lo dudes.
La Fiscalía General del Estado nunca abrió diligencias. Una denuncia particular fue archivada en el Tribunal Supremo.
Rafael Isea, exministro venezolano de Economía, declaró ante altos mandos de la policía en el consulado de Nueva York el 12 de abril de 2016. Allí firmó un acta con la que se pretendía armar una causa contra Podemos, a cuyos dirigentes acusó de haber cobrado hasta cuatro millones de euros del régimen venezolano a través de la fundación CEPS.
Tres años después denunció en una entrevista en EL PAÍS que había sido “utilizado para una trama política” y que no se fiaba de los documentos que le mostraron para que validara los pagos a Podemos. “Yo no suelo redactar así. Existe un formato. No decía ‘solicitar recursos’ sino ‘solicitud de recursos’, no usaba el infinitivo. Tampoco el nombre me cuadra. Yo acostumbraba a colocar mi nombre y el cargo completo, ‘ministro del Poder Popular para las Finanzas’, no solo ‘ministro’. Y nunca se ponía en un documento ‘Hugo Chávez Frías’, no se usaba el segundo apellido”.
Para convencerle de que declarara, los policías se comprometieron a sacar de Venezuela a sus familiares y ofrecerles una “nueva vida”. Le dijeron, según contó a EL PAÍS, que su testimonio no se haría público. Sin embargo, el acta con su firma de la declaración apareció en el Abc solo un mes después.
Rafael Isea, ex Min. de Economía de Venezuela.
Cuando Pino leyó en EL PAÍS la denuncia del exministro venezolano, le mandó una copia a través de WhatsApp a Martínez.
Pino: Vaya sinvergüenza que ha resultado ser [el exministro Isea]. Alguien podría pensar que está filtrada por la policía española, pero si nos fijamos bien, cuando la estaba firmando, se le dijo que esa era su copia y que no hacía falta que la firmara, motivo por el que solamente está firmada en dos de las hojas. Luego igual quien la filtra y pone en riesgo su familia es él o a quien se la confió… Ya veremos qué pasa.
Martínez: Es un auténtico sinvergüenza, y su abogado más.
Francisco Martínez y Eugenio Pino se lamentaban en diciembre de 2019 por la causa abierta en la Audiencia Nacional en la que estaban implicados. Martínez, experto jurista, no entendía cómo una operación que se inició por una supuesta batalla política de poder en Guinea Ecuatorial por la que el comisario José Manuel Villarejo extorsionaba a un empresario pudo acabar con un registro en el que se incautaron miles de grabaciones que destaparon más de 20 años de corrupción policial, política y empresarial en España.
Martínez: Si los hechos que motivaron la entrada y registro en la que se incautaron las grabaciones de PPK [Villarejo] fueron los supuestos delitos cometidos en 2013 relacionados con Guinea Ecuatorial, ¿cómo es posible que la Unidad de Asuntos Internos esté informando sobre grabaciones de 2006? El auto de entrada y registro permitía la incautación y análisis de archivos “directamente relacionados” con los hechos investigados. Si los hechos eran de 2013 ¿qué sentido tiene escuchar grabaciones de 2006? En mi opinión, es todo NULO. Si alguien dice que eso no es prospectivo es que no sabe lo que significa esa palabra.
Pino: Vamos a ver, por si lo tienes que utilizar, yo informé a Sanz Roldán [director del CNI] de la existencia de cintas de Corina [Larsen; grabaciones de Villarejo a la examante del rey Juan Carlos donde esta destapaba sus negocios ocultos en el extranjero]. Y a partir de ahí, todo. El resto es una excusa para desviar. Además, le dije dónde estaban las cintas. Lo de Guinea es una excusa. Se buscaban las cintas y le dije yo que tenía copias fuera. Fue una mala actuación de la Casa [el CNI]. Se inventaron un anónimo desde Galicia para implicar a Fiscalía y al ‘broker’ de Guinea para que les denunciara. Ya te contaré. Nuestra actuación fue impecable, legalmente hablando.
Martínez: Eso lo tengo claro. Pero precisamente por eso es todo NULO.
Pino: Ya, pero hay que demostrarlo. El PP no quiso saber nada nunca. Cospe y la pequeña lo acapararon todo. Y Casado no se entera ni se va a enterar nunca.
Martínez: No me hables, me parecen todos infames…
Artículo publicado en elpais.com
