La asesora jurídica del Ministerio de Justicia, Yael Kutik, concluyó este jueves que la fiscal General Gali Baharav-Miara tiene un conflicto de intereses en el caso de la exfiscal jefe de las FDI Yifat Tomer-Yerushalmi, quien filtró a la prensa un video de soldados israelíes torturando y abusando sexualmente de un prisionero palestino en la cárcel de Sde Teiman, en 2024.
La opinión de Kutik sugiere además que la propia Baharav-Miara podría enfrentar una investigación o interrogatorio en relación con el caso.
La postura del asesor jurídico complica la situación de Baharav-Miara, quien inicialmente tenía la intención de supervisar la investigación. Según Kutik, la fiscal general carece de autoridad para participar en la supervisión de la investigación debido a la posible superposición con su propio papel en la supervisión de una investigación anterior en una fuga.
Kutik también señaló que el fiscal general adjunto para funciones especiales, que había supervisado la investigación de la filtración en nombre de Baharav-Miara, también debe dar un paso atrás.
La opinión legal de Kutik ha llevado a Baharav-Miara a solicitar una prórroga al Tribunal Superior de Justicia, lo que le da más tiempo para responder a las peticiones que exigen que se recuse de la investigación. El juez Noam Sohlberg concedió la prórroga.
Fiscal General, Gali Baharav-Miara.
El Ministerio de Justicia aconseja a la fiscal general abstenerse de supervisar la investigación
Inicialmente, Baharav-Miara había planeado argumentar que tenía pleno derecho a seguir supervisando la investigación. Sin embargo, el asesoramiento legal de Kutik la ha obligado a reconsiderarlo. Fuentes ahora sugieren que se inclina por alejarse de la investigación, reconociendo la posibilidad de «inclinar la cabeza» ante los desafíos legales.
“En esta etapa, la fiscal general debe abstenerse de participar en la supervisión o control de la investigación en curso debido a la posible conexión entre esta investigación y el proceso de examen de la filtración que ella había sido responsable de supervisar. Se requiere una conclusión similar para el fiscal general adjunto (funciones especiales), quien supervisó el proceso de examen en nombre del fiscal general”
Kutik enfatizó que este enfoque cauteloso no tenía como objetivo cuestionar la conducta de Baharav-Miara, sino más bien garantizar la independencia de la investigación, aunque sólo fuera en aras de las apariencias. También señaló que sigue siendo posible que se exija al fiscal general que testifique o responda preguntas en relación con el caso.
En respuesta, los peticionarios que cuestionaron la participación de Baharav-Miara –la Organización Levai y el diputado Avichai Boaron– emitieron una declaración acogiendo con satisfacción la opinión legal de Kutik.
“Felicitamos a la asesora jurídica del Ministerio de Justicia por su postura”, afirmaron. “Las acciones de la fiscal General Gali Baharav-Miara en esta investigación no sólo han contaminado el proceso sino que han llevado a la destrucción de pruebas clave, obstruido procedimientos legales críticos y creado una situación mucho más grave que cualquier cosa que Israel haya visto en el pasado. Esta es la versión israelí del caso ‘Autobús 300’, donde se presentaron declaraciones juradas falsas y testimonios engañosos ante la Corte Suprema, paralizando los procedimientos legales.”
“La opinión de la asesora jurídica ahora faculta al poder judicial a intervenir con pleno conocimiento», comentó el diputado Moshe Saada. «Hay que detener a la fiscal general y llevar a cabo una investigación completa sobre sus acciones. Las señales son claras: ella está protegiendo una empresa criminal. Todos los indicios sugieren que ella es cómplice.”
El Ejecutivo israelí acusa a la fiscal General de abusar de su poder y de obstruir el trabajo del gabinete, pero sus defensores denuncian que el primer ministro intenta reemplazarla por una figura más complaciente para escabullirse de los procesos judiciales que se enfrenta por corrupción y que, en este contexto, Baharav-Miara es uno de los últimos bastiones de la independencia judicial en Israel.
La filtradora
La mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi renunció a su cargo como Abogada Militar General de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) la semana pasada, manifestando que asumía la responsabilidad total por la divulgación del video que mostraba cómo soldados israelíes abusaban y torturaban a un prisionero palestino en la cárcel israelí de Sde Teiman, en 2024.
El domingo, la historia dio un giro más cuando la abogada fue reportada como desaparecida, lo que llevó a que la policía pusiera en marcha un operativo de búsqueda de varias horas en una playa al norte de Tel Aviv.
Posteriormente, fue encontrada viva y en buen estado, informó la policía, pero fue detenida.
La semana pasada, se abrió una investigación criminal sobre la filtración del video y Tomer-Yerushalmi fue dada de baja mientras se realizaba dicha investigación.
El viernes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que no se le permitiría regresar a su cargo y poco después de eso, la abogada militar renunció.
En su carta de renuncia Tomer-Yerushalmi escribió: «Autoricé la divulgación del material a los medios en un intento de contrarrestar la propaganda falsa contra las autoridades policiales del ejército».
Eso es en referencia a los intentos de algunos políticos de derecha en Israel que sostienen que las acusaciones de abuso severo sobre el palestino detenido habían sido inventadas.
La exabogada militar añadió: «Es nuestro deber investigar cada vez que haya una sospecha razonable de actos de violencia contra un detenido».
Después de su renuncia, el ministro Katz emitió una virulenta condena de su conducta. «Quienquiera que disemine libelos de sangre contra las tropas de las FDI no es apta para vestir el uniforme del ejército», declaró.
Con información de The Jerusalem Post y BBC.
