Las nuevas filtraciones extraídas del respaldo del WhatsApp del exministro de Justicia César Siles siguen sacudiendo a la política boliviana. En este nuevo capítulo, el material —más de 12 GB de documentos, chats y audios— implica directamente al presidente Luis Arce Catacora en una operación destinada a proscribir la candidatura de Evo Morales para las elecciones de 2025.
Entre los mensajes recuperados por el medio boliviano Diario Red, figura un intercambio del 13 de marzo de 2025 entre Siles, hoy detenido, y un número que, según la investigación, pertenece al propio Arce (+59172001400). En el diálogo, Siles informa al presidente sobre un error en la transferencia de USD 30.000 que su esposa, Lourdes Brígida Durán Romero, había enviado desde una cuenta en un banco de Panamá al vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Tahuichi Quispe.
La transferencia presentaba dos irregularidades claves: el nombre del destinatario estaba mal escrito como “Tauchi Tauchi Quispe”, y la emisora figuraba con un tercer apellido —“Rocha”— que no coincide con su documentación oficial. Tras revisar el comprobante enviado por Siles, Arce responde de forma explícita: “Esta transferencia está errónea (…) Le comunicaré a Lourdes”, confirmando no solo su conocimiento del envío, sino también su participación activa en su corrección.
Transferencias, contratos y contactos judiciales
El conjunto de archivos incluye otros documentos relevantes, como “TRANSFERENCIA 30000 DOLARES(1).docx”, “1. Acuerdo.docx” y “Contrato Litio CBCH.docx”, todos compartidos entre Siles y Arce en las semanas previas a la aparición pública del escándalo. También se identifica la figura del Dr. Manuel Bautista, presidente del Consejo de la Magistratura, cuyo contacto fue reenviado por Arce a Siles, en un intento por articular decisiones judiciales que acompañen la estrategia política.
Conversación entre el presidente Arce y el exministro César Siles
Según los expertos consultados por Diario Red, estas pruebas refuerzan la hipótesis de un operativo articulado desde el poder Ejecutivo para asegurar la inhabilitación de Evo Morales en 2025, vulnerando el principio de independencia de poderes. La maniobra se habría ejecutado mediante pagos encubiertos, alianzas con vocales electorales y respaldo desde el aparato judicial.
Transferencia equivocada
En uno de los intercambios más comprometedores, Arce escribe: “Detubieron (sic) a Claudia Castro”, en alusión a la fiscal vinculada al caso por el que Siles está procesado, acusado de liderar un Consorcio de Jueces y Fiscales. El audio que originó esta causa ya había mostrado cómo el exministro impartía instrucciones a magistrados para dictar fallos convenientes al Ejecutivo, asegurando que contaban con cobertura “al más alto nivel”.
Evo, el factor incómodo
La figura de Evo Morales sigue generando tensión dentro del oficialismo boliviano. Desde que anunció su intención de competir nuevamente por la presidencia, el entorno de Arce —exministro de Economía durante el mandato de Morales y actual presidente bajo la sigla del MAS— ha activado mecanismos para bloquear esa posibilidad. Las filtraciones dan cuenta de una puja interna sin precedentes, donde las lealtades se redefinen en función del control electoral.
El vocal Tahuichi Quispe, receptor de la transferencia en cuestión, ha sido señalado en otros casos por su cercanía a sectores del Gobierno. Aunque todavía no emitió declaraciones sobre estas nuevas revelaciones, su nombre vuelve a aparecer en un contexto delicado que podría derivar en investigaciones judiciales tanto en Bolivia como en Panamá, por el uso de mecanismos financieros para influir en decisiones institucionales.
Por el momento, ni Arce ni su esposa Lourdes Durán han hecho comentarios públicos sobre el contenido de las filtraciones. La fiscalía boliviana, en cambio, ha guardado silencio, pese a los pedidos de organizaciones civiles que reclaman transparencia y explicaciones sobre el posible uso de fondos opacos para interferir en el proceso electoral.
En paralelo, Evo Morales y su círculo más cercano han acusado directamente al Gobierno de “instrumentalizar el aparato del Estado” para evitar su retorno al poder. El expresidente sostiene que la inhabilitación fue planificada y ejecutada con apoyo internacional y promete avanzar con denuncias ante organismos multilaterales.
El caso continúa abierto y promete más revelaciones. Las próximas semanas podrían ser cruciales no solo para el futuro judicial de varios actores implicados, sino también para el equilibrio institucional de Bolivia, que ya enfrenta un escenario polarizado de cara a las elecciones de 2025.
