Por Eric Lichtblau
La Casa Blanca bajo la administración del presidente Joe Biden se mantiene a favor de respetar una prensa libre y fuerte, tras cuatro años de ataques constantes a los medios de comunicación con repercusiones legales bajo la presidencia de Donald Trump.
El fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, incluso implementó protecciones ampliadas para los periodistas recientemente, diciendo que “una prensa libre e independiente es vital para el funcionamiento de nuestra democracia”.
Pero la mayor prueba del compromiso de Biden sigue siendo encarcelada en una celda de prisión en Londres, donde el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha estado recluido desde 2019 mientras enfrenta un enjuiciamiento en Estados Unidos en virtud de la Ley de Espionaje, un estatuto de un siglo de antigüedad que nunca antes se había utilizado para publicación de información clasificada.
Si el departamento de justicia de EE.UU. continúa con los cargos de la era Trump contra Assange, cuyo grupo difundió información secreta sobre las guerras en Irak y Afganistán, la Bahía de Guantánamo, la diplomacia estadounidense y la interna demócrata antes de las elecciones de 2016, pasará mucho tiempo determinar si la administración actual tiene la intención de cumplir sus promesas de proteger a la prensa.
Ahora Biden se enfrenta a un impulso renovado, tanto dentro de Estados Unidos como en el extranjero, para abandonar el prolongado enjuiciamiento de Assange.
Cinco importantes organizaciones de medios que confiaron en su tesoro de secretos gubernamentales, incluidos The Guardian y The New York Times, publicaron una carta abierta a principios de este mes diciendo que su acusación “establece un precedente peligroso” y amenaza con socavar la primera enmienda.
Al mismo tiempo, funcionarios en Australia, donde nació y sigue siendo ciudadano Assange, se reunieron con sus homólogos estadounidenses para pedir su liberación. “Mi posición es clara y se le ha dejado clara a la administración estadounidense: es hora de que este asunto se cierre”, dijo el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, al parlamento australiano a fines del mes pasado.
Mientras tanto, en Brasil, el presidente electo Luis Inácio Lula da Silva exigió el fin de lo que llamó el “encarcelamiento injusto” de Assange después de una reunión con los editores de WikiLeaks que presionan por su libertad.
Algunos de los defensores de Assange, que trataron su enjuiciamiento como un pisoteo de la primera enmienda, dicen que son optimistas de que el caso puede haber llegado a un punto de inflexión que finalmente podría conducir a su libertad.
“Este caso es enormemente significativo”, dijo en una entrevista el profesor de derecho de la Universidad de Columbia, Jameel Jaffer, que dirige el Instituto de la Primera Enmienda Knight en la universidad. “Al final del día, me resulta difícil creer que la administración Biden quiera que este caso sea su legado de libertad de prensa, y será su legado si continúan persiguiéndolo. Eso eclipsará todo lo demás en lo que respecta a la libertad de prensa”.
Los funcionarios del Departamento de Justicia no están dando pistas sobre adónde podría conducir eventualmente el enjuiciamiento de Assange, ya que continúa impugnando su extradición a Estados Unidos ante un tribunal de apelaciones británico. El departamento de justicia se negó a comentar sobre todos los llamados externos para abandonar el caso, pero un funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Garland “ha dejado en claro que seguirá la ley donde sea que lo lleve”, como lo ha hecho en otros asuntos políticos.
De toda la presión externa sobre el Departamento de Justicia para que abandone el caso, un factor crítico podría resultar ser las regulaciones internas que Garland anunció en octubre que prohíben el uso de incautaciones de registros y otros pasos de investigación contra “los medios de comunicación que actúan dentro del alcance de las noticias”.
Las nuevas regulaciones surgieron de una revisión de un año que siguió a las frecuentes quejas de las organizaciones de noticias sobre las tácticas intrusivas utilizadas por el Departamento durante la administración de Trump para recopilar los registros de los periodistas y entrometerse en las prácticas de recopilación de noticias en el curso de las investigaciones sobre filtraciones y otros asuntos sensibles.
Una disputa central en el ascenso de Assange a la notoriedad siempre ha sido la cuestión de si debe ser considerado un periodista cubierto por la primera enmienda, como sus defensores han sostenido durante mucho tiempo, o un agente deshonesto que, como dijo una vez el senador republicano de Nebraska, Ben Sasse, era “una salida para la propaganda extranjera y un enemigo del pueblo estadounidense”.
