Una filtración reciente ha expuesto un acuerdo confidencial entre Pete Hegseth —hoy Secretario de Defensa de EE.UU.— y funcionarios qataríes para transferir a Donald Trump un Boeing 747‑8 de lujo, presentado como un “regalo” sin costo. Según documentos revelados por The Daily Beast, el jet fue ofrecido por Qatar al Departamento de Defensa de EE.UU. mediante un memorando de entendimiento firmado por Hegseth, en el cual se afirma que la donación es “incondicional” y realizada sin esperar nada a cambio.
El documento indica que el avión, valorado en unos 400 millones de dólares, sería utilizado como avión presidencial interino (Air Force One) y posteriormente transferido a la fundación del museo presidencial de Trump tras su mandato. El memo especifica que “no se interpretará como soborno ni práctica corrupta” y que no está vinculado a decisiones gubernamentales.
Los críticos denuncian que costos adicionales para acondicionar el avión a estándares presidenciales podrían superar los 1 000 millones de dólares, lo cual implicaría gastos excesivos y justificaría la reprogramación de fondos del programa Sentinel de modernización nuclear hacia esta obra aérea, algo que ya ocurrió según expertos. De hecho, parte del financiamiento provino del programa Sentinel, cuya asignación original se estimaba en 77 000 millones y que ha escalado por sobre 160 000 millones en sobrecostes (The Daily Beast, AeroTime).
Además, los documentos filtrados revelan comunicaciones internas en Fox News y en círculos del dólar qatarí, donde se discutió la urgencia de cerrar el trato antes de eventos convocados por Trump, garantizando que no quedaran registros comprometidos (Yahoo, AeroTime). Se utilizó secreto operativo para que la operación pasara desapercibida a observadores públicos o reguladores.
El Pentágono aceptó formalmente el donativo en mayo de 2025 y, aunque insiste en que se siguieron las normas federales, el caso ha sido calificado por legisladores como una posible violación a la Cláusula de Emolumentos de la Constitución de EE.UU., que prohíbe que funcionarios reciban regalos de gobiernos extranjeros sin aprobación del Congreso (The Washington Post).
El proceso de remodelación incluye mejoras complejas de seguridad y equipamiento presidencial. Aunque el costo oficial es de unos 400 millones de dólares, técnicos y analistas estiman que el verdadero precio final superará los mil millones, con trabajos que podrían extenderse durante años (Business Insider, News.com.au).
Paralelamente, se presentó en julio de 2025 una demanda judicial para exigir la liberación del memo legal elaborado por la ex fiscal general Pam Bondi —quien alguna vez fue abogada de Qatar— que avala la legalidad del regalo. Los demandantes sostienen que el memorando fue retenido a pesar de una solicitud FOIA acelerada, y critican el secretismo del proceso (The Guardian).
Diversas voces políticas han condenado lo sucedido. Desde figuras demócratas como la senadora Tammy Duckworth hasta republicanos como Rand Paul y Chris Murphy, advirtieron que el regalo representa un quid pro quo encubierto. Se afirma que Trump y su familia mantienen fuertes lazos comerciales con Qatar, incluyendo proyectos millonarios en Doha, lo que alimenta sospechas de conflicto de interés.
