Por Guillermo Collini-
La causa que investiga coimas y sobreprecios en la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dejó de estar en manos del juez federal Sebastián Casanello, quien hace dos días procesó al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y a otras 18 personas, y pasó a estar a cargo de su colega Ariel Lijo.
Casanello se desempeñaba como juez subrogante en el juzgado 11 de Comodoro Py, tras el fallecimiento de su titular Claudio Bonadío, y dejó el cargo luego del proceamiento y los embargos millonarios a los señalados en la causa ANDIS. Este miércoles, por sorteo, pasó a ocupar su lugar el juez federal Ariel Lijo, quien en febrero de 2025 había sido designado por decreto de Javier Milei para ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque finalmente no accedió al cargo.
Cabe señalar que la causa se originó a partir de la filtración a la prensa de unos audios supuestamente atribuidos al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en donde detalla un esquema de coimas, licitaciones direccionadas y sobreprecios en la compra de medicamentos para el organismo de discapacidad.
En el camino de las coimas, el abogado también nombra a la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente de la Nación, Karina Milei, y Eduardo Lule Menem, quien se desempeña como Subsecretario de Gestión Institucional de la cartera al mando de Karina. Ninguno de ellos fue citado a declarar aún.
Siendo que es una causa tan sensible para el gobierno, que podría tocar de cerca a los hermanos presidenciales en una causa por coimas y sobreprecios en la compra de medicamentos para personas con discapacidad, al menos llama la atención el cambio de magistrado por uno que supo tener la simpatía de los libertarios.
Antes de dejar la causa, Casanello procesó a Spagnuolo y lo señaló como el supuesto jefe de una asociación ilícita, por negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada; cohecho y le ordenó un embargo por 200 millones de pesos.
También procesó al exnúmero dos de la ANDIS, Daniel María Garbellini, por asociación ilícita; defraudación contra la administración pública; cohecho; y negociaciones incompatibles. La misma suerte le tocó a Miguel Ángel Calvete y a Pablo Atchabahian, (señalados en la causa como nexo entre el organismo gubernamental y los cuestionadas droguerías) por los delitos de asociación ilícita; defraudación contra la administración pública; y cohecho.
En total son 19 los procesados por Casanello, entre los que también se encuentra Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel, por los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.
