Por Stanley Luna-
La filtración de una base de datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) a la que accedieron los equipos periodísticos de las plataformas Nicaragua Investiga y Connectas reveló que el Gobierno de Nicaragua destina cuatro millones de dólares anuales para financiar a más de mil espías, entre los cuales se encuentran funcionarios públicos de diferentes instituciones estatales y un militante señalado de crímenes de lesa humanidad.
Desde 2006, Nicaragua es gobernada por la pareja Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las organizaciones de sociedad civil y los organismos internacionales han acusado a las Fuerzas Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido fundado por la exguerrilla, de haber cometido fraudes para llegar al poder. En abril de 2018, una reforma al sistema previsional originó una crisis social que terminó en protestas con muertos y que condujo a una represión prolongada, provocando el exilio de al menos el 10 % de habitantes, en una población conformada por 6 millones de personas. Periodistas, activistas, líderes de oposición, literatos y voces críticas a Ortega y Murillo están fuera del país, algunos incluso han sido desnacionalizados.
De acuerdo con la investigación, las FSLN figuran inscritas como beneficiarias dentro del INSS con una planilla de 1,081 trabajadores, y con un domicilio cercano a la Casa Presidencial y a la residencia privada de Ortega y Murillo.
Estos “trabajadores”, de los cuales el partido no explica sus labores, reciben entre 250 y 2,900 dólares —córdobas, en moneda nicaragüense— a cambio de delatar a opositores políticos. Además, cotizan para recibir atención médica y una pensión a futuro. El 8 % tiene algún cargo en la función pública y 50 de ellos son secretarios políticos del partido oficialista, según la investigación.
En un cruce de datos, de un total de 120 mil empleados públicos reportados por el Gobierno en 2020, los periodistas identificaron que 82 son militantes de las FSLN y trabajan en instituciones estatales como alcaldías y los ministerios de Salud, Educación y Economía. Es decir que cobran doble salario, uno como funcionarios públicos y otro como espías, lo que ante la legislación nicaragüense se considera un delito que podría encuadrar dentro del peculado.
Las FSLN también cuentan con Consejos de Poder Ciudadano, instancias comunitarias que controlan el accionar de los ciudadanos. En el reportaje, los periodistas retoman el testimonio de un hombre que fue obligado a afiliarse al partido y que lo hizo por temor a ser fichado como un opositor de Ortega y Murillo.
Aunque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló en un reciente informe que el Gobierno nicaragüense utiliza los ministerios y las alcaldías para labores de espionaje, esta filtración periodística es la primera que corrobora con documentos oficiales que Ortega y Murillo disponen de civiles camuflados de espías. “A pesar de no ocupar altos cargos, su poder es inmenso y se ejerce a través del control social, operando como una red de vigilancia, monitoreando y recopilando información de los ciudadanos en cada comunidad”, sostienen los periodistas.
Entre los casos más emblemáticos recabados en la investigación se encuentran los de Evertz Delgadillo Moreno, ex secretario político de León, una de las ciudades más importantes del país, que recibe de parte del partido 1,174 dólares. En 2018, Delgadillo fue acusado por la ONU de crímenes de lesa humanidad en el marco de las protestas contra el Gobierno. Mientras que John of God Matamoros Acuña, mano derecha del secretario general de la alcaldía de Managua, la capital, recibe lo equivalente a 1,470 dólares por su cargo como funcionario público y otros 45 dólares por sus labores de espionaje.
Un país pobre, un partido millonario
Nicaragua es el segundo país más pobre de Latinoamérica, sin embargo, los balances financieros de las FSLN, publicados en diciembre de 2024, dan cuenta que este partido recibe ingresos millonarios. El año pasado reportó el equivalente a 14 millones de dólares. Mientras que el periódico nicaragüense Confidencial estima que, por su participación en las elecciones desde 2006 hasta 2021, al partido han ingresado unos 60.3 millones de dólares.
El equipo de periodistas de Nicaragua Investiga y Connectas identificó que otra de las formas de financiamiento de las FSLN es la exigencia de una cuota mensual a los empleados públicos. Si ellos no pagan el monto establecido, son sancionados con una multa. Los montos que el partido les impone varían según el rubro, pero en el Órgano Judicial, por ejemplo, van desde uno hasta 14 dólares. Además, el partido les descuenta el 1 % para destinarlo a los sindicatos y otras contribuciones como festejos.
