Sostiene que no hay indicios: «¿Qué tipo de organización criminal es esta que no tiene ni evidencias de espionaje?»
David Morales, presidente de la empresa de consultoría militar UC Global, ha pedido al juez Santiago Pedraz que revoque la decisión de sentarlo en el banquillo por presuntamente espiar al fundador de WikiLeaks y activista, Julian Assange, porque existen «totales contradicciones entre los escritos de acusación de Assange y el acta de manifestaciones de los testigos protegidos».
La defensa de Morales ha realizado esta solicitud a través de un recurso de apelación presentado ante la Audiencia Nacional, al que ha accedido Europa Press. La decisión de Pedraz la han recurrido tanto Morales como Michel Wallemacq, responsable de operaciones de UC Global, y la propia empresa, que se encargaba de la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres entre 2015 y 2018, mientras Assange se encontraba asilado allí.
El recurso señala que la acusación se apoya en «una interpretación sesgada de documentos corporativos de UC Global» y en «supuestas conexiones con agencias estadounidenses sin evidencia documental». Por ello, la defensa de Morales alega que el auto «imputa de forma genérica a UC Global y a los acusados supuestas tareas de ‘espionaje’ sin concretar quién las ordenó, ejecutó o financió».
«¿Qué tipo de organización criminal es esta que no tiene ni evidencias de espionaje, ni mandante, ni mandato, ni contraprestación de ningún tipo?», se pregunta la defensa en el recurso y reitera que «no hay indicios de delito» en los dispositivos informáticos incautados a Morales.
Además, el escrito explica que existen «totales contradicciones» entre la acusación de Assange y el acta de manifestaciones de los testigos. En concreto, explica que hay «divergencias temporales», «inconsistencias técnicas«, «falta de corroboración» de la existencia de archivos de audio o vídeo sobre Assange, «evolución declarativa» y «contradicciones internas».
Por ello, el recurso asevera que «ha quedado acreditado» que los tres testigos protegidos «firmaron unas manifestaciones preparadas por los letrados de J. Assange, que ni ellos mismos entendían ni pudieron corroborar con hechos».
MORALES, «MÁXIMA AUTORIDAD» DE LA EMPRESA En el auto donde proponía juzgar a Morales, Wallemacq y su empresa, Pedraz señaló que la empresa, con el exmilitar como gerente y «máxima autoridad», fue contratada por Ecuador como consecuencia de la «sensible situación» que se vivía con el asilo concedido a Assange, acusado de espionaje por las autoridades de Estados Unidos por difundir miles de documentos oficiales y secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán a través de su portal web.
El juez acordó llevar a juicio a Morales por presuntamente espiar al activista durante su asilo en la sede diplomática, unos hechos por lo que la Fiscalía reclama que sea condenado a 13 años y 6 meses de prisión. En el auto de apertura de juicio oral, al que tuvo acceso Europa Press, Pedraz le acusó de presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, tenencia ilícita de armas, organización criminal y blanqueo de capitales. Para Wallemacq, el Ministerio Público pide tres años y seis meses de prisión.
Según el escrito, Morales dio en 2017 la orden para que se instalaran nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones «confidenciales» que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con personalidades como el abogado Baltasar Garzón, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias o los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) y José Mujica (Uruguay).
Crédito Europa Press.