Barry J Pollack, el abogado principal de Assange en EE.UU., le dijo a The Guardian que “las nuevas regulaciones ciertamente piden a gritos que alguien en los niveles más altos del departamento de justicia analice de nuevo esta acusación para ver si es realmente consistente con la nueva política” y determinar “¿es este el tipo de caso que queremos seguir?”
“El momento es propicio para eso”, dijo Pollack.
Chelsea Manning.
Assange ha sido una figura polarizadora en todo el mundo durante más de una década, desde que WikiLeaks comenzó a publicar y, a veces, compartir con los principales medios de comunicación, incluidos The Guardian y The New York Times, millones de páginas de materiales clasificados que había recopilado del gobierno, denunciantes y otras fuentes. Sus defensores lo aplaudieron como un descarado que dice la verdad, mientras que los críticos, a veces dentro de las agencias de inteligencia, lo han atacado por el daño que sostienen que las filtraciones causaron a las operaciones en curso.
Las primeras revelaciones importantes de su grupo en 2010 documentaron abusos militares estadounidenses y pasos en falso en Irak y Afganistán, y cada lote posterior de materiales filtrados, desde cables secretos del departamento de estado hasta herramientas de piratería de la CIA, atrajeron a Assange más notoriedad y atención.
Más allá de las filtraciones masivas, Assange también enfrentaba acusaciones de agresión sexual en Suecia, aunque la investigación finalmente se abandonó porque los fiscales suecos dijeron que la evidencia no era lo suficientemente sólida. Para evitar su captura, se refugió en 2012 en la embajada de Ecuador en Londres en virtud de un acuerdo que le otorgó asilo político. La CIA y la administración Trump estaban tan obsesionados con los secretos que había expuesto que discutieron la posibilidad de secuestrar a Assange de la embajada y asesinarlo, según un informe del año pasado de Yahoo News.
Bajo la dirección de Trump, el Departamento de Justicia presentó por primera vez cargos penales contra Assange en 2019, cuando las autoridades británicas lo arrestaron y sacaron a rastras de la embajada. Assange, luciendo despeinado con una larga barba blanca, gritó: “Esto es ilegal, no me voy”.
Casi dos semanas después de la toma de posesión de Biden en enero de 2021, su Departamento de Justicia pidió repetidamente a los tribunales británicos que renueven la solicitud estadounidense de extradición de Assange. Después de una larga batalla en los tribunales británicos, la entonces ministra del Interior, Priti Patel, aprobó la solicitud de extradición en junio, pero Assange apeló contra esa decisión, argumentando que estaba “siendo procesado y castigado por sus opiniones políticas”.
La mayoría de los 18 cargos presentados contra Assange en la acusación de 2019 se centran en la publicación real en línea de material militar y gubernamental secreto por parte de WikiLeaks, gran parte obtenido de la ex denunciante militar estadounidense Chelsea Manning. Solo uno de los cargos acusa a Assange de trabajar activamente para ayudar a Manning a asegurar la información clasificada. En ese caso, los fiscales acusaron a Assange de ofrecer ayuda a Manning para descifrar la contraseña de un sistema militar clasificado, un intento que fracasó.
Manning finalmente fue sentenciada a 35 años de prisión por filtrar secretos gubernamentales antes de que el presidente Barack Obama conmutara el resto de su sentencia en 2017. En una audiencia de corte marcial en 2013, Manning insistió en que WikiLeaks nunca la presionó para confiscar material secreto de los sistemas informáticos militares. “Las decisiones que tomé para enviar documentos e información a (WikiLeaks) y al sitio web fueron decisiones mías y asumo toda la responsabilidad por mis acciones”, dijo Manning.
Los cargos contra Assange por obtener y publicar información clasificada, sin ningún papel activo en el robo real, marcan “el cruce de un rubicón legal”, dijo Jaffer en la Universidad de Columbia. Ese es un umbral legal siniestro, dijo, para Assange y todos los periodistas.
“Es la primera vez que el gobierno de EE.UU. usa la Ley de Espionaje para perseguir a un editor y las implicaciones son enormes”, dijo Jaffer. Assange “ha sido acusado de actividades en las que los periodistas participan todos los días y que tienen que participar todos los días para informar al público. Esto tendría implicaciones dramáticas para el periodismo”.
